En una noticia de El País de José María Brunet, 26/07/2021, el Tribunal Constitucional planea abordar la deliberación de la sentencia sobre la ley del aborto, pendiente desde hace 11 años, según indican a EL PAÍS fuentes de la institución. El retraso en resolver este asunto ha sido denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por exdiputados del PP, que firmaron hace 11 años el recurso contra la ley de plazos —vigente en la actualidad— que permite abortar sin alegar razón alguna dentro de las primeras 14 semanas de gestación. La Asociación de Abogados Cristianos también presentó en el Supremo una querella por “retardo malicioso” contra el magistrado Andrés Ollero, exdiputado del PP y encargado de redactar la ponencia de la futura sentencia. Esta querella y la demanda ante el Tribunal Europeo han provocado que el Constitucional estudie ahora reactivar la tramitación del recurso para dictar una sentencia.

Aprovecho el tirón para decir que, lo que hoy está ocurriendo, en cuanto a pretender desconocer la calidad de persona al concebido y de manera más amplia al no nacido, es lo mismo que sucedió antes con la esclavitud o a propósito de los campos de concentración. En ambos casos, y con diversos argumentos, se procedió a desconocer arbitrariamente el carácter de persona de los afectados. Esto significa, en el fondo, que, al negarse su calidad de persona, estos seres humanos fueron asimilados a cosas, o si se prefiere, dejaron de ser considerados sujetos de derechos para transformarse en objetos de derecho, con lo que de paso se les arrebataron sus prerrogativas, para satisfacer los intereses de otros.

Es esto lo que nos demuestra que una de las grandes divisiones que podemos reconocer en la realidad es aquella diferencia excluyente entre los seres que son persona y los que no lo son. Por eso lo que no es una persona es una cosa, al punto que es imposible que las cosas se transformen en personas, ni las personas en cosas:

“Una persona es, por lo tanto, no simplemente ‘algo’, sino ‘alguien’. Alguien nunca es algo. Ser ‘alguien’ no es una propiedad de algo, no es la propiedad de una cosa o de un ser orgánico que también podría ser adecuadamente descrito con tales y cuales características, en términos no personales. Más bien, identificamos claramente y desde el principio, ya sea a alguien o algo. O, dicho de otro modo, identificamos a un ejemplar de la especie homo sapiens desde el principio, y sin consideración alguna de características factualmente poseídas, es decir, como a alguien, y, por ende, como a una persona. Este es un punto de importancia decisiva”.

Además, la persona surge desde la propia concepción y no cuando aflora alguna de sus características, como se pretende hoy, al separar artificialmente de la noción de ser humano y de persona. Por eso en la calidad de persona se da una relación de tipo todo nada: o se adquiere desde el primer instante o no se adquirirá jamás.

Los derechos humanos se inspiran en la igualdad esencial que existe entre los hombres, razón por la cual abominan de las discriminaciones arbitrarias por diversos motivos (raza, color, religión, sexo, posición social, etc.), precisamente por considerar que son elementos accidentales que no desdicen de lo esencial del ser humano. Por eso para intentar encontrar solución a varios problemas actuales, la ley natural se presenta como fundamental, para que ellos no queden entregados a las mayorías y a los poderosos:

“Lo que está en juego es precisamente el reconocimiento de la universalidad de los derechos, y de la común naturaleza humana que les sirve de fundamento. Negar la universalidad de los derechos, anteponiendo la libertad y el bienestar de unos a la vida de otros, precisamente de los débiles, equivale a negar la igualdad y a introducir diversas categorías entre los seres humanos”.

Además, si de verdad no existieran derechos humanos objetivos, éstas y otras conductas (como la pedofilia o el terrorismo, por ejemplo) no nos llamarían la atención. Por eso, si no queremos repetir la historia ni, de paso, destruir la verdadera noción de derechos humanos, debemos ser consecuentes con ellos y respetarlos siempre, guste o no, convenga o no a nuestros intereses particulares o colectivos. Es por eso que existe un núcleo de juridicidad, un quid de valores básicos indisponible, o si se prefiere, que debemos razonablemente reconocer: una mínima racionalidad ética, única forma de encontrar y proteger eficazmente los derechos humanos, partiendo por el derecho a conservar la propia vida.

En caso contrario, se tratará de privilegios humanos o de simples ‘edictos de tolerancia revocables’:

“unos derechos que se tienen sólo en la medida no se considere útil violarlos, no pueden ser llamados ‘derechos’ sino muy impropiamente; cuando se habla de ‘derechos’ se hace referencia a una cierta exigencia, a un poder que se tiene sobre algo o para algo, a una ‘fuerza’ que impone una restricción o una exigencia al obrar de los otros; en este caso ello no se da, ya que sólo habrán de ser respetados cuando resulte inútil violarlos o cuando se siga alguna utilidad de observarlos. Dicho en palabras más breves, nos encontraríamos frente a una mera concesión graciosa, que se respeta cuando conviene y se desprecia cuando deja de ser ventajosa. Y todo esto a pesar de los alambicados artificios que realizan los utilitaristas para obviar esta consecuencia”.

Y dentro de estos derechos, la vida se presenta como un bien superior que no debe condicionarse de manera alguna, porque, como se ha dicho, el sujeto puede sobrevivir sin otros derechos, mas no sin ella, al punto que, en estricto rigor, es su propia vida. De ahí que “El derecho a la vida concierne a la sustancialidad de la persona, mientras que los otros hacen más bien al libre desarrollo de la personalidad”.

Además, si lo pensamos bien, todos hemos pasado por las mismas etapas de la existencia, o si se prefiere, nadie sin excepción ha dejado de ser embrión:

“No hemos de olvidar que ninguno de nosotros habría llegado a desarrollar su humanidad si no hubiera recibido desde el principio un voto de confianza, si no nos hubieran tratado como seres humanos desde el primer instante de nuestra existencia y luego, durante la primera infancia. Ese voto de confianza no puede verse, sin embargo, como un privilegio que dispensamos graciosamente a algunos y negamos por capricho a otros, sino como un derecho que hemos de reconocer a todo hombre por el solo hecho de ser humano”.

Sin el hombre, el fenómeno jurídico no tendría sentido y ni siquiera podría existir. Esto resulta fundamental, porque el Derecho tiene un ineludible papel civilizador:

“El Derecho no es un instrumento técnico de ingeniería social, a sueldo de cualquier modificación de las costumbres o de las prácticas a las que debiera plegarse ineluctablemente para satisfacer todos los intereses o deseos particulares. El Derecho es, por esencia y, ante todo, una instancia de valoración de los hechos”.

Es por lo mismo que el Derecho debe tener una raigambre racional fruto de reconocer una objetividad ética, para no depender sólo del capricho, a fin de cuentas. De ahí que tal vez “la señal más preocupante de la decadencia del derecho sea que la práctica jurídica se vaya despojando de razones para dar paso a las voluntades, del legislador o del que estipula un contrato”.

Por todo lo anterior son necesarios ciertos absolutos morales, cuya vulneración resulte siempre inaceptable, lo cual obliga a reconocer, como se ha dicho, un mínimo estatuto racional para la ética, como precisamente busca la teoría clásica de la ley natural. En caso contrario, la discusión ética y jurídica no tiene sentido, y en el fondo, equivalen a engañarnos a nosotros mismos.

*Teniente coronel de Infantería (R) y doctor por la Universidad de Salamanca.