El Tribunal General de la UE ha decidido hoy que revocar una decisión anterior por la que el ex president Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí recuperaron de manera cautelar su inmunidad derivada de su condición de eurodiputados. El pasado 9 de marzo, el Parlamento Europeo suspendió la inmunidad de los políticos independentistas tras una votación en el pleno de la Eurocámara. Desde entonces los políticos independentistas siguen ocupando su escaño en el hemiciclo europeo y participando de la actividad parlamentaria con total normalidad a la espera de que los tribunales belgas se pronuncien sobre la reactivación de la euroorden. Antes de que esto ocurra, el Tribunal Supremo ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE su veredicto sobre el alcance de la inmunidad, ante el peligro de que Bélgica rechace la extradición.

A pesar de que a todos los efectos Puigdemont y el resto de los consellers siguen ejerciendo como eurodiputados, el levantamiento de la inmunidad implica que cualquier desplazamiento fuera de las fronteras belgas puede suponer su detención si España decide emitir una nueva euroorden. Hasta ahora, las restricciones impuestas por la pandemia no hacían aconsejables los viajes y el trabajo parlamentario de los eurodiputados no se había visto alterado por esta circunstancia. Aunque el Parlamento Europeo tiene una doble sede en Bruselas y Estrasburgo, la Eurocámara ha celebrado durante todos estos meses todas las sesiones por vía telemática hasta que en el mes de junio decidió poner en marcha un sistema híbrido en el que los eurodiputados que así lo desean se desplazan a la ciudad francesa.

El pasado 26 de mayo, tras conocerse la paulatina vuelta a la normalidad, los letrados de los políticos independentistas pidieron estas medidas provisionales ante “un riesgo real e inminente de que puedan ser detenidos y encarcelados con arreglo a las decisiones del Parlamento, lo que les impediría representar a los ciudadanos de la Unión durante el resto de su mandato”. Según este escrito, los políticos independentistas “estiman que ello podría causarles un prejuicio grave e irreparable y que su probable detención o limitación de su libertad de circulación vulneraría su derecho a desempeñar sus funciones de diputados europeos”.

El pasado 2 de junio, el vicepresidente del Tribunal General decidió devolver de manera temporal esta inmunidad, a la espera de estudiar el caso con mayor profundidad. Hoy, el mismo letrado ha decidido enmendar su decisión al entender, que “la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de este permanece jurídicamente intacta. En consecuencia, pueden desplazarse para asistir a las reuniones del Parlamento y no pueden invocar válidamente, para acreditar la existencia de un perjuicio grave e irreparable, un supuesto riesgo de ser detenidos, concretamente en Francia, con ocasión de un desplazamiento para participar en una sesión parlamentaria en Estrasburgo o para regresar de esta”.

Además según la justicia europea, los eurodiputados no han podido demostrar que su detención puede ser “inminente” ni por parte de las autoridades belgas ni por parte de las españolas ya que “habiéndose suspendido el proceso penal de que se trata mediante esta petición, la ejecución de las órdenes de detención europeas también ha sido suspendida, como ha indicado España” a la espera del fallo del Tribunal de Justicia de la UE.