El abogado cordobés Luis Espinosa ha presentado una demanda, contra la Consejería de Salud y Consumo de Baleares, por “vulneración de derechos fundamentales” de diez ex alumnos del IES Góngora de Córdoba, para los que reclama una indemnización de 50.000 euros, a razón de 5.000 euros para cada uno.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Espinosa ha recordado que a dichos jóvenes cordobeses, que en su mayoría son “mayores de edad” y que ya han concluido sus estudios de Bachillerato en el citado instituto, se les retuvo el pasado junio contra su voluntad, en el marco de un macrobrote de Covid-19, en un hotel de Mallorca, junto a decenas de estudiantes de varias comunidades que estaban de viaje de fin de curso en dicha isla, a pesar de que dichos jóvenes cordobeses “habían dado negativo” en los test del coronavirus que se les hicieron.

Por ello y según ha explicado el citado letrado cordobés, que es padre de uno de estos alumnos, ha presentado la citada demanda, por vulnerar los derechos fundamentales de libertad personal, libre residencia y circulación de los jóvenes estudiantes cordobeses, tomando también como base las resoluciones judiciales ya adoptadas en Baleares contra el confinamiento obligado de los estudiantes, y después, según ha avanzado ‘Diario Córdoba’, de haberse admitido a trámite el recurso que presentó Espinosa en defensa de los derechos de los jóvenes cordobeses.

En su demanda se aduce la mencionada vulneración de los derechos de libertad personal, libre residencia y circulación, “en tanto que no se han dado circunstancias ni razones ni resolución administrativa que ampare que los demandantes hayan estado privados de su libertad personal, encerrados de forma forzosa y custodiados por fuerzas del orden público durante seis días”.

Además, la demanda señala, igualmente, que la Consejería de Salud cometió abuso de poder con un grupo de alumnos que habían dado negativo en los test del Covid que se les realizaron y que llegaron “a una ciudad sin ley” que les llevó “directamente a una pesadilla”.

Junto a ello, la demanda relata que la Administración autonómica balear, a la que se acusa de “permisividad y pasividad” ante hechos ocurridos con anterioridad a la llegada de este grupo a Mallorca, comprobó el error cometido semanas atrás “haciendo pagar a justos por pecadores y señalando con el dedo y arrollando sin decoro los más elementales derechos de los jóvenes”, queriéndose amparar después “en una resolución fallida y falta de la más elemental base de hechos y sin fundamento jurídico que la justificase”.

En consecuencia, considera el abogado cordobés, en la demanda presentada en nombre de los diez jóvenes, que la actuación administrativa “ha superado con creces los criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad para restringir los derechos”.

En base a todo ello, los demandantes reclaman a la Consejería de Salud de Baleares la citada indemnización para cada uno de ellos de 5.000 euros, por los daños económicos causados (actividades sufragadas y no realizadas y el viaje de vuelta), y por los daños morales, al privarles del disfrute de sus derechos y someterlos a una presión y a un trato discriminatorio. La cifra de la indemnización se deja, en todo caso, a criterio del tribunal, pues “no se pretende con ello sino dar cobertura a una compensación mínima de los derechos conculcados”.