EC.- La sentencia que declara inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el gobierno para hacer frente a la pandemia, plantea la pregunta de si el ejecutivo era consciente de que su decisión podía ser ilegal. Si no lo era, aprobó una auténtica chapuza jurídica imperdonable en un gobierno que dispone de todos los instrumentos de consulta para razonar sus decisiones. La sospecha fundada es que Sánchez pretendió esquivar la necesaria autorización del Congreso para declarar un estado de excepción que sí hubiera cubierto legalmente la suspensión de derechos ciudadanos. El Tribunal Constitucional no discute que debían tomarse las medidas adecuadas para afrontar la pandemia y salvar vidas: lo que señala como ilegal es el procedimiento utilizado por el gobierno.

El estado de alarma decretado podía restringir derechos, pero nunca suspenderlos, como se hizo. A la luz de la sentencia, el matiz entre estado de alarma y estado de excepción reviste una especial importancia política, porque un gobierno no puede saltarse la Constitución para no correr el riesgo de una votación negativa en el Congreso. A eso se llama abuso de autoridad, lo cual es grave en un Estado de Derecho. Sánchez no solo llegó tarde para atajar los contagios, sino que aplicó medidas que no le correspondían con tal de vadear la necesaria negociación con la oposición, algo que desde el principio le ha causado repelús.