La sensación de victoria sobre el Estado de Derecho por parte de un amplio sector del separatismo catalán no tardó en manifestarse incluso en las mismas puertas de la prisión de Lledoners, donde se encontraban ingresados algunos de los máximos responsables del procés.

En unas imágenes de la salida de los presos, grabadas en los interiores del centro penitenciario por algún funcionario y difundidas por TV3, pudimos ver como Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, invitaba a sus compañeros a que celebraran el momento como una victoria: “es una victoria, es una victoria”, espetó. Precisamente, Cuixart es uno de los señalados por el Gobierno de Pedro Sánchez en los informes que manejaban y en los que concluían que 5 de los 9 indultados no merecían la gracia del indulto porque “se echan en falta gestos o declaraciones” que “hagan evidente la voluntad de conducir sus reivindicaciones políticas por las vías legalmente establecidas”. A pesar de ello, están en libertad.

Ahora, y tras vencer al Tribunal Supremo, el separatismo catalán ya ha identificado su próxima ‘bestia negra’: el Tribunal de Cuentas, que reclama 5,4 millones por la promoción exterior del intento secesionista y 4,8 millones por la organización del referéndum ilegal del 1-O a un total de 42 ex altos cargos independentistas, entre los que se encuentran los ex presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, además de los recientemente indultados Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva.

Pero, ¿qué es el Tribunal de Cuentas? ¿Es dependiente o independiente del Gobierno? ¿Quiénes lo forman? ¿Cómo se renueva?

El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido en la Constitución Española que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público. También se le atribuye el control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, así como el de las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con representación parlamentaria.

Este órgano depende directamente de las Cortes Generales y es independiente del Poder Ejecutivo. El Tribunal de Cuentas disfruta de plena independencia para el ejercicio de sus funciones, reconociéndose constitucionalmente que los miembros del Tribunal gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

El Pleno del Tribunal de Cuentas está formado por un total de doce Consejeros, junto con el Fiscal. Los Consejeros de Cuentas son designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años. Serán elegidos entre Censores del Tribunal de Cuentas –en la actualidad, Auditores o Letrados-, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso exija titulación académica superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional.

Antes de su elección, los candidatos propuestos deben comparecer ante la Comisión de Nombramientos del Congreso o del Senado para someterse a las preguntas de los parlamentarios y exponer las consideraciones que estimen oportunas para el caso de que sean elegidos.

Ahora, la agenda política impuesta por Moncloa parece centrar su acción en torno a la fecha del 17 de julio, fecha en la que se debe abordar la renovación de los 12 consejeros del tribunal. Esta renovación, que no suele ser inmediata, se ha alargado bastante en las últimas ocasiones: dos años y año y medio en las dos últimas renovaciones.

Por este motivo, algunas voces de la oposición creen que esas ‘prisas’ del Gobierno de Sánchez solo pueden explicarse por su intento de cambiar el Tribunal para así influir en su acción de investigación sobre la malversación cometida por los líderes del 1-O en la acción exterior y por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Un nuevo movimiento a favor de las aspiraciones secesionistas confirmado, por ejemplo, por el ministro José Luis Ábalos, quien el pasado viernes afirmaba que el Gobierno busca «desempedrar el camino» para mantener el apoyo de los independentistas catalanes, y ahí el Tribunal de Cuentas es un objetivo preferente.