Puerta del colegio de Tarrasa

Actuó «sabiendo que causaba daño a la menor» y la movió «su aversión hacia lo español». Los abogados de la familia de la niña de 10 años que fue «agredida y humillada» por su maestra en la escuela Font de l’Alba de Tarrasa (Barcelona) tras pintar una bandera de España han presentado un recurso de apelación contra el auto de 15 de marzo de 2021 del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad que considera la actuación de la docente un «delito leve». En su escrito, el juez consideraba que la docente actuó sin motivación ideológica y no quiso lesionar ni humillar a la niña.

La acusación particular niega ahora ambos supuestos. En su recurso de apelación, consultado por este diario, alega que la denunciada actuó de manera consciente al vejar a la menor y que su «ideología independentista» fue la que la llevó a actuar con «mayor contundencia con esta alumna respecto a otros niños que también la desobedecieron». Los denunciantes acusan a la profesora de «agredir» y «humillar» a la estudiante «por dibujar una bandera de España y pintar el lema ‘¡Viva España!’», de «retirarle la silla haciéndola caer al suelo y causarle lesiones», de «romper el dibujo delante de sus compañeros de curso» y de «echarla de clase», con la humillación que eso supuso para la menor.

Añaden que la profesora actuó así sin que «hubiera habido problema alguno anterior con la alumna» ni tampoco «animadversión» de esta hacia la docente. Recuerdan, asimismo en el escrito, que, además de «lesiones físicas», que constan en el parte médico presentado como prueba por la familia, como consecuencia de este episodio la niña «sufrió un trauma que le llevó a tener que realizar terapia e incluso padeció enuresis nocturna en varias ocasiones tras el suceso».

Cambio de centro

La denunciada sabía, asimismo, según recuerdan los abogados de la familia, que la menor «estaba pendiente de ser operada de una hernia». Por todo ello, y teniendo en cuenta la «ideología independentista» de la denunciada –«pese a las advertencias de la directora del centro seguía luciendo lazos amarillos en clase»–, deduce que «existen indicios más que suficientes de que la maestra actuó de ese modo contra la menor a sabiendas del daño que le causaba».

Arguyen también que «no sancionó del mismo modo» a ningún menor «por no cumplir sus indicaciones». «A ninguno le fue a buscar hasta su silla y se la retiró provocando su caída al suelo, a ninguno le golpeó y le sacó de clase», señalan.

«Entendemos que por todo ello constituye un delito de odio del artículo 150.2 del Código Penal, así como un delito de lesiones del artículo 147. 1 del mismo Código y que procede el enjuiciamiento de la profesora», concluye el escrito de impugnación. Por último, piden al Juzgado que admita a trámite el recurso y lo remita a la Audiencia Provincial de Barcelona para que la causa prosiga.

Los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2019 y tras la polémica generada por la noticia y «el trauma que causaron los hechos a la menor», la familia decidió trasladarla a ella y a sus otras dos hijas, de edades inferiores a la afectada, y que se encontraban escolarizadas en la misma escuela, a otro centro educativo de la localidad.