Cuatro años y medio después de su apertura en la Audiencia Nacional, el caso Villarejo ha explotado definitivamente en las manos del PP. La investigación de la operación Kitchen, la trama parapolicial orquestado desde el Ministerio del Interior en el 2013 para recuperar información sensible en poder de Luis Bárcenas, dio este miércoles un salto cualitativo. El juez instructor, Manuel García Castellón, encausó a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entre el 2008 y el 2018, y a su marido, Ignacio López del Hierro, por su supuesto conocimiento «directo» de este dispositivo de espionaje desarrollado al margen de la ley.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha esperado siete meses para tomar esta decisión sobre la también exministra de Defensa, quien comparecerá el 29 de junio (un día después lo hará su esposo). La Fiscalía Anticorrupción había pedido en septiembre pasado su interrogatorio, pero el juez prefirió hacer acopio de más indicios antes de decidir.

Además de las referencias sobre Cospedal contenidas en las agendas intervenidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, García Castellón tomó declaración en este período a una veintena de personas, entre ellas al perjudicado Bárcenas en un pieza secreta. El resultado de sus indagaciones es el auto conocido este miércoles, que marca un antes y un después en esta pieza separada del caso Villarejo. La razón es que la operación Kitchen ya no salpica solo al Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz, sino también a la misma cúpula del PP bajo la presidencia de Mariano Rajoy. García Castellón imputa a Cospedal y a su marido delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Es decir, el grueso de los ilícitos investigados. Y extiende las implicaciones penales al jefe de gabinete de la exministra, José Luis Ortiz, al ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al propio Villarejo.

El auto de 16 páginas relata que la investigación abierta a finales del 2018 ha permitido conocer aspectos clave de la trama, como la captación de Sergio Ríos, chófer de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas; los pagos con fondos reservados efectuados a este a cambio de su colaboración; el círculo de policías implicados, así como la responsabilidad del exministro Fernández Díaz y de Francisco Martínez, su número dos.

Los agentes involucrados, según el magistrado, desarrollaron labores operativas para obtener de Ríos «información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo» en posesión del extesorero. Una vez que saltaron las alarmas tras destaparse la fortuna oculta en Suiza y se publicaron en prensa sus papeles sobre la caja B en el PP se aprobó la operación. Falta saber quién dio la luz verde.

El auto añade que los policías habrían tenido pleno conocimiento de la puesta en marcha de la operación y de su carácter «ilícito». La resolución recoge las grabaciones efectuadas por Villarejo, un oficio policial de abril pasado que analiza las anotaciones contenidas en sus agendas, así como determinados pasajes de la declaración secreta prestada por Bárcenas ante el juez.

La captación del chófer

El instructor explica que las agendas permiten ubicar temporalmente el nacimiento de Kitchen el 11 de julio del 2013 con una anotación junto a las siglas «Chisco» (apodo de Francisco Martínez), en la que se lee: «Charla 45 minutos. Plan contra LB. Intervenir comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo».

Es en este momento cuando, según el juez, «se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación de Cospedal y López Hierro en la captación del chófer Sergio Ríos». El magistrado concluye que «resultaría conveniente» escucharlos, pues su intervención, a través del inspector Andrés Gómez Gordo, exjefe de seguridad de la expresidenta de Castilla-La Mancha, «al parecer pudo ser decisiva para que este decidiera participar».

Las agendas de Villarejo también contienen referencias a los nuevos investigados. Así, se puede vincular a Cospedal con las siglas «MD» y «Cospe», y a López del Hierro con «ILH». El juez establece aquí dos momentos temporales: antes de la puesta en marcha de la operación y después.

Y cita múltiples menciones sobre ambos en reuniones con Villarejo o de terceras personas.

Por ejemplo, el 24 de abril del 2012 se recoge una conversación entre Villarejo y López del Hierro: «Aviso ayuda a Barc.». Seguidamente, hay una nueva entrada: «Charla breve. MD agradeció aviso de Barc.». El contexto de estos mensajes, según el juez, lo aporta Bárcenas el 21 de diciembre pasado. Este declaró: «Tenía la preocupación entonces con que yo no era ‘Luis el Cabrón’ [en el caso Gürtel] y que la Policía hiciese un informe digamos alternativo a la tesis oficial».

Sin embargo, la situación cambió a principios del 2013, cuando se conocieron los papeles de Bárcenas y el escándalo golpeó al PP. Se puso en marcha Kitchen y en septiembre del 2013 Villarejo anotó: «Cospe; control LB…». Esta mención se completa con otra de Gómez Gordo: «Muy contento por los datos que le di para la Cospe».

Cospedal se planta en el Congreso

María Dolores de Cospedal acudió este miércoles a declarar a la sala Prim del Congreso, donde se celebraba la sesión del día de la comisión Kitchen, pese a que una hora antes la Cámara baja había decidido aplazar sin fecha su comparecencia. La noticia de su imputación y la de su marido, Ignacio López del Hierro, por la supuesta trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, fue el motivo esgrimido por los comisionados para no interferir en las diligencias judiciales. La excepción fueron los populares, que votaron en contra y alegaron que en la postergación había un intento del PSOE por «extender la duración de la comisión» para desgastar a su partido, y los de Vox, que ya no estaban en la sala.

Cospedal se plantó frente a la puerta de la sala, puntual, diez minutos antes de las 15.30 horas, cuando estaba citada. «Aquí no hay nadie. No me han avisado. Nadie me ha dicho nada. Esto no puede ser», protestó.

Inmediatamente después, se dirigió al mostrador de ujieres del Congreso para quejarse de no se le hubiera notificado que su comparecencia había sido aplazada y para pedir cuentas por este proceder. Los servicios jurídicos de la Cámara aseguran que le llamaron por teléfono a las 14.25 horas, pero que no cogió el móvil. «Esto es más que un atropello. No hay democracia ni hay nada. Es una cosa increíble», se lamentaba frente a las cámaras.

La ex secretaria general del PP y exministra de Defensa presentará una queja formal en el registro del Congreso. Fuentes parlamentarias insistieron en que se le llamó al teléfono que había facilitado como contacto, sin respuesta, y que posteriormente lograron hablar con su secretaria, quién prometió avisarla.

Por la mañana, López del Hierro se enteraba de su imputación en plena comparecencia, durante el turno de preguntas del diputado del PSOE Felipe Sicilia. El empresario aseguró que no estaba «sorprendido» porque «venía mucho tiempo saliendo en la prensa».

Esta nueva situación procesal le sirvió como argumento para no responder a las preguntas de los parlamentarios. Entre lo poco que dijo, aseguró que no tenía vinculación alguna con el PP y recordó que «nunca» ocupó cargos en el partido.

Estaba previsto que la semana que viene la ronda de comparecencias de la comisión se cerrara con Mariano Rajoy, pero tras este imprevisto no se descarta una prórroga.