Casado y Ayuso.

En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta Comunidad Autónoma del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta Magna.

Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal república catalana.

Por ello, dos años después los impulsores de estos actos fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión así como a penas de inhabilitación.

El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de sedición y/o malversación de caudales públicos o desobediencia.

En el momento de conocerse la sentencia, el presidente Sánchez “garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad” puesto que “nadie está por encima de la ley” mientras que otros miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente.

Pero tanto Sánchez como su Gobierno seguían necesitando los votos de los partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder; una necesidad que se hizo más acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019 en las que el PSOE perdió casi 800.000 votos y tres escaños respecto a las celebradas en el mes de abril del mismo año.

Esa necesidad fue el detonante de que el Gobierno propusiese realizar una modificación del delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplía del Código Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O.

Una reforma que como explicó en septiembre de 2020 el actual ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque “es importante que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos” (dicho en referencia a la situación de los presos por el 1-O).

Y ahora, en 2021, el presidente Sánchez y su Gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como en declaraciones posteriores) que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos.

Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto.

El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus miembros, explica que lo que pretenden el presidente Sánchez y su Gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar “los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional”.

Es decir, el Gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.

Por último, hay que destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno al defender el indulto, que no es otra que su mera supervivencia política, al recordar que “algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamando al ejercicio del derecho de gracia”.

El PP expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia en nuestro país.

Manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los  diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como establece el artículo 117 de la Constitución Española.

Insta al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado -como ha declarado probado el Tribunal Supremo-  no solo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición.