El adiós de Iglesias a la vida política el pasado 4 de mayo, tras el revés electoral que sufrió Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, tiene diversas consecuencias para el que ha sido hasta hace unas semanas vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez.

Una de las que más afecta al histórico líder de la formación morada es la pérdida del aforamiento, ya que la renuncia de Pablo Iglesias a todos sus cargos políticos supone el adiós a los privilegios que estos tienen. A partir de ahora, Iglesias se convertirá en un ciudadano más y podría acabar siendo investigado si así lo requiere una instancia ordinaria, justo en un momento de turbulencias judiciales tanto para Iglesias como para la formación morada, ya que existen algunos casos respecto a los que todavía no se ha dicho la última palabra.

La sombra del ‘caso Dina’

En este sentido, uno de los principales talones de Aquiles de Iglesias es el ‘caso Dina’, llamado así por el nombre de la que fuese su asesora, Dina Bousselham, y por la pieza separada número 10 de la investigación sobre Villarejo. En este caso, el juez Manuel García Castellón apreció indicios de que Iglesias pudo cometer un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos, además de otras causas relacionadas con un supuesto delito de denuncias falsas.

Todo este caso gira alrededor de la famosa tarjeta del móvil que supuestamente robaron a Dina Bousselham, y que acabó copiada entre los archivos del comisario y que también pasó por las manos del histórico líder de Unidas Podemos.

El juez rechazó la exposición razonada por la que se solicitaba su imputación y pidió que la investigación continuase para consolidar dichos indicios, sobre todo para que puedan determinar si la tarjeta sufrió daños de forma intencionada o no, ahora mismo la investigación se encuentra en esta fase. Mientras tanto, el juez acordó, en línea con el Supremo, entregar de nuevo la tarjeta a la policía, que tiene la autorización para continuar analizando la tarjeta y así intentar poder determinar el motivo real por el que esta tarjeta dejó de funcionar.

Todavía quedan varias semanas para que este informe salga a la luz y será un momento clave de la investigación, ya que después será la propia Dina Bousselham quien determine qué hacer al respecto: si acusar o perdonar la revelación de secretos.

Este momento será muy importante para el futuro de Pablo Iglesias, ya que, si se determina que el daño de la tarjeta se produjo de forma intencionada, el caso se podría investigar de oficio. En este punto, Iglesias podría ser citado como investigado, algo que ahora mismo no se descarta en absoluto.

Este es el principal caso que afecta a Pablo Iglesias, que de forma indirecta también tiene que atender a otras causas judiciales.

Aunque su nombre no ha sonado mucho en el famoso caso Neurona, podría verse afectado de una manera u otra. Este caso investiga la supuesta contratación de una consultora homónima con dinero destinado a fines electorales, un hecho por el que la formación morada está siendo investigada por supuesto delito electoral y financiación irregular. Este caso afecta de lleno al también fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

Aunque el principal asunto de este caso no debería afectar, a priori, a Pablo Iglesias, existen dos líneas de investigación derivadas del caso Neurona que sí pueden salpicarle de lleno y que han sido analizadas por el diario ABC.

Una de ellas fue la presentada por la exabogada de Podemos, Mónica Carmona. La letrada denuncia que Iglesias podría haberse quedado más de 7.700 euros, cuyo concepto era costes judiciales. La principal cuestión es que este dinero se habría quedado en las arcas privadas de Iglesias tras ganar un juicio, a pesar de que su defensa y todos los gastos derivados fueron cubiertos desde Unidas Podemos.

Por último, está el asunto de la famosa niñera, que se basa en la contratación de una empleada de Podemos como niñera de la hija de Iglesias e Irene Montero. Este caso está siendo investigado por un presunto delito de administración desleal. Ahora mismo Iglesias no está nombrado en el informe del caso, aunque en el momento de la contratación él era secretario general del partido donde trabajaba Teresa Arévalo y también vicepresidente de un Ejecutivo en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, la nombró jefa de gabinete de su cartera.