VOX amplia la querella contra Marlaska por ocultar información sobre las detenciones vinculadas a Podemos tras las agresiones en Vallecas
Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
VOX ha presentado, ante el Tribunal Supremo, un escrito por el que se amplía la querella que presentó el pasado 15 de abril tras los graves altercados violentos que se produjeron en el acto que celebró la formación en el distrito madrileño de Vallecas el pasado 7 de abril.
La Vicesecretaría Jurídica de VOX, que dirige Marta Castro, ha presentado esta ampliación tras conocerse que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, conocía, al menos desde el 15 de abril, la investigación realizada sobre el acto de VOX en Vallecas, donde aparecían inculpados y detenidos al menos dos personas estrechamente vinculadas con Pablo Iglesias y Podemos.
Sin embargo, desde el Ministerio del Interior no se comunicó nada al respecto. Es por ello que Castro ha presentado una ampliación de querella por presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, contemplado en el artículo 413 del Código Penal, y posible encubrimiento, artículo 451 del Código Penal.
Según argumenta el escrito de la vicesecretaria Nacional Jurídica, el ministro Marlaska “tiene una posición de garante respecto a la documentación y a la investigación y le alcanza la responsabilidad como Autoridad”.
La formación que lidera Santiago Abascal indica, además, que la ocultación de estos datos “parece la connivencia para perjudicar a la candidata de VOX a la presidencia de la Comunidad de Madrid , y favorecer a otras opciones políticas”. Por ello, Castro solicita que se considere, además, desde la perspectiva del delito electoral, que hace que tenga aplicación el artículo artículos 139.1.ª7 de la LOREG.
Esta formación desconoce si la noticia del conocimiento de Marlaska no hubiera sido publicada, hasta cuándo estaría pendiente esta comunicación y en todo caso la remisión del atestado a la sede judicial correspondiente, cuestión que deberá ser investigada a la vista de la gravedad de los hechos con evidente trascendencia en el periodo electoral, y que motiva que deba ser contemplado el delito electoral.
