La Audiencia Provincial de Pontevedra ratifica la prisión provisional del presidente del Colegio Oficial de Enfermería, de su mujer y su hija
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha ratificado la prisión provisional del presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández, de su mujer y su hija.
La Sección Quinta ha rechazado los recursos de los investigados contra el auto del juzgado de Instrucción 2 de Vigo que el pasado 12 de marzo acordó su ingreso en prisión.
El tribunal, integrado por Luis Barrientos Monge -presidente-, Victoria Eugenia Fariña Conde -ponente- y José Ramón Sánchez Herrero, considera «suficientes» para la adopción de la medida cautelar los indicios existentes respecto a la comisión de delitos de administración desleal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
En el auto 193/2021, 14 de abril, contra el que no cabe recurso alguno, la Audiencia señala, respecto al riesgo de fuga, que «ponderando las circunstancias personales de los tres investigados se estima que no tiene una especial entidad», por lo que «podría conjurarse con otras medidas menos gravosas que las de prisión provisional ,como la prestación de fianza y las comparecencias ‘apud acta’».
Sin embargo, sostiene que existe riesgo de obstrucción a la justicia, ya que, si bien los registros realizados y las medidas adoptadas en relación con las empresas y el colegio de enfermería «podrían evitar el riesgo de destrucción de pruebas materiales», los investigados podrían «influir en los testigos que aún no han declarado».
Cometió los hechos entre 2016 y 2018, cuando ejercía en un Centro de Atención Primaria del Sergas. Y es que, según explica el tribunal, estos testigos estarían presuntamente vinculados con los investigados por contratos privados o dependencia económica».
A juicio de la Audiencia, es «aconsejable que se lleven a cabo dichas declaraciones a la mayor brevedad dado el carácter excepcional de la medida cautelar de prisión provisional».
La Audiencia también ha confirmado el cese provisional del investigado como presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, así como el de los administradores de algunas sociedades investigadas, designándose administradores judiciales, una medida cautelar que, según resalta el tribunal, está dirigida a «asegurar la continuidad y sostenibilidad del Colegio de Enfermería y de las empresas, así como asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias».
La medida se adoptó debido a la concurrencia «de circunstancias excepcionales, por cuanto se entendía que los administradores de derecho de las sociedades eran unos meros testaferros dirigidos por los investigados».
