Es sabido que pobreza y riqueza son términos relativos: todos somos pobres o ricos depende con quien nos comparemos. Pero en esta nota centramos la atención en aquellos que no tienen para atender sus necesidades básicas, un concepto que naturalmente remite a lo absoluto y deja de lado posiciones relativas. Sin duda un problema grave.

En este contexto caben distintas observaciones. En primer lugar, refutar la machacona idea de sostener que la pobreza así definida conduce a la delincuencia. Esta afirmación constituye un agravio para nuestros ancestros puesto que todos descendemos de las cuevas y la miseria más espantosa de lo que no se sigue que provengamos de delincuentes. Más aun, es muy frecuente constatar que personas muy modestas en su condición económica cultivan valores de respeto recíproco, mientras otros con ingresos suculentos revelan conductas inmorales por donde se los mire. En otras palabras, los principios éticos que se adoptan no tienen relación causal con el bolsillo, tienen que ver con el cultivarse como seres humanos.

En segundo término, se ha dicho que el populismo cala hondo en lugares pobres, lo cual no ocurre en zonas opulentas o que cuentan con ingresos mayores. Esto tampoco es cierto: antes que nada debemos percatarnos que los países ricos fueron pobres y no abrazaron el estatismo cuando se enriquecieron, de lo contrario hubieran seguido siendo pobres. Otra vez se trata de valores y principios que además de conducir a la decencia conducen a la prosperidad.

En tercer lugar, es pertinente subrayar que también se insiste que la pobreza invita a un clima de planes sociales lo cual atenta contra la cultura del trabajo. Sin duda que los llamados planes sociales -esto es la entrega por parte de los aparatos estatales de recursos sustraídos compulsivamente del fruto del trabajo ajeno- degradan la noción del propio esfuerzo al tiempo que crean dependencia malsana con políticos demagogos e inescrupulosos y acentúan inexorablemente la pobreza. Pero esto no es exclusivo de los pobres, a muchos ricos también los estatistas les otorgan planes sociales encubiertos, solo que con otro nombre: se llama proteccionismo aduanero, mercados cautivos, créditos subsidiados, exenciones fiscales, “salvatajes” de deudas, dádivas y privilegios de todo tipo a expensas de los trabajadores que no tienen poder de lobby.

Y ahora viene el tema de fondo, cuál es el procedimiento para reducir la pobreza. En otras oportunidades he escrito sobre este tema crucial pero se hace necesario insistir en vista de la reiteración de falacias en esta materia.

Los derechos individuales son anteriores y superiores a la existencia de los gobiernos y proceden de las características de la condición humana que requieren de facultades para usar y disponer de lo propio para poder seguir sus proyectos personales de vida. Igual que las rosas y las piedras, el ser humano cuenta con características que definen su especie. Nadie debe ser utilizado como medio para los fines de otros, puesto que el ser humano es un fin en sí mismo. Los “balances sociales” con la intención de establecer peculiares utilitarismos son del todo improcedentes y conducen a las mayores arbitrariedades como cuando se pretenden sopesar ventajas de mayorías circunstanciales frente a minorías indefensas. Los pseudoderechos son a todas luces contrarios al derecho.

Vivimos la era en la que se declama la defensa de los más necesitados pero simultáneamente se los afecta severamente con medidas altamente contraproducentes. Esto es así principal aunque no exclusivamente a través de las mal denominadas “conquistas sociales” que paradójicamente arruinan a los más vulnerables.

Para comprender esta conclusión es menester aludir a la causa por la cual se elevan salarios e ingresos en términos reales. Se trata de lo que genéricamente se denomina tasas de capitalización que equivale a la inversión per capita, es decir instrumentos, maquinarias, equipos, instalaciones y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar rendimientos. A su vez, las inversiones provienen de ahorro interno y externo al país en cuestión, lo cual se maximiza en la medida en que se cuenten con marcos institucionales civilizados, en otros términos, el respeto a los derechos de propiedad de cada cual comenzando por la propia vida, la expresión del pensamiento y el uso y disposición de lo adquirido legítimamente.

En este contexto se hace necesario apuntar acerca del peligro del mal uso del significado del término “inversión”. Este concepto se refiere a la estimación individual respecto a recursos propios en cuyo contexto el sujeto en cuestión valora en más rendimientos futuros respecto a los presentes y, por tanto, opta por abstenerse de consumir para ahorrar y siempre el destino del ahorro es la inversión (son dos caras de la misma moneda). Es del todo inapropiado aludir a “la inversión” cuando los aparatos estatales se apoderan del fruto del trabajo ajeno, en ese caso se trata de gasto que puede ser corriente o destinado a activos fijos pero en ningún caso tiene sentido pretender que se trata de una inversión por los motivos antes señalados. Si un fulano le arranca la billetera a otro, carece por completo de sentido decirle que se lo “invertirá” por más que ese fulano forme parte del aparato estatal o sea un privado, en el primero caso podrá justificarse o no el gasto pero en ningún caso se trata de un proceso de inversión. En el lenguaje cotidiano hay un uso y abuso del concepto de marras.

Hoy está de moda criticar acérrimamente a tal o cual dirigente sindical por sus conductas aberrantes pero se deja en pie la legislación que hace posible contar con sindicatos ilegítimos en lugar de asociaciones libres y voluntarias y se mantiene en pie la figura de los “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo de empleados para que no puedan usar sus pertenencias.

Una vez hechas estas aclaraciones queda claro que los salarios bolivianos resultan más bajos que los canadienses, no porque en el primer caso los empresarios son perversos y los segundos más generosos, se trata de tasas de capitalización distintas y eso hace toda la diferencia, lo cual no significa que las posiciones relativas sean irrevocables. Hay países que han tenido altas tasas de capitalización que luego han despilfarrado con lo que sus niveles de salarios han disminuido. Como queda dicho, todo depende de la calidad de los marcos institucionales imperantes.

En medios alemanes y estadounidenses prácticamente no existe servicio doméstico en los respectivos hogares. No es porque las amas de casa no requieran ayuda, es que las tasas de capitalización son de tal magnitud que no permiten contar con ese servicio pues deberían competir con salarios elevados en medios empresarios y equivalentes, situación que se torna imposible.

Es típico que en países de muy bajas tasas de capitalización, se lleven a cabo faenas como que a determinado sujeto lo abanican a la hora de la siesta cuatro personas, pero si esa misma persona se trasladara a una ciudad donde primen altas tasas de capitalización deberá abandonar de inmediato su costumbre pues los salarios para esa actividad resultan imposibles de afrontar.

Se ha mantenido erróneamente que los gobiernos deben regular contratos laborales puesto que “la desigualdad en el poder de contratación” pone de manifiesto que no resulta posible permitir que un millonario contrate con una persona que no tiene para llegar a fin de mes, a fin de la semana o a fin del día. Este análisis adolece del grave defecto que no toma en consideración que resulta a todas luces irrelevante lo abultado o lo débil de las respectivas cuentas corrientes o de los patrimonios netos de quienes contratan. Lo relevante, lo decisivo son las tasas de capitalización que obligan a pagar los salarios de mercado. Si un millonario llega a un pueblo y averigua cuanto cuesta pintar su casa pero sostiene que como cuenta con un abultado patrimonio pagará la mitad, por definición no pintará su casa. No es atingente si la persona en cuestión es muy rica o si está quebrada, el salario para pintar su casa es el que marca la tasa de capitalización.

También debe tenerse en cuenta que si a igual trabajo un empresario decide pagar más de lo que marca las tasas de capitalización, por un lado tendrá mayor oferta de trabajo de la que necesita y por otro procederá a derrochar sus recursos con lo que de persistir en esta línea tendrá contados sus días como empresario.

Es necesario señalar que allí donde las contrataciones laborales son libres no habrá desempleo, es decir, sobrante de aquél factor esencial para prestar servicios y para producir bienes. Esta situación para el trabajador normal (no para el que, por ejemplo, se encuentra en estado vegetativo o padezca deficiencias de tal naturaleza que no le permiten hacer nada) ocurre independientemente de la pobreza más extrema o la riqueza más exuberante en que se encuentre el medio en cuestión. En el primer caso los salarios serán reducidos y elevados en el segundo por en ningún caso habrá sobrantes de ese recurso humano esencial.

En realidad se observa desempleo en diversos países porque los arreglos contractuales no son libres. Al contrario, aparecen las mal denominadas “conquistas sociales” que indefectiblemente provocan desocupación puesto esto sucede cuando por decreto se colocan los salarios monetarios o no monetarios por encima de lo que permiten las tasas de capitalización. Y esto no debe verse solo en cuanto a los trabajadores marginales, si por ley se colocan salarios superiores a los que obtienen gerentes de finanzas, de personal o gerentes generales, ellos quedarán desempleados.

Habitualmente aquellas mal llamadas conquistas sociales se decretan con la mejor buena voluntad con la idea de proteger a los más necesitados, pues es de gran importancia percatarse que los perjudican grandemente. Así, por ejemplo, el salario mínimo, por definición superior al de mercado, barre con los que más necesitan trabajar. También hay “conquistas” que constituyen insultos a la inteligencia como el caso argentino del aguinaldo, esto es, el mes trece, sin percibir que inexorablemente se están pagando menos durante los doce meses del año para poder hacer frente al treceavo mes. En realidad sería interesante poder decretar que el año tiene cuarenta meses pero eso no es posible y así con en resto de las tristemente célebres conquistas sociales.

De más está decir que el salario que establecen las tasas de capitalización no aparecen dibujadas en el cielo, hay que averiguarlo. De todos modos, pruébese contratar una secretaria por la mitad del salario de mercado y seguramente durará hasta la hora del almuerzo del primer día laborable pues se informará inmediatamente que está subvaluada.

Esto que estamos comentando va muy especialmente dirigido al fenómeno de robotización en curso que permite liberar recursos humanos y materiales para destinarlos a cubrir otras necesidades imposibles de contemplar hasta el momento debido a que esos recursos estaban esterilizados en las áreas anteriores. Como es sabido los recursos son limitados frente a necesidades ilimitadas. Si estuviéramos en Jauja y hubiera de todo para todos todo el tiempo desaparecería el problema del trabajo. El empresario para lograr nuevos arbitrajes está incentivado a capacitar personal en las nuevas actividades. Salvando las distancias, es lo mismo que ocurrió con el hombre de la barra de hielo antes de los refrigeradores, o el fogonero antes de las locomotoras Diesel.

Los sindicatos como asociaciones libres y voluntarias juegan un rol apreciado por los afiliados lo cual implica la figura de la personería jurídica pero de ningún modo la figura fascista de la personería gremial que bloquea la libertad contractual. Del mismo modo, la huelga debe ser entendida como el derecho a no trabajar, lo cual se opone abiertamente a la intimidación y la violencia que dada tiene que ver con ese derecho.

Cuando comprendamos que el bienestar no depende de magias ni de decretos voluntaristas, recién entonces estaremos en condiciones de abrir las puertas al progreso, muy especialmente para los más necesitados. Tal como explica entre muchos otros Bruno Leoni, cuando comprendamos que el derecho no es fruto de la ingeniería social sino fruto de un proceso de descubrimiento, recién entonces comprenderemos el valor de marcos institucionales que garantizan el respeto recíproco. Recién entonces estaremos en condiciones de comprender el peligro del pseudoderecho.

Edmund Burke en 1756 escribió que “el disfrute seguro de los derechos naturales es el propósito último y más grande de la sociedad civil y por tanto toda forma de gobierno es solo buena si es consistente con ese propósito al que está enteramente subordinado”, lo cual, entre otros, fue tomado por Juan Bautista Alberdi en la publicación de su primer estudio de perspectiva jurídica en 1837 y luego en el contexto de su análisis económico en 1854. Esta es la manera de sacar a la gente de la pobreza y encaminarla al progreso: el respeto recíproco, en cuyo contexto es del caso recordar que en 2003 Alexander Solzhenitsyn resumió todo el problema del siguiente modo: “En diferentes lugares a través de los años he tenido que probar que el socialismo, que muchos pensadores occidentales dicen que es una especie de reino de justicia, es coerción, codicia burocrática, corrupción y avaricia”.