Fernando Presencia, ex juez decano de Talavera de la Reina (Toledo) expulsado de la carrera judicial y condenado en varias causas, lidera una entidad llamada Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) con la que en los últimos meses ha subido el tono de sus denuncias contra políticos, jueces y fiscales. Hace unos días pidió la detención del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al que acusó de “dar instrucciones para amañar los juicios por los que ha sido condenado ilegalmente el juez Presencia”.

No deja títere con cabeza: en enero amplió al ex presidente Felipe González una de sus acusaciones contra tres magistrados del Tribunal Supremo que supuestamente se habrían dejado sobornar para cambiar la sentencia de los GAL y en otra nota de prensa aseguró que José Luis Rodríguez Zapatero “estaba al corriente de los asesinatos pergeñados por el ex fiscal Mena y su banda”.

Uno de sus objetivos es Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, al que ha llamado “psicópata” en diferentes comunicados y del que asegura que está detrás de desahucios ilegales y del presunto secuestro de una mujer en Toledo.

Su asociación denunció en el Juzgado de Guardia a tres magistradas de Guadalajara y pedía orden de detención contra una primera de ellas en relación con “una trama de corrupción inmobiliaria en el seno de los juzgados” de esa provincia.

En enero pasado solicitó la “detención inmediata” de tres magistrados por prevaricación judicial y “presunta pertenencia a organización criminal”. Se trataba de los jueces que vieron en apelación en la Audiencia de Toledo una de las sentencias contra Presencia por calumnias. En ese caso imputó además a Rouco haberles presionado para que “amañasen” aquella sentencia.

“El Mengele español”

A una magistrada sustituta la denominó “jueza okupa”, otra de sus notas de prensa fue contra “la jueza de las piernas bien cerradas”, a la que denunció por pertenencia a organización criminal, y en enero pasado la diana de sus críticas fue la “banda del forense Arimany” de Barcelona, que según ACODAP “es conocido en muchos foros como el ‘Mengele español’”, y supuestamente “es sospechoso de haber amañado centenares de informes de autopsia”.

En enero aseguró en otra nota de prensa que “cuatro magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo habrían sido sobornados a través de sus esposas para después ser chantajeados” y “sus votos fueron fundamentales para inclinar la balanza a favor de Emilio Botín” en la doctrina que lleva su nombre. En esos hechos, ACODAP incluyó al magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido.

La asociación emite una o dos notas de prensa a la semana donde es frecuente leer contenidos tales como “el contumaz compadreo en los juzgados de Talavera de la Reina es el pan nuestro de cada día”, “la banda de perfil claramente criminal que se dedica a amañar concursos de acreedores en los juzgados de lo Mercantil de Valencia” o “el comportamiento pendenciero, barriobajero, mafioso y absolutamente corrupto del CGPJ” .

Presencia atribuye sus últimos problemas con la Justicia a haber denunciado al fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz, por haberse construido un chalet en una zona protegida por la Confederación Hidrográfica del Tajo, asunto en el que la Audiencia de Toledo confirmó hace dos semanas la condena de dos años y 10 meses de prisión a Presencia por delitos de denuncia falsa y calumnias con publicidad.

Su última iniciativa, anunciada este mismo viernes, consiste en la publicación de una serie de relatos cortos en los que diversos “represaliados de conciencia” por denunciar casos de corrupción explicarán los avatares sufridos. Su objetivo: “acabar con las malas artes de inquisidores e infames carceleros”, afirma ACODAP.