Imagen del acusado en el juicio celebrado entre febrero y marzo en la Audiencia de Valencia

La Audiencia de Valencia ha condenado de nuevo a cinco años de prisión a Luis R., un educador del Centro de Acogida Niño Jesús de Valencia -exmarido de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra- por un delito continuado de abuso sexual a una menor de edad que estaba bajo la tutela de la Generalitat.

El tribunal admite la agravante de «prevalimiento» que pedía la Fiscalía y la atenuante de reparación del daño exigida por la defensa del acusado. Además, le impone la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, a su domicilio o a cualquier otro en el que se encuentre, o comunicarse con ella durante diez años.

El condenado deberá indemnizar a la joven con 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil -que ya abonó- y queda inhabilitado para ejercer cualquier profesión que conlleve contacto con menores durante una década, la mitad en régimen de libertad vigilada, con la obligación de participar en cursos formativos de educación sexual.

Contra esta resolución, fechada el 17 de marzo, cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de diez días.

Luis R. fue condenado a esta misma pena de prisión por estos hechos en noviembre de 2019, pero el tribunal anuló la sentencia y ordenó repetir el proceso parcialmente meses más tarde. La vista oral se desarrolló en dos sesiones entre febrero y marzo de este año con los mismos magistrados. La defensa recurrió el primer fallo al haberse obviado durante el mismo dos informes que exculpaban al acusado y ponían en duda la versión de la víctima.

Se trataba de un estudio psicológico de la menor realizado por el Instituto Espill, centro al que Igualdad encarga la evaluación de los casos de abusos, y otro expediente elaborado por la Dirección Territorial de la conselleria que dirige Oltra basado en parte en el primer documento. No obstante, la Conselleria pidió ese informe en noviembre de 2017 excediéndose de sus competencias, puesto que el juez de instrucción ya había dictado un auto para investigar penalmente los hechos dos meses antes.

Documentos que quedaron olvidados en un cajón y que nunca fueron incluidos en el sumario, por lo que la defensa no pudo utilizarlos. De hecho, c uando Igualdad descubrió los mismos ya era tarde y los remitió a la Fiscalía de Menores -tras revisar el caso ante la presión mediática- dos años después de haberse redactado.

Reproche de la Fiscalía a la Generalitat

Por ello, la fiscal puso en entredicho la actuación de la Conselleria, a cuyos técnicos se pidió que trasladaran todos los informes hasta en dos ocasiones tras tener conocimiento de la denuncia de la menor ante dos agentes de la Policía Nacional que acudieron al centro por otro motivo. Según su criterio, la Generalitat debería haber sido parte en la causa.

Los hechos que se consideran probados en la sentencia se produjeron entre finales de 2016 y principios 2017, cuando el educador se ocupaba del turno de noche en este centro de menores de la capital del Turia. El acusado acudía a la habitación individual en la que la niña, que entonces tenía 15 años, dormía cuando estaba castigada por mal comportamiento, donde le realizaba masajes consentidos en el cuello y la espalda para que se relajara. Pero una vez que creía que la menor estaba dormida -fingía dormir por vergüenza-, cogía su mano y se masturbaba con ella.

Una situación que se repitió varias veces, según el relato de la niña, que no quiso denunciar al pensar que nadie iba a creerla porque se trataba de alguien relacionado con un alto cargo del Gobierno valenciano, aunque desde el entorno de la dirigente de Compromís se reiteró que ella y el acusado ya no mantenían ninguna relación sentimental en ese momento.