Nadie niega a estas alturas la importancia que tiene el sector turístico en nuestro país, ya que este ha sido, y sigue siéndolo, uno de los motores económicos de España. Este hecho ha quedado constatado durante este último año, en el que la falta de turistas a causa de la covid-19 ha provocado que las cuentas de miles de negocios hayan sufrido cuantiosas pérdidas económicas o se hayan visto en la obligación de echar el cierre definitivo de sus negocios.

Bajo este contexto, el Gobierno de España ha llevado a cabo en las últimas semanas rescates económicos a diferentes aerolíneas que se encontraban en un momento económicamente delicado bajo el pretexto de “la importancia que tiene el transporte aéreo en nuestro país, su contribución al turismo y a la economía”.

Las últimas ayudas aprobadas por el consejo de ministros tuvieron lugar a comienzos de este mes, y semanas más tarde, la noticia ahora es que estas pueden acabar en los juzgados. El motivo ha sido el recelo que ha generado en el resto de empresas la ayuda de 53 millones de euros que ha otorgado la Sociedad Estatal de participaciones Industriales (Sepi), a petición del departamento de Hacienda María Jesús Montero.

Argumentan que esta empresa no es “estratégica” para nuestro país— uno de los requisitos que debe tener una empresa para que pueda recibir ayuda pública—, ya que actualmente cuenta con una flota de cuatro aviones y tan solo opera entre Madrid y Tenerife así como en varios países de Latinoamérica, tal y como hacen el resto de empresas. De hecho, si durante el 2019 realizó el 0,003% de los vueltos nacionales y el 0,008% de los internacionales, este 2021 solo ha hecho un vuelto de ida y vuelta a Venezuela a través del un A340-600, avión que cuenta con 17 años de antigüedad. Viaje que hizo a comienzos de año.

Ryanair prevé llevar al Estado a los tribunales europeos

En concreto, ha sido el grupo irlandés Ryanair quien prevé llevar al Estado a los tribunales por los 53 millones de euros que ha concedido a la aerolínea, lo que obligará al Tribunal General de la UE a analizar la legalidad de aspectos polémicos de la decisión del Gobierno, como el de la “proporcionalidad” con la que ha sido concedida esta ayuda, ya que esta ayuda ha sido la mayor concedida durante la pandemia en relación con la plantilla que tiene. Actualmente, la empresa tiene 345 trabajadores de los cuales el 65% de ellos están en ERTE.

Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles by Marriot, otro de los grandes damnificados de la situación generada por la pandemia, también ha criticado la ayuda. “Esto es una broma y nuestra única aerolínea bandera era AirEuropa y cae en manos del grupo inglés con lo cual nos quedamos el segundo país turístico sin una línea aérea que esté conectando permanentemente. No tiene mucho sentido”, ha arrancado. “No hemos recibido ninguna ayuda a día de hoy”, ha sentenciado.

Una empresa vinculada con Venezuela

El 47,23% de su capital pertenece a la sociedad Snip Aviation desde 2017, quien dirige el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas y del que también forman parte Raif El Arigie harbie y Roberto Roselli Mieles. Los tres están muy vinculados al empresario Camilo Ibrahim Issa, que a su vez tiene una relación cercana con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y con la mujer de Nicolás Maduro, Cilia Flores, que es también parlamentaria.

Esta vinculación con el régimen chavista es uno de los motivos por los que grupos como PP y Vox han rechazado en las últimas horas la concesión de esta ayuda.