La mejor tradición política, especialmente en occidente, establece que una finalidad esencial del Estado de Derecho es proteger la vida humana, con especial cuidado de aquella que pueda ser más vulnerable. Este principio se quiebra dramáticamente en España con la aprobación definitiva en el Congreso de la ley de la eutanasia.

El gobierno de Sánchez ha promovido esta ley a toda velocidad, en plena pandemia, sin diálogo con la sociedad ni con los expertos, y desoyendo las recomendaciones del Comité de Bioética y de los Colegios de Médicos. Y por supuesto, sin avanzar ni un paso en la consecución de cuidados paliativos para todos. Sus promotores la justifican como un progreso, e incluso como la conquista de un nuevo derecho, haciendo oídos sordos a las numerosas denuncias que llegan de los países donde leyes semejantes están en vigor desde hace años, donde la arbitrariedad en dispensar la muerte se ha convertido en práctica habitual. También resulta preocupante la regulación de la objeción de conciencia, dado el riesgo de que los médicos objetores se vean señalados e incluso sutilmente perseguidos, como ya se ha dado en países como Bélgica, Holanda y Canadá.

Es el momento de testimoniar con obras y palabras que toda vida humana es un bien precioso que merece ser vivido, más allá de la salud o del vigor físico. Una gran tarea educativa, cultural y también política, que nos compromete a todos desde ahora mismo.

El Congreso aprueba la ley de eutanasia

El pleno Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con 198 votos a favor, 142 en contra y dos abstenciones, las enmiendas acordadas la semana pasada en la Comisión de Justicia del Senado a la ley que regula la eutanasia.

La norma, que tiene también que ser votada en su conjunto este jueves, entrará en vigor a los tres meses de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge que esta práctica se podrá llevar a cabo en España a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.

Este solicitante deberá tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses; tener mayoría de edad y “ser capaz y consciente en el momento de la solicitud”.

Sobre el proceso, la ley indica que, si el paciente está consciente, debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia si no puede escribir) en dos documentos separados por 15 días, haciendo patente que no es “resultado de ninguna presión externa”.

Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita”. Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención.

Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos. Será este médico quien autorizará el proceso, antes, tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el “ámbito de las patologías que padece el paciente” pero que no sea de su “mismo equipo del médico”. Asimismo, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso.

Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, ya que, de lo contrario, será el pleno de la comisión quien la tome. Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación “podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia”, un reparo que “deberá manifestarse anticipadamente y por escrito”.

PP y Vox recurrirán la ley de eutanasia

PP, Vox, UPN y Foro Asturias han anunciado este miércoles que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) la ley de eutanasia.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Congreso de los Diputados en un acto convocado por la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, representantes de estos grupos parlamentarios han asegurado que iniciarán los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta nueva norma.

El diputado del PP José Ignacio Echániz ha señalado que la ley de eutanasia es un “capricho político” del Gobierno que carece de “rigor sanitario” y que se ha tramitado sin contar con la opinión de la sociedad española.

Por su parte, Lourdes Méndez, diputada de Vox, ha explicado que registrarán una ley de cuidados paliativos para que los pacientes puedan morir de una forma “digna” y ha tachado la ley de eutanasia de “dictatorial y autoritaria”.

El exdirigente del PP y miembro de la Asamblea por la Vida, Jaime Mayor Oreja, ha lamentado que la ley de eutanasia “socializa el mal” entre los médicos, los pacientes y la familia, y ha asegurado que no pararán hasta que se derogue.

También ha mostrado su apoyo a la tramitación del recurso de anticonstitucionalidad el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, que ha subrayado que la nueva norma va contra “la esencia de la medicina y el código deontológico” de los profesionales sanitarios.

Los cuidados paliativos, alternativa a la muerte

En España tan solo el 40% de los pacientes que precisan de cuidados paliativos lo reciben, por lo que en los centros hospitalarios sería necesario la contratación de, al menos, el doble de profesionales para atender al 60% que no es atendido.

Pero no solo ello, los cuidados paliativos han de ofrecer al paciente un tratamiento integral, donde el acompañamiento espiritual tanto al enfermo como a sus familias esté presente. Un cuidado integral que alivia el dolor, consuela y ofrece la esperanza que surge de la fe y da sentido a toda la vida humana, incluso en el sufrimiento y la vulnerabilidad.

La medicina paliativa se propone humanizar el proceso de la muerte y acompañar hasta el final. No hay enfermos “incuidables”, aunque sean incurables.