La Policía Nacional ha detenido en El Ejido (Almería) a seis personas e investigado a otras 40 acusadas de participar de un grupo criminal especializado en obtener permisos de residencia y beneficios económicos mediante la denuncia de casos de violencia de género irreales, amparado todo ello en un fraude de ley. La finalidad era fingir una situación de maltrato, forzar una denuncia falsa, y así obtener la renta activa de reinserción y, en su caso, un permiso de residencia para mujeres extranjeras en situación irregular en España. A cambio, las mujeres beneficiarias, que podían obtener una renta que ronda los 430 euros mensuales, debían pagar en torno a 4.000 euros, de los cuales, entre 1.000 y 1.500 euros iban a parar al actor agresor.

Según ha explicado la Comisaría en una nota, los agentes detectaron una red organizada dedicada a la captación de mujeres extranjeras en situación irregular en el territorio español, a quienes -a cambio de una suma de dinero- les ofrecían la posibilidad de conseguir una tarjeta de residencia en España y una renta mensual, siempre que presentaran denuncias falsas de violencia de género, para lo que debían simular ser víctimas de malos tratos por parte de supuestas parejas con las que pactaban el fraude.

Desde el mes de marzo del año pasado, los agentes han recopilado indicios suficientes sobre esta trama formada por personas de origen español y magrebí. Las mujeres extranjeras eran atraídas por dicha organización, asegurándoles que se trataba de una práctica sencilla, sin riesgos y con la efectividad de conseguir el último caso una autorización de residencia y un ingreso económico mensual por parte de la Administración.

La Ley de Medidas de Protección Integral contra Violencia de Género, prevé que cuando una mujer es víctima de una situación de violencia, pueda beneficiarse de la denominada Renta Activa de Reinserción, lo que le supondría un ingreso mensual renovable durante tres anualidades del 80 por ciento del Iprem. Para que la misma opere, es necesaria una sentencia judicial, informe del Ministerio Fiscal, o vigencia de una orden de protección. En este sentido, el articulado de la Ley de Extranjería prevé que cuando se trate de víctimas extranjeras y sin permiso de residencia válido, como medida de protección, se les conceda una Autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales desde el mismo momento de presentar la denuncia en la Policía Nacional y su correspondiente orden de protección.

Falsas agresiones en lugares públicos

Una vez inducida la mujer, y siempre previo pago de una cantidad económica que rondaba los 4.000 euros, la organización desmantelada ofrecía los servicios de un varón de nacionalidad española, quien estaba dispuesto a simular que ambos tenían una relación de pareja o análoga. A partir del guion establecido, la pareja acudía a un lugar público y allí, y en presencia de varios testigos, fingían mantener una discusión que siempre derivaba en una agresión física no grave sobre la mujer, de modo que eran los testigos quienes solicitaban entonces la presencia policial.

Las declaraciones de los testigos eran cruciales para dar instantánea credibilidad al fraude y posteriormente condicionantes sobre el sentido de la sentencia condenatoria y sus medidas cautelares. El presunto agresor accedía a la representación de dicho teatro a cambio de una contraprestación económica que oscilaba entre los 1.000 y los 1.500 euros. La falsa víctima y promotora del fraude, en el momento de la celebración del juicio ratificaba su declaración, y a partir de ahí se convertía en beneficiaria del elenco de servicios que la administración tiene establecido para las verdaderas víctimas de malos tratos, como son la renta económica mensual y la residencia legal en España.

La operación «Fres-Onu» en la que han participado agentes de la Comisaría de Almería y El Ejido, se ha saldado con la detención de seis personas y otras 40 investigadas, a las que se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, simulación de delito y denuncia falsa. Los arrestados pasaron a disposición judicial el pasado día 29 de enero, sin embargo, la investigación continúa abierta, y la Policía Nacional no descarta llevar a cabo nuevas detenciones en un futuro.