La inminente aprobación de la Ley de Eutanasia ha despertado recelos en algunos colegios de médicos, que más allá de discrepar sobre si es necesaria o no su regulación, temen represalias contra quienes se inscriban en los registros de objetores de conciencia a los que podrán acceder las administraciones sanitarias.

La Ley de Eutanasia contempla el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados y especifica que la negativa a realizar esta prestación por razones de conciencia es una decisión individual que deberá manifestarse anticipadamente y por escrito.

Para ello, indica que las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia que tendrá por objeto “facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que ésta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir”.

Añade que el registro se someterá al “principio de estricta confidencialidad” y a la normativa de protección de datos de carácter personal.

Sin embargo, los médicos ven ciertos problemas en la creación de estos registros.

“Obligar a los médicos a que se registren es un error. Es posible que exista un registro, pero voluntario para el que quiera apuntarse. Otra cuestión distinta es que haya que comunicárselo a tu superior para que éste pueda organizar los servicios, esto es muy distinto”, apunta a Efe el presidente de la Comisión de Deontología de la Organización Médico Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, ha expresado a Efe su “gran preocupación” por cómo se pueda articular este aspecto fundamental de la ley y ha apuntado a que en la Comunidad de Madrid hay muchos médicos con contratos laborales que hay que renovar cada seis meses y mucha inestabilidad laboral.

“Desconocemos qué efectos puede tener la objeción de conciencia en que se renueve o no a estos compañeros”, ha advertido.

El Colegio de Médicos de Madrid se ha manifestado públicamente en contra de la Ley de Eutanasia argumentando que va en contra del código deontológico de los médicos y su presidente considera que “si algún médico está dispuesto a hacer esta práctica”, éste debería ser el que se apuntara en un registro específico.

“Creemos que se debe realizar de forma anónima, que la administración no debería por qué tener conocimiento de quién ha hecho la objeción de conciencia porque tememos las implicaciones que pueda tener a niveles laborales”.

También la presidenta de la Comisión Deontológica del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, Montserrat Esquerda, tiene dudas sobre el registro de objetores.

“Pensamos que en ningún momento un médico puede ser discriminado por su conciencia, con lo que los registros públicos o administrativos que intenten regular la objeción tienen un cierto riesgo y es que se puedan utilizar para bolsas de trabajo en función de esas objeciones realizadas por los médicos”, indica a Efe.

A finales del mes de enero está prevista una reunión de la Asamblea General del Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom) en la que previsiblemente se discutirá un documento sobre la objeción de conciencia.

Existe una clara divergencia de opiniones entre los médicos sobre la eutanasia “igual que ocurre en la sociedad”, indica Rodríguez Sendín, que sí cree que lo que es importante es el desarrollo de la objeción de conciencia.

“Todos los médicos defendemos la vida de los pacientes. Otra cuestión es lo que considere cada de uno de hasta dónde llega la vida y lo que es un sufrimiento insoportable y dónde comienzan nuestras obligaciones y los derechos de los pacientes”, explica.

En esa diferencia, “la única solución que hay, cuando una ley va a regular el derecho del paciente a morir precozmente, es la objeción de conciencia”.

En las últimas semanas, algunos colegios de médicos han dado a conocer su postura sobre la Ley de Eutanasia, como el de Madrid, que se ha posicionado en contra, o el de Cataluña (que engloba a los cuatro colegios profesionales de esa región) y que ha defendido esta práctica, pero ha reivindicado previamente un acceso universal a los cuidados paliativos, así como ayudas económicas y sociales para los enfermos y sus familias.

Por su parte, El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) considera que la ley presenta “importantes interrogantes” y “cuestiones no aclaradas” y subraya que según el Código de Deontología Médica, el profesional “nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”.