Fernando Simón (derecha), director del CCAES y el ministro de Sanidad, Salvador Illa

El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los nombres de los 15 técnicos que formaban parte del comité que asesoró al Gobierno en mayo y junio sobre la desescalada en las comunidades autónomas durante la primera ola de la pandemia de Covid-19. En concreto, los expertos que formaron parte de este comité fueron 14 técnicos del Ministerio de Sanidad: Fernando Simón, María José Sierra, Berta Suárez Rodríguez, Pello Latasa, Carmen Varela, Pilar Soler, Elena Vanessa Martínez Sánchez, Lucía García San Miguel, Oscar Pérez Olaso, Susana Monge, Carmen Olmedo, Silvia Rivera, María C. Vázquez y Paloma González Yuste; a los que hay que sumar un experto externo, el vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap), Javier Segura del Pozo.

Simón, como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), y Sierra, su “número dos” lideraban este comité. Junto a ellos, Berta Suárez es jefa de Área del CCAES; Carmen Varela es científica titular del Centro Nacional de Epidemiología (CNE); Pilar Soler es técnico superior de la Dirección General de Salud Pública; y Pello Latasa es el actual director general de Salud Pública de La Rioja pero era técnico del CCAES. Además, Elena Vanessa, Silvia Rivera y Lucía García San Miguel son técnicas del CCAES y Paloma González epidemióloga también del CCAES; Óscar Pérez y Susana Monge son médicos adscritos a este organismo; Carmen Olmedo es jefa de Área de Programas de Vacunación del Ministerio; y María C. Vázquez pertenece a la Dirección General de Salud Pública.

La mayoría de estos expertos firmaron la carta en la revista científica “The Lancet” en la que el doctor Simón defendió la gestión hecha en España y criticó la politización de la pandemia. Junto a Simón, participaron en este documento María José Sierra, Susana Monge, Berta Suárez Rodríguez, Lucía García San Miguel, Silvia Rivera Ariza, Elena Vanessa Martínez Sánchez, Óscar Pérez Olaso, Pello Latasa, Bernardo Guzmán Herrador, Lidia Redondo-Bravo, Montserrat Gamarra Villaverde y Jesús Pérez Formigó. Es decir, nueve de los 15 miembros del comité de expertos de desescalada suscribieron esa carta.

En su texto, los firmantes señalaron que han contado con expertos externos que les han asesorado a la hora de tomar decisiones estratégicas. “La colaboración entre la administración de salud pública y más de 30 sociedades científicas ha estado en curso desde enero, y expertos externos han asesorado decisiones estratégicas. Existen múltiples grupos de trabajo interterritoriales, desde niveles técnicos hasta altamente políticos, que se reúnen al menos una vez por semana, logrando un diálogo interterritorial fluido y una toma de decisiones coordinada”, afirmaron.

En la resolución dada a conocer este martes, Sanidad justifica que “la elaboración de informes técnicos de valoración de la epidemia de Covid en cada una de las CC AA durante el proceso de desescalada realizado en los meses de mayo y junio fue responsabilidad del Ministerio a través de la Dirección General de Salud Pública y, como unidad de esta Dirección General, del CCAES”. De la misma forma, argumentan que “este trabajo se realizó de forma coordinada con las Consejerías de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas y haciendo un análisis conjunto de la situación”.

Hace apenas una semana, el Ministerio respondió a la solicitud presentada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), informando al organismo sobre los expertos que elaboraron los informes del proceso de desescalada de las comunidades autónomas. Sin embargo, hasta hoy no se conocía con detalle la identidad de estos técnicos.

El pasado 30 de noviembre, el CTBG ordenó a Sanidad que, en el plazo de diez días, diera a conocer los nombres del por considerar que no se vulneraba el derecho a la protección de datos y, por contra, favorecía el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en “decisiones relevantes”. Así, daba la razón a un abogado que reclamó la intervención de Transparencia el pasado 6 de mayo, el mismo día en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos. En concreto, este abogado reclamaba a Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.

En un primer momento, Sanidad respondió al requerimiento el pasado 10 de diciembre, dentro de los diez días de plazo habilitados, en la que eludió dar a conocer los nombres del comité de expertos. El Ministerio argumentó que la propia Ley de Transparencia le obliga a pedir antes a estos expertos que se pronuncien sobre la citada solicitud de información.

La semana pasada, Sanidad otorgó a Transparencia esta información una vez que “todos los técnicos han prestado su consentimiento sin formular oposición alguna a que se suministren sus datos de carácter personal”. “Por lo que se cumpliría así la finalidad del derecho a la protección de datos de garantizar a los individuos un poder de disposición sobre sus datos protegidos”, argumentó el Ministerio.

En su comunicado, el Ministerio defendió que, negándose a publicar estos nombres, “ha buscado siempre garantizar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de unos empleados públicos que no poseen condición de alto cargo estando amparados por el artículo 14.1.h) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que garantiza el derecho a la propia imagen, a la dignidad en el trabajo y a la intimidad”.

La respuesta de Sanidad a Transparencia recoge que la elaboración de informes técnicos de valoración de la evolución de la epidemia de la COVID-19 en cada una de las CCAA durante el proceso de desescalada durante mayo y junio “fue responsabilidad del Ministerio de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública y como unidad de esta Dirección General, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias”. “Este trabajo se realizó de forma coordinada con las consejerías de Sanidad de cada una de las Comunidades Autónomas y haciendo un análisis conjunto de la situación”, justificó Sanidad.

En su respuesta al CTBG, Sanidad también esgrimió que “la elaboración de los informes técnicos generados durante el proceso fue realizada por un equipo de profesionales formado por técnicos adscritos al Ministerio de Sanidad y técnicos designados por cada una de las comunidades autónomas en el marco de sus competencias y funciones”. Asimismo, especificó que “estos técnicos trabajaron en equipo compartiendo la información disponible y revisando de forma conjunta la evaluación de la situación”.

El pasado 13 de diciembre, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reivindicó que estos expertos son “funcionarios” que tienen derecho a “proteger su intimidad”. “No tengo inconvenientes en dar los nombres pero, ¿no tiene derecho un funcionario público a ser protegido en su intimidad?”, añadió en una entrevista en el programa ‘Salvados’ de La Sexta.