El Senado ha aprobado la Ley Celaá, la novena redactada en cuarenta años de democracia, que entierra la “Ley Wert” y que ha pasado por la Cámara Baja como un “diálogo de sordos” en el que no han prosperado ninguna de las intentonas para ponerle freno por parte de PP, Cs y UPN, ni se ha incorporado ni una de las casi 700 enmiendas presentadas por PP, Izquierda Confederal, Grupo Mixto, Ciudadanos y Junts per Catalunya.

La norma ha recibido 142 síes, 112 noes y 9 abstenciones. Se aprueba tal y como vino del Congreso de los Diputados, sin mover ni una sola coma del texto legal después de que así lo hayan acordado PSOE, ERC-Bildu y PNV, que no presentaron ninguna modificación y vetaron las que se plantearon para así agilizar la ley que entrará en vigor a mediados del mes de enero. Esto ha puesto en evidencia la utilidad del Senado como Cámara de segunda lectura. Y así lo han puesto de manifiesto los senadores de distintos grupos: desde el portavoz de Vox, José Manuel Marín, hasta Eduardo Fernández Rubiño, de Más Madrid, que llegó a invitar al Gobierno a “hacer una reforma integral del Senado porque, si no, ¿qué hacemos aquí (…) Les dimos la mano en el Congreso y nos cogieron el brazo porque pensábamos que aquí íbamos a hacer modificaciones”, dijo. “Se burlan de la Constitución”, dijo el senador de Geroa Bai, Joseba Martínez. “Es vergonzoso que no se nos deje legislar, secuestran la función legislativa de esta cámara”, añadió Carles Mulet, senador por Compromís.

Diversos grupos políticos, entre ellos el Regionalista de Cantabria (PRC), pusieron el acento en las “prisas” del Gobierno por sacar adelante una ley para la que había de plazo hasta el 25 de febrero para su debate sosegado como en el hecho de que no se ha escuchado a los grupos de la oposición.

Las seis horas de debate en el Senado han girado en torno al castellano, la concertada y la educación especial como las perdedoras con esta nueva norma, según la oposición. También pierde peso la Filosofía, la Cultura clásica y el Latín en el currículo educativo, pese a los intentos que se han hecho a través de algunas enmiendas de devolverlas el protagonismo que han tenido.

Los portavoces de PP, PSOE, UPN y Vox hablaron de una ley que saldrá aprobada y que ya nace “muerta” a la vista de que ya se ha anunciado que se cambiará la ley con un cambio de gobierno y de que tanto populares como naranjas están dispuestos a recurrir al Tribunal Constitucional para desmontar la Lomloe. No obstante, el Alto Tribunal tardaría en resolver al menos dos o tres años en cuestiones que estos partidos consideran que se vulnera la Carta Magna como la supresión del castellano como lengua vehicular o la parte que afecta a la concertada en la que se considera que se vulnera la libertad de los padres para decidir la educación que quieren para sus hijos.

PP y Cs: “Una infamia”, “Se ha vendido la educación por un puñado de votos”

El Senador por el Grupo Popular Pablo Ruz, tachó la ley como “una afrenta a la libertad y contra todo lo que hemos construido” después de que no se admitieran ninguna de sus enmiendas. Pero ya advirtió de que “hemos hecho todo lo posible para parar esta infamia y lo vamos a seguir haciendo”. Más aún, llamó a los socialistas “destructores de convivencia, libertad y oposición. Pero ya avanzó que los populares tratarán de buscar un pacto educativo, lo mismo que los de Ciudadanos. La senadora de Cs Lorena Roldán criticó las prisas del Gobierno por aprobar esta ley sin haber escuchado a la comunidad educativa y que “echa para atrás la excelencia educativa y amenaza los derechos de las familias”. Culpó a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que no intervino para defender la Ley, aunque sí estuvo presente durante el debate de la Cámara, de haber suprimido el castellano como lengua vehicular y de ” vender la educación de nuestros hijos para amarrar un puñado de votos para los Presupuestos del señor Rufian” (…) ¡Detengan el rodillo!”, dijo.

UPN: “Talante bolivariano”

Alberto Catalán, de UPN, culpó a la ministra de “pasar del talante de Zapatero al bolivariano” con una ley “ataca” a la concertada, pone en peligro los centros de educación especial y se rebaja la exigencia para pasar de curso. “Pasará a los anales de la historia del sectarismo educativo y la vergüenza parlamentaria”, sentenció.

PSOE: “Se dicen mentiras”

José María Oleaga, por el PSOE, se dedicó a desgranar “las mentiras” vertidas sobre la ley y se refirió a populares y naranjas como partidos “pinocho”. El senador socialista defendió la ley Celaá porque parte de la idea de que “todos los alumnos son igualmente válidos y merecen atención y educación”, a diferencia de lo que, a su juicio, se ha hecho con la Ley Wert.

Negó cualquier ataque a la concertada “porque nosotros la pusimos en marcha” y la ley Celaá “permite que cualquier persona pueda elegir centro mientras que con la Ley Wert es el centro el que decide quien va a ir allí”. Y, en cuanto a la educación especial, aseguró que el 80% de los alumnos con discapacidad se escolarizan en centros ordinarios con lo que “la ley plantea diez años para educar mejor a personas con discapacidad en colegios ordinarios”.

En lo que concierne al castellano, defendió que “no está en peligro en ningún lugar”. Es más, aludió a que hasta el director de la Real Academia de La Lengua ha dicho que “Sánchez es, sin lugar a dudas, el que más atención ha dedicado a la Real Academia”. Es por esto por lo que pidió a la oposición que “dejen los infundios porque quieren una España uniformizada y tienen miedo a la diversidad (…) Roma locuta causa finita”, sentenció con la alocución latina.