La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento europeo ha pedido este martes una reforma del marco de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para ampliar la lista de delitos por los que se debe proceder a la extradición automática de un sospechoso si así lo reclama la Justicia de otro socio de la UE, por ejemplo para incluir acciones violentas contra la integridad constitucional en un Estado miembro.

Esta reivindicación tiene la forma de un informe de iniciativa propia que ha sido adoptado en comisión parlamentaria con 45 votos a favor, 14 en contra y nueve abstenciones y que podría someterse ya a la votación del próximo pleno de la Eurocámara, previsto del 14 al 17 de diciembre.

“El objetivo último es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión”, ha expresado el eurodiputado responsable del informe, Javier Zarzalejos (PP).

Una de las claves que defienden los eurodiputados es que la lista de 32 delitos que ya reconoce el mecanismo para proceder a una extradición automática sea ampliado, para reducir los casos en los que las autoridades deben comprobar la doble incriminación -es decir, que el delito está tipificado en los dos países implicados- antes de autorizar la ejecución de la euroorden.

A juicio de los eurodiputados, esta condición de doble incriminación mina el principio de confianza mutua entre Estados miembro y complica la aplicación de las euroórdenes, por lo que abogan por ampliar el listado de 32 delitos para incluir crímenes contra el orden público y la integridad constitucional con el uso de la violencia.

También identifican otros delitos de carácter transnacional que no se perseguían del mismo modo cuando la UE creó este instrumento hace 15 años y creen que deberían ser motivo de extradición automática, como la usurpación de identidad, crímenes de genocidio, abusos sexuales o algunos delitos medioambientales y de evasión fiscal.

La vicepresidenta de LIBE y eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, ha celebrado la adopción del informe porque sigue la línea defendida por su formación que reclama a la Comisión Europea una reforma de la euroorden para aclarar “conceptos, definiciones y se refuercen los bienes jurídicos protegidos, especialmente los relacionados con el Estado de derecho, así como los nuevos crímenes transnacionales que son producto de la transformación digital”, ha explicado en un comunicado.

Otra de las reivindicaciones que recoge el informe es reforzar el principio de reconocimiento mutuo para asegurar que un Estado miembro debe reconocer y ejecutar las OEDE emitidas por un socio de la UE, salvo en determinados casos muy específicos que se basen en criterios objetivos y no dependa de si el delito por el que se reclama al acusado sea o no delito en el Estado en el que se encuentra.

En este sentido, el ponente Javier Zarzalejos ha defendido que “un sistema de cooperación más ambicioso y más ágil entre los estados miembros, sustentado en la confianza mutua. La no aplicación de la euroorden debería ser la excepción”.

Como ejemplo, el documento recoge la jurisprudencia derivada del caso de la etarra Natividad Jáuregui recientemente extraditada a España desde Bélgica, país que rechazó varias veces entregar a la acusada y cuyos Tribunales finalmente aceptaron ejecutar este mes de noviembre la tercera euroorden emitida contra ella.

“La impunidad derivada de un rechazo infundado de ejecución de una orden de detención europea, puede tener también un impacto negativo en el Estado de Derecho, sistema judicial, en la confianza pública en las instituciones, en las propias víctimas y en la sociedad en general”, en opinión de Pagazaurtundúa.

Además, el informe parlamentario recoge también la preocupación por la falta de datos sólidos y fiables sobre el número de euroórdenes ejecutadas y denegadas en cada Estado miembro y advierten de problemas para el buen funcionamiento de este instrumento como son las condiciones desiguales de detención y prisión, la proporcionalidad, la doble representación legal o cuestiones vinculadas al Estado de derecho.