La puesta en marcha de un comité contra la desinformación para combatir las ‘fakes news’ por parte del Ejecutivo de Sánchez, ha provocado duras críticas contra PSOE y Unidas Podemos en las últimas horas. Diversos partidos políticos, así como profesionales de la información y del derecho, además de las redes sociales, se han manifestado en contra de esta nueva iniciativa y han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de estar creando un “Ministerio de la verdad”, ya que esta, advierten los expertos, podría incurrir en una clara violación del artículo 20 de la Constitución, que recoge la libertad de expresión y el derecho a la información.

El revuelo ha alcanzado tales dimensiones, que desde el Palacio de la Moncloa han tenido que salir del paso para explicar qué se busca—según sus criterios— con esta nueva medida.

En una nota hecha pública este jueves, explican que con esta nueva medida aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre y publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se busca impedir la “injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país” y que “en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones”, tal y como apuntan ciertas críticas.

Control sobre los medios

Sánchez ya había advertido desde el comienzo de su legislatura que la lucha contra las ‘fake news’ y la desinformación iba a ser una de sus prioridades, aunque no había hecho público los términos en los que esta se iba a aprobar y el fondo que iba a tener. No es tampoco la primera vez que se intenta legislar sobre este asunto. Bajo el segundo mandato de Mariano Rajoy, el Partido Popular llevó una proposición no de ley al Congreso de los Diputados en 2018 que no salió adelante, ya que solo contó con el apoyo de Ciudadanos.

No en vano, si uno entra a analizar la letra pequeña, ambos planteamientos no se diferencian tanto como intentar recalcar desde este Ejecutivo. El PP, en la medida que presentó a la Cámara Baja, buscaba luchar contra las noticias falsas por considerarlas una “amenaza” para la ciudadanía, y en el nuevo procedimiento que se ha publicado este jueves se habla de hacer frente “a los riesgos” que estas suponen para “las sociedades abiertas”. Lo único que se diferencian, por tanto, es que en 2018 Sánchez e Iglesias estaban en la oposición y ahora son socios de Gobierno.

Desde que han llegado al poder, las dos formaciones del Gobierno se han mostrado en favor de ejercer un control sobre la prensa. En 2018 Carmen Calvo ya dejó entrever su posición favorable a regular el sector de los medios, y el CIS incluyó la posibilidad de censurar a los medios en una de su preguntas en plena primera oleada de la covid-19.

La nota emitida este jueves por parte de Moncloa, sin embargo, se remite al artículo 20 de la Constitución, en la que se protege el “acceso a los ciudadanos a la información veraz y plural como uno de los pilares esencial de nuestras democracias” y justifican esta decisión en aras de dar respuesta a “la petición de la Unión Europea de desarrollar planes de nacionales coordinados contra la desinformación”. Pero realmente, a lo que Moncloa se remite es al European Democracy Action Plan, algo que todavía no se ha aprobado.

Críticas por parte de asociaciones y partidos políticos

Las críticas no se han hecho esperar y los grupos de la oposición se han mostrado horrorizados con esta nueva iniciativa. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado en las redes sociales que con esta disposición el “tirano Sánchez” instaura la censura. “El mentiroso compulsivo pretende erigirse en juez de lo que es verdad y mentira. No podrán quitarnos la libertad para señalarles con el dedo por sus mentiras y responsabilidades criminales en las elecciones, la epidemia y la ruina”, ha denunciado Abascal.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha denunciado por su parte que el Gobierno ha aprobado una orden para “vigilar” a los medios y “perseguir” lo que el gabinete de Sánchez considere “desinformación”. Los populares, además, han exigido la retirada “inmediata” de la orden ministerial que regula la puesta en marcha de este plan y han pedido en el Congreso dos comparecencias del Ejecutivo para que expliquen las razones de esta disposición.

El eurodiputado y vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons ha vuelto a insistir en que con esta ley se esté dando cumplimiento a una normativa europea, ya que “está bloqueada por la oposición del grupo socialista”.

Mientras, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha recordado que es el Código Penal es el que establece los límites a la libertad de expresión y de prensa.

Las dos principales asociaciones de periodistas también han dejado claro el rechazo a este comité. La Asociación de Medios de Información (AMI) ha advertido de que dicha medida podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución, mientras que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) opina que la disposición del BOE “deja en el aire varios aspectos importantes” que suscitan “una profunda preocupación por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo”.

La FAPE, además, recuerda al Gobierno que son los periodistas y los medios “los que deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no” y denuncia que “nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio” un comité gubernamental.

Los principales rasgos de esta medida

La disposición firmada por el Ministerio de la presidencia que dirige Carmen Calvo y que aprueba el denominado comité contra la desinformación, recoge un plan de actuación contra la desinformación a través de cuatro niveles diferentes de activación. Con esto Moncloa quiere detectar campañas de desinformación, algo puesto en duda por muchos. Esta nueva estrategia gubernamental está liderada por Iván Redondo, jefe del Gabinete de Sánchez, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación.

Según estos cuatro niveles, el primero es la detección, la alerta temprana y la notificación del problema. El segundo nivel comprende la convocatoria de la alerta y la realización de una campaña de comunicación pública sobre la desinformación, entre otras medidas. Un tercer escalón conllevaría dar información a nivel político-estratégico por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación y hacer seguimiento y evaluación de la alerta, mientras que el cuarto estadio sería la coordinación de la respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional en caso de atribución política de una campaña de desinformación a un tercer estadio.