Un juez llama como imputada a la coordinadora jurídica de Vox tras admitir una denuncia por falsedad
Una protesta impulsada por Vox en Andalucía
El Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia de un exabogado de Vox y ha imputados al grupo parlamentario en Andalucía, a su excoordinador Nicolás Gutiérrez y a la Vicesecretaria Jurídica de la formación a nivel nacional, Marta Castro, por un delito de falsedad documental ante otro órgano judicial.
El conflicto se remonta a una demanda ante un juzgado de lo Social de Madrid por el impago de 5.450 euros en honorarios al letrado de la formación en la Asamblea Andaluza Javier Martínez. Durante ese litigio, Vox argumentó que no le correspondía la liquidación puesto había sido despedido. Señalaba haberle cesado por burofax en una fecha que, de acuerdo al denunciante, no se ajusta a la realidad.
En concreto, Vox alegó que el despido tuvo efecto desde el 4 de marzo de 2020 «aunque notificado el 10 de febrero de 2020, unos días antes de presentar la demanda por despido contra el Grupo Parlamentario». Aportó un número de burofax para acreditar su afirmación.
El problema es que ese documento no contenía una carta de despido, sino una comunicación del propio Nicolás Gutiérrez que requería al abogado para que se presentase en su puesto de trabajo al día siguiente. Está fechado el 10 de febrero, de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso este diario. Hay así, dos burofaxes, pero de acuerdo a la denuncia, Vox ha hecho pasar el segundo por el primero.
«Han aportado en procedimiento judicial un documento que simula como una unidad documental la comunicación de un despido vía burofax, para inducir a creer a la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social (…) en primer lugar, que ha sido despedido con dicho documento, siendo incierto como se advera (…) y, en segundo lugar, para justificar la impugnación», dice el escrito, en relación al recurso de Vox contra el pago de esos honorarios atrasados.
La denuncia, a partir de la cual el juzgado sevillano ha incoado diligencias previas, expone que los denunciados han querido «inducir a error al Juzgado» que dirimía el pago de los honorarios con el objeto de «perjudicar» al abogado tanto en la reclamación «como en su imagen personal y profesional».
En un auto del pasado 2 de septiembre adelantado por El País y al que tuvo acceso este diario, el juez cita por videoconferencia a Castro y a Gutiérrez el próximo trece de noviembre investigados por un presunto delito de falsedad documental.
