Ancianos argentinos haciendo cola para poder cobrar.

La Justicia argentina ha obligado al estado a pagar una operación para agrandar los pechos de un jubilado de 44 años que se declara mujer. La Cámara Federal de Salta presentó la denuncia, al considerar que dicha intervención “es un derecho de la ley de identidad de género”.

La denuncia de la Cámara Federal de Salta fue la respuesta a una acción de amparo presentada por Malena, de 44 años y afiliada a la obra social de los jubilados y pensionados.

Ahora la Justicia determina que la intervención sea cubierta como parte del Plan Médico Obligatorio y en virtud de la ley que establece el derecho a la identidad de género y que fue sancionada en 2012. La Justicia sostuvo que se debe “garantizar el derecho a la salud de sus afiliados a través de acciones positivas y no meramente con el reconocimiento del derecho”.

El fallo sostiene que los fines de las obras sociales son “proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan a la mejor calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones, eliminando toda forma de discriminación”.

El caso comenzó en 2019 pasado cuando el denunciante informó al PAMI (Programa de Atención Médica Integral) que se estaba sometiendo a un tratamiento hormonal para cambiar su apariencia a la de una mujer. En ese contexto, explicó que padecía artrosis de cadera, hombros e hipoplasia mamaria bilateral. Y que frente a eso el médico le indicó la práctica de una “mastoplastía”.

Tras entregar toda la documentación que les pedían desde la obra social, los trámites se complicaban porque no tenía un especialista para esa cirugía. Tampoco autorizaron el prepuesto que presentó el cirujano para la intervención. Fue por ello que decidió acudir a la Justicia.

El PAMI respondió que había otorgado cobertura médica “real e integral” de acuerdo a la “normativa vigente”. Luego, aclaró que la demora fue debido a que no hay cirujanos plásticos en Salta. Además, dijeron que ese tipo de operación “no se encuentra incluida en el PMO y que por lo tanto – en principio – las obras sociales y otros agentes de salud no están obligados a brindarlas en forma gratuita, lo cual no significa rechazar la cobertura a la afiliada, sino explicar los motivos de una razonable demora en la coordinación de la cirugía”.

El juez federal Julio Bavio analizó el caso y consideró que la salud de la demandante se hallaba en “riesgo”. Dijo también que “la conducta de la demandada resulta arbitraria, puesto que la cirugía fue indicada en el marco de dicha ley y se encuentra incluida en el Plan Médico Obligatorio, y a pesar de ello y del tiempo transcurrido (más de un año) aún no fue autorizada por el PAMI”.

El PAMI apeló y pidió que se analizara la prueba ofrecida y se declarara la nulidad del fallo inicial porque se había lesionado su derecho de defensa.

El defensor respondió que “en el amparo el juez debe abstenerse de producir la prueba ofrecida por las partes que fuese superflua o meramente dilatoria”. Además, recordó que la ley de identidad de género y su decreto reglamentario tiene que cumplirse “toda vez que la finalidad perseguida por la actora no es otra que adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida”.

“La propia demandada reconoce que carece actualmente de cobertura sanitaria en la provincia de Salta que brinden el servicio de cirugía plástica, en el que se enmarca la solicitada por la actora”, indicaron. Pero en ese contexto, resulta arbitraria la demora de la demandada en brindar una solución a su afiliada, dado que la petición de autorización de la cirugía se realizó en septiembre de 2019.

También ordenó que el PAMI pagara las costas del juicio. La obra social podría haber apelado ante la Corte Suprema de Justicia, con un recurso más limitado. Sin embargo, no hubo más presentaciones.

En los últimos días, la afiliada estuvo en la sucursal del PAMI. Incluso, comenzaron las tareas administrativas para poder concretar la operación.

El PAMI es una obra social históricamente saqueada por el poder político de turno. Miles de jubilados se quejan día a día de la falta de atención, cobertura y demora de varios meses para conseguir turnos. La obra social estatal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y manejada por La Campora, esta totalmente desfinanciada y suele ofrecer pésimos servicios para la gente común.