La ocupación ilegal ha tomado cariz de epidemia. La difícil coyuntura económica que amenaza a miles de familias con dejarles cerca de la exclusión social no puede ser la coartada del populismo para seguir jaleando la okupación travistiéndola de conquista social, porque nada hay de eso en arrebatar a otro lo que legítimamente es suyo. El problema se agrava cuando desde tantos ámbitos de la izquierda afín al Gobierno, en lugar de plantear soluciones a un problema que preocupa a la mayoría de españoles, se dedican a justificar los asaltos a la propiedad privada basándose en prejuicios tramposos.

La oposición ha reclamado con insistencia endurecer la legislación y aplicar más acción y menos verborrea, proponiendo un marco legal que permita a los propietarios recuperar sus casas en el menor tiempo posible. Pero, de nuevo, lo que encuentran enfrente es la inacción de un Ejecutivo que tiene en una mano la pancarta y en otra la idea de una «conquista social» tan perniciosa como contraproducente. Y esa falta de medidas puede tener consecuencias imprevisibles: en determinados barrios de España, donde la okupación se ha convertido en norma, muchos vecinos pueden decidir tomarse la justicia por su mano ante la ceguera dogmática de las instituciones.

Algunos de esos casos los denunciamos hoy en estas páginas y van desde pueblos convertidos en rehenes de los okupas hasta alcaldes que han tenido que llevar escolta para evitar males mayores ante las continuas amenazas de los usurpadores violentos. Más allá de la intimidación y degradación a la que someten los okupas al resto de la comunidad, el drama de que no se respete un derecho tan fundamental como la propiedad privada -el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo recoge- deja tras de sí un reguero de familias arruinadas por tener que gastar altas sumas en recuperar algo que ya era de su propiedad.

Por mucho que los falsarios mantras progresistas traten de justificar estos actos por causa de pobreza social o dificultad de acceso a la vivienda -hechos reales que hay que atajar, pero jamás deben vincularse a la ocupación ilegal- la realidad es que detrás de los ataques contra la propiedad se esconden mafias que operan únicamente en su beneficio. Solo en Madrid, según datos oficiales de hace un par de ejercicios, el 75% de las okupaciones eran cometidas por grupos organizados.

Delincuentes que se aprovechan de la complicidad buenista y pueril de los gobiernos presuntamente progresistas para hacer del drama de la gente en riesgo de exclusión un negocio.

¿Cataluña, la zona de España con más ocupaciones ilegales?

En los últimos meses se ha incrementado el número de casos en cuanto a las ocupaciones ilegales, también en el último año y, sobre todo, en algunas ciudades españolas, que encabezan el ránking de los lugares donde se llevan a cabo más okupaciones. Más de 10.000 hasta el mes de julio.

Con diferencia, Cataluña es la zona de España donde más ocupaciones ilegales se producen, siendo Barcelona la ciudad que encabeza el ránking, según muestran los datos del Ministerio del Interior, recogidos por el portal inmobiliario Idealista.

Así, en los primeros seis meses del año 2020, se ocuparon de forma ilegal un total de 3.611 viviendas en Cataluña, 421 más que en todo el 2019. A esta comunidad le sigue Andalucía, donde se produjeron en los primeros seis meses del año un total de 1.183 okupaciones.

En la Comunidad de Madrid el número de ocupaciones ilegales en ese mismo periodo de tiempo es de 657, una cifra muy inferior a de Cataluña. Después, le sigue Valencia con 566 y Castilla La Mancha, donde se produjeron 296 okupaciones.

Así, Cataluña se sitúa como el lugar donde más ocupaciones se han producido, una gran parte de ellas en una ciudad concreta, Barcelona, donde han tenido lugar 2.644 usurpaciones ilegales.

Estos datos podrían ser mayores, ya que en ellos no se contemplan las okupaciones que no han sido denunciadas. Así, se han podido producir aún más usurpaciones ilegales y que los propietarios hayan optado por no denunciar y acudir a vías más rápidas, como contratar los servicios de empresas privadas de desokupaciones.