ED.- Vox no logra detener la sangría de bajas en sus filas. Desde que se inició el año, el partido de extrema derecha de Santiago Abascal ha visto cómo se han ido marchado responsables orgánicos e importantes cargos públicos que salieron electos en las pasadas elecciones autonómicas y municipales. El desfile de abandonos –o, en algunos casos, de expulsiones– ha sido incesante desde que la formación –tercera fuerza en el Congreso– inició su expansión nacional. El partido ha tenido que afrontar rencillas y peleas internas por el poder, así como acusaciones de “irregularidades” en la gestión de los fondos públicos que recibe.

Algunos de estos disidentes han terminado impulsando un nuevo proyecto denominado TÚPatria, en cuya cúpula figuran más de media docena de antiguos cargos de Vox, empezando por la presidenta, Carmen Gomis, que fue vocal de la Comisión Ejecutiva Nacional y secretaria provincial de Vox en Alicante hasta marzo de 2019.

El miércoles pasado este grupo hizo su presentación en sociedad en un hotel madrileño. En el acto desvelaron los nombres de la Comisión Ejecutiva Nacional en la que figuran José Carlos Rúa, expresidente de Vox León; Carlos García, expresidente de Vox Jaén y exvicesecretario nacional de Organización; Ricardo Baña, expresidente de Vox Canarias; Antonio Lorenzo, excoordinador de Benidorm y exvicesecretario de Recursos de Alicante; Soledad Feases, expresidenta de Vox Teruel; Pedro Gómez, exvicesecretario nacional de Seguridad –-responsable de la seguridad de Javier Ortega Smith–, y Ramiro Téllez, expresidente de Vox Almería. Todos ellos dejaron el partido de Abascal descontentos con la deriva “antidemocrática” y “autoritaria” por la que creen que se está deslizando la formación.

Carmen Gomis, a la izquierda de la imagen, una de las fundadoras del nuevo partido, junto a Santiago Abascal

El desfile de conflictos internos de este año lo inauguró en enero Alejandro Vélez, el único concejal que logró Vox en la alcaldía de Badajoz, en donde son socios del PP y Ciudadanos. El edil se negó a acatar la expulsión del partido decretada por la dirección nacional alegando que era “antirreglamentaria”, por lo que la recurrió judicialmente. El partido pidió a Vélez que devolviera su acta por contradecir sus directrices en torno a la contratación de asesores sin permiso de la dirección nacional. Vélez hizo oídos sordos a tal sugerencia pese a que el Comité de Garantías ratificó su expulsión definitiva de la formación de extrema derecha.

Poco después a Abascal le llegó un nuevo mazazo: la marcha de la que fue cabeza de lista por Almería y diputada en el Parlamento andaluz, Luz Belinda Rodríguez, que dio un portazo al partido y se fue al grupo de ‘no adscritos’ acusando a sus compañeros de “misoginia” y “falta de democracia interna”. Meses después –en marzo–, Rodríguez confirmaba a elDiario.es que se sumaba “como independiente” al proyecto de Falange Española de las Jons, la organización fundada por José Antonio Primo de Rivera.

A la dirección le dolió más el caso de Sevilla, donde la presidenta de Vox, María José Piñero, próxima al juez Serrano, dimitió el pasado mes de febrero tras acusar a la dirección de “jugar irregularmente con los recursos de los afiliados” a los que les envió una dura carta asegurando que la Ejecutiva “había creado una estructura paralela dentro del partido al margen de los militantes”. Pese a ello, Piñero conserva su acta de parlamentaria.

Con todo, la espantada más sonada en Andalucía ha sido la que ha protagonizado a principios del mes de julio el propio juez Francisco Serrano, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas de 2018 y hasta ahora presidente del Grupo Vox en el Parlamento andaluz. El polémico juez –que está en excedencia– presentó su baja del partido tras conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía se había querellado contra él por un supuesto delito de fraude en las subvenciones por una ayuda pública de 2,5 millones percibida en 2016.

Tras su marcha, Serrano aseguró que tomaba esa decisión “para evitar que la necesaria labor de regeneración que necesita Andalucía y que abandera Vox se vea manchada por las acusaciones” de las que decía estar “siendo víctima”. Al igual que Belinda Rodríguez, Serrano se ha quedado con su acta y ha recalado en el grupo de ‘no adscritos’. Pese a la salida de ambos diputados de Vox, la mayoría que suman PP y Ciudadanos en el Parlamento regional se mantienen el resto de diputados de Vox.

Otro de los focos de conflicto en la formación de extrema derecha hay que situarlo en Murcia, donde el partido decidió primero suspender de militancia a tres de sus cuatro diputados en la Asamblea regional y, después, expulsarlos. Se trata de Juan José Liarte, portavoz del grupo; Francisco Carrera, y Mabel Campuzano. El motivo de esta decisión fue el haber decidido “de manera unilateral” el despido de varios trabajadores del grupo y de haberse hecho con el control de las cuentas tras eliminar de ellas a dirigentes nacionales. El único diputado que se mantuvo en su cargo fue Pascual Salvador, que no apoyó la decisión adoptada por sus compañeros sin consultar con Madrid.

Vox Murcia, no obstante, tiene un largo historial de desencuentros. El pasado mes de abril, en plena pandemia, Alba Peña, miembro de la gestora que pilotaba Vox Murcia, abandonó la formación después de que la Ejecutiva regional dimitiera en bloque tras el 10N por “exceso de trabajo”. Según denunció, el partido se está “destruyendo en toda España”. “Llevo ya meses aguantando por compañerismo y por negarme a aceptar que este proyecto, al que tantas horas robaba a mi familia, tanto esfuerzo, tanta ilusión y tanto dinero me ha costado, se ha convertido en una organización donde al que discrepa se le expulsa”, declaró a la prensa regional. A finales de junio, Pascual Salvador, el único diputado fiel a Abascal que quedaba en Murcia, pidió disolver el grupo de Vox en la Asamblea regional.

En Valencia también han afrontado problemas. La formación de extrema derecha vio con agrado hace dos semanas cómo la Fiscalía Provincial de Valencia archivó la denuncia por supuesta financiación ilegal que presentó el 8 de julio una exadministrativa del partido, que alegaba que la formación había recibido donaciones ilegales infringiendo la regulación sobre financiación de los partidos políticos. La denuncia, ratificada por un grupo de militantes de Elche y El Campello, señalaba a los responsables del partido en Valencia, Jose María Llanos y Joaquín Díaz, a los que acusaba de mantener “una caja B” para pagar los gastos diarios en comidas, viajes y eventos. La Fiscalía, sin embargo, consideró que en la información aportada en la denuncia “no se observa ninguna irregularidad con relevancia penal” y el caso ha quedado zanjado.

Meses antes, en Castellón, el responsable de Organización, David Muñoz, había abandonado el acta de diputado en Les Corts –que había logrado en las elecciones en abril de 2019– alegando “motivos personales” para volver a la docencia. Antes de irse dejó colocada a su mujer, Maria Ángeles Escribano, como administrativa en el grupo parlamentario.

El Torrevieja (Alicante), la portavoz y concejala de Vox, Carolina Vigara, anunció a primeros de julio que dejaba sus cargos por “problemas de salud”. También renunció a su acta el número dos del grupo, Juan Carlos Ramos. Sin embargo, hace unos días Vigara cambió de opinión y dijo que se quedaba, decisión que algunos compañeros ligaron a los fuertes rumores de que se marchaba por las presuntas irregularidades en la gestión económica del grupo, algo que la edil desmintió tajantemente. Vigara es la única edil de Vox en Torrevieja y tiene dedicación exclusiva como portavoz municipal, por lo que cobra un sueldo de 3.000 euros mensuales, según han desvelado fuentes del consistorio.

En la localidad alicantina de Elda, José Mateo, el único concejal que tenía la formación de extrema derecha en este Ayuntamiento, sí que materializó su marcha y dejó a Vox sin representación municipal al pasarse al grupo de ‘no adscritos’.