Desde que el pasado ocho de julio la Fiscalía del Tribunal Supremo decidiera abrir una investigación para determinar posibles irregularidades derivadas de la construcción del AVE que une Medina y La Meca, en Arabia Saudí, “al resultar de las mismas que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces Rey, D. Juan Carlos de Borbón”, los hechos se han sucedido a tal velocidad que en apenas 26 días el Rey emérito ha decidido trasladarse a vivir fuera de España. En concreto, se trata de esclarecer, en primer lugar, si Don Juan Carlos recibió una donación de 100 millones de dólares por parte del monarca de Arabia Saudí, y si, en ese caso, cumplió con las obligaciones tributarias. El Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos Campos, es quien lleva directamente la investigación, que tiene como núcleo central estos hechos, sucedidos en 2011, apoyado por otros tres fiscales especialistas también en delitos económicos.

En todo caso, esa investigación sólo puede afectar a hechos sucedidos a partir de junio de 2014, fecha en que abdicó en favor su hijo, toda vez que hasta entonces gozaba de la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.

Las pesquisas no concretan ningún delito que se pudiese concreto que se le pudiese imputaral Rey emérito, pero en la relación de hechos de Anticorrupción se apunta a un presunto delito de fraude fiscal y otro de blanqueo derivado de ese supuesto cobro de comisiones de esa obra, aunque éstas, en todo caso y de haberse producido, no se investigarían porque quedarían dentro de los años de su reinado y, por tanto, estaba protegido por la inviolabilidad. Por ello, lo que centraría las pesquisas serían los hechos posteriores, es decir, lo que hubiese sucedido con esas comisiones a partir de junio de 2014, si es que se comprueba que las recibió, algo que está pendiente de determinarse. Es decir, si los intereses generados por ese dinero derivó en una cuota defraudada de más de 120.000 euros al año, que es el mínimo establecido para el delito fiscal, siempre que no haya prescrito.

El pasado mes de marzo, la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, antes de remitir todas la investigación a la del Tribunal Supremo, reclamó a las autoridades suizas todo lo relacionado con la investigación abierta en el país helvético relacionada también sobre el supuesto pago de comisiones millonarias pagadas por Arabia Saudí y entre cuyos beneficiarios podría estar Don Juan Carlos, quien, a su vez, habría realizado también una supuesta donación de 65 millones de euros a su amiga Corinna zu-Sayn-Wittgenstein, según señaló entonces el abogado de esta; una donación que, según manifestó entonces el abogado de la amiga del Rey emérito era un “regalo” para ella y su hijo por el “cariño” que les tenía, pero lo desvinculó tajantemente de las supuestas comisiones por la adjudicación a una UTE española para la construcción del AVE a La Meca.

Entre la documentación que obra ya en poder de la Fiscalía del Tribunal Supremo figura el acta del acuerdo privado de marzo de 2011 que le implicaría en gestión de la estructura «offshore» con la que el Rey Juan Carlos habría ocultado presuntamente los 64,8 millones que le habría entregado el rey de Arabia Saudí.

Su marcha de España no afecta a la investigación judicial

La decisión de abandonar España, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, no va a tener ningún tipo de influencia en el devenir del proceso judicial. Si se considera que, tras la investigación pertinente, hay indicios suficientes para abrir un procedimiento penal se hará, “con independencia del lugar donde tenga su residencia en ese momento”. Por tanto, su salida de España no conllevará ningún cambio de rumbo en la investigación del proceso.

De esta forma, si la Fiscalía entiende que es imprescindible tomar declaración a Don Juan Carlos, éste no tendría más remedio que comparecer, ante ello no implica que tuviese que regresar a España, ya que podría hacerlo por videoconferencia desde el lugar donde tenga establecida su residencia.

Todo comenzó con “Carol”

Las actuaciones judiciales que han terminado con Don Juan Carlos fuera de España comenzaron en España con una de las piezas, “Carol”, del inagotable “caso Tándem” que llevó a la cárcel al ex comisario José Manuel Villarejo en noviembre de 2017. Con el punto de mira en los encargos que habría hecho Corinna Larsen al ex mando policial, los audios de las conversaciones grabadas por Villarejo -sobre todo de una reunión que mantuvo en Londres en 2015 con la que fuera amiga íntima del Rey emérito- trasladaron el foco a los supuestos negocios opacos de Don Juan Carlos, en los que según ella habría actuado como testaferro.

En el trasfondo de esa polémica, el supuesto pago de comisiones por las obras del AVE a la Meca en 2011 y los 65 millones de euros que el Rey emérito tenía en una cuenta suiza a nombre de la fundación panameña Lucum -según el monarca proveniente de una donación del rey Abdalá de Arabia Saudí- y que Don Juan Carlos terminó donando a su vez a Corinna Larsen en 2012 tras la polémica por su cacería en Botswana.

La investigación se puso en marcha el 17 de julio de 2018 pero su instrucción fue efímera pues el juez Diego de Egea la cerró el 7 de septiembre de ese mismo año después de que la Fiscalía considerase “extraordinariamente débiles” los indicios sobre una hipotética intervención del Rey emérito en el pago de comisiones por las obras del Ave de Medina a la Meca. Asimismo, el Ministerio Público concluyó que en todo caso los hechos investigados no serían perseguibles penalmente por estar amparados por la inviolabilidad del soberano.

A partir de ese momento, la investigación sobre el presunto pago de comisiones quedó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, hasta que el pasado junio se focalizó en el Tribunal Supremo (ante el que Don Juan Carlos está aforado por los hechos cometidos con posterioridad a su abdicación en junio de 2014).

En estos momentos, el fiscal especializado en delitos económicos Juan Ignacio Campos debe discernir si hay indicios delictivos suficientes para investigar al padre de Felipe VI. Pero tiene que esclarcer la existencia de posibles delitos de blanqueo y tributarios únicamente a partir de junio de 2014, fecha de la abdicación.

Pero ha sido la investigación abierta en Suiza la que ha provocado que las consecuencias judiciales se hayan precipitad. En el país helvético, la Fiscalía considera que el beneficiario de la cuenta de la fundación panameña Lucum -admnistrada por los gestores de fortunas Arturo Fasana y Dante Canónica- que recibió los 100 millones de dólares del monarca saudí era Don Juan Carlos.

Por lo pronto, tras el intercambio de información con Suiza (que reclamó los audios grabados por Villarejo), el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó el pasado julio la reapertura de la “pieza Carol”, en el marco de la cual Corinna Larsen declarará como imputada el próximo 8 de septiembre por encargar supuestamente a Villarejo la obtención de forma ilícita de datos de una asistente personal suya de la que sospechaba que estaba “filtrando información referente a su vida privada”.

En los registros del domicilio de Rafael Redondo, ex socio de Villarejo en el Grupo Cenyt, se halló dentro de un disco duro una carpeta, “Partners” con subcarpeta “Carol”, de cuyo contenido se desprendía “unos tratos previos” entre Villarejo y Corinna en relación a un posible encargo) y que incluía, entre otros, un documento word “notas reunión”, un audio entre Villarejo y Corinna, cuatro más de la entrevista entre ambos y el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga en Londres en 2015 y otro archivo de audio de una entrevista entre Redondo y Corinna de 1 hora y 57 minutos.

La reunión clave de Villarejo y Corinna en Londres

Villarejo grabó la conversación que mantuvo en Londres con la ex amiga íntima del Rey en 2015. En ese encuentro, Corinna Larsen se refirió a las cuentas del Rey emérito en Suiza, al supuesto cobro de comisiones y a las amenazas que, según ella, habría recibido del entonces responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, y a las que se refirió el ex comisario en una entrevista en La Sexta, por lo que se sentará en el banquillo el próximo septiembre acusado de calumnias a Sanz Roldán.

En su declaración ante el juez De Egea, Villarejo dijo que acudió a esa cita “por orden del Estado” para “arreglar” los “problemas” del Rey emérito con Corinna Larsen, quien en un acta notarial manifestó que fue en una reunión en un hotel de Londres el 5 de mayo de 2012 cuando el director del CNI le habría amenazado asegurándole que «no podía garantizar mi seguridad física ni la de mis hijos» salvo que siguiera sus «instrucciones», entre ellas que «no hablara con los medios».

Tres años después, según su versión, se reunió con Villarejo a instancias de su «entonces gran amigo» Villalonga y le reveló «la historia de las amenazas del general Roldán» sin saber que la conversación «estaba siendo grabada de forma secreta» por el ex comisario. Según Corinna, Villalonga le advirtió de la existencia de «una trama dentro del CNI» para implicarle falsamente «en actividades delictivas en España» en relación con un fondo hispanosaudí, instándole a reunirse con Villarejo «porque tenía información sobre esa trama» y podía ayudarle. «Sentí que no tenía ninguna otra opción», se justificó.

En un comunicado del pasado abril, Villarejo -que responsabiliza a Sanz Roldán de los problemas que han acarreado a la Corona la difusión de sus conversaciones con Corina- aseguró que desde julio de 2018 “han sido sistemáticos” los “chantajes” que le habrían ofrecido “para que hable de Juan Carlos I, contra su figura y su trayectoria y su proyección fuera de España, a cambio de mi libertad”. “Aunque ello hace que permanezca en prisión, jamás declararé contra la Corona ni en la Audiencia Nacional, ni en Suiza, ni en el Reino Unido, ni donde los podemitas y sus fiscales afines estén actuando”, afirmó.