Santiago Molina García (prólogo al libro “Estudios Universitarios en Aragón”, de Ramiro Grau Morancho).- El eminente jurista y amigo mío, Ramiro Grau, me ha pedido que le escriba unas reflexiones sobre la Universidad de Zaragoza, a modo de prólogo de este libro que el lector tiene ahora en sus manos. Él, igual que yo, ha sido víctima del sectarismo del grupo sociopolítico que controla esta universidad de forma ininterrumpida desde la transición democrática española, sobrevenida en la segunda mitad de la década de los años setenta del siglo pasado. Por eso, a nadie le debería extrañar que tanto el autor del libro como el autor de este prólogo seamos severos a la hora de analizar lo que ha sido la Universidad de Zaragoza en el período histórico que abarca esta obra.

Pienso que un período histórico no puede entenderse sin relacionarlo con el período anterior. Por ello, me voy a permitir la licencia de comenzar mi análisis con dos citas que se refieren a la situación de las universidades públicas españolas durante la dictadura franquista.

El profesor Amando de Miguel (1973, págs. 175-176) afirma: “La universidad española de la posguerra, con sus proyectos imperiales, confesionales, sacrales casi, ha fenecido, si es que alguna vez pasó de proyecto…No podía tener viabilidad una institución llamada Universidad, que en el mundo se asentaba sobre los conceptos del liberalismo, la secularización, la razón, la ciencia, incompatibles con los intereses de las fuerzas más conservadoras del régimen español, que han sido precisamente las que han dominado las directrices de la política educativa”.

Por su parte, el profesor Antonio Tovar (1968, págs. 85-86) cita estos dos ejemplos para demostrar el caciquismo que imperaba en la universidad española durante el período franquista. “El doctor Castillo Nicolau, prestigioso biólogo residente en Nueva York, se presentó a una plaza de adjunto en una universidad española, pero tuvo la mala suerte de que a la misma concurriera el profesor ayudante que daba las clases del catedrático de la asignatura siempre que éste faltaba: un joven e indocto recién doctorado, que fue quien obtuvo la plaza. El otro caso corresponde al doctor Rodríguez Delgado, prestigioso profesor de la Universidad de Yale, quien decidió presentarse en el año 1957, a una cátedra de Fisiología en las Universidades de Sevilla y de Zaragoza, sin saber que dichas cátedras tenían unos destinatarios asignados.

En esta ocasión, ante el temor de que el escándalo fuera imprevisible, el tribunal fue dejando correr el tiempo, ya que sus miembros sabían que el doctor Rodríguez Delgado tenía que regresar a su puesto de la Universidad de Yale. Cuando el prestigioso profesor e investigador regresó a América, el tribunal aprovechó la ocasión para dar las plazas a los candidatos previstos”.

Con la llegada de la democracia a nuestro país, después de la muerte del general Franco acaecida en el año 1975, el número de universidades españolas ha aumentado de manera espectacular e irresponsable, tal y como muestran estas cifras, extraídas de los anuarios que publica el Ministerio de Educación de forma regular: Al inicio del año 1976 había 28 universidades y al finalizar el año 2018 había 87 (el aumento supone un 210,7%). En cambio, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 1976 España tenía 35.946.425 habitantes y al finalizar el año 2018 la población ascendía a 46.934.632 personas (el aumento supone un 30,5%). Sin embargo, desde el punto de vista del compadreo endogámico a la hora de seleccionar al profesorado, la situación es idéntica a la que se producía en el período predemocrático.

Cuando en el año 1982 el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones generales con mayoría absoluta, una de las primeras medidas legales que tomó fue la aprobación de una nueva Ley de Reforma Universitaria (1983). Como era de esperar, dado el deterioro de la universidad española de la época franquista, el segmento de la sociedad española más preocupado por la universidad apoyó sin ningún remilgo la elaboración de dicha ley.

Sin embargo, cuando se dio a conocer el contenido de la misma, la frustración del segmento social no socialista fue mayúscula. No voy a analizar detalladamente el mal que causó ese precepto legislativo a las universidades españolas, ya que lo hice en mi libro titulado “La universidad democráticamente masificada (2001). Lo vergonzoso es que, a pesar del enorme destrozo causado a la universidad española por esa ley (destrozo demostrado por todos los investigadores no socialistas que han analizado rigurosamente este período), todavía hoy (es decir, treinta y seis años más tarde) ningún partido político se haya atrevido a desmontarla total y absolutamente, sino que por el contrario se han limitado a hacerle retoques para que pareciera que algo cambiaba cuando en realidad todo seguía lo mismo.

El terrible efecto que esa ley (radicalmente endogámica y sectaria) ha tenido en la Universidad de Zaragoza ha sido semejante al que causó en el resto de universidades públicas, aunque la casuística es distinta de una a otra universidad. En La Universidad de Zaragoza se hizo con el poder un grupo de presión integrado por profesores del partido comunista y socialista, junto con sindicalistas de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores, denominado “Colectivo”. Un colega mío, hoy ya jubilado, catedrático de Filosofía del Derecho y antiguo militante de un grupo político situado más a la izquierda del Partido Socialista, me dijo una vez que pensó que se había equivocado de dirección cuando un determinado día fue a las Prensas Universitarias de Zaragoza y a las instalaciones de copistería. Cuando vio quienes ocupaban los puestos de trabajo, creyó que había ido a la sede del partido comunista de Aragón, ya que tanto la dirección como los trabajadores eran cualificados dirigentes de dicho partido.

Si ese hubiera sido el único ejemplo de sectarismo ideológico y político en la selección de los trabajadores y en la designación de altos cargos, podría causar estupor, pero no preocupación. El problema radica en que ese sectarismo también se produjo en la selección del profesorado. Obviamente, podría citar aquí centenares de ejemplos, pero no lo haré por no hacer este prólogo demasiado extenso (bastantes de esos ejemplos pueden leerse en mi libro titulado “La universidad democráticamente masificada”). Hay un ejemplo paradigmático de hasta donde llegó ese sectarismo endogámico e ideológico en la contratación del profesorado, que es el de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales (actualmente Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo). La politizada situación de dicha Escuela Universitaria en sus inicios la conoce mucho mejor que yo Ramiro Grau. Pienso que si él no ha querido relatarla a lo largo de las páginas de este importante libro que estoy prologando, no debo hacerlo yo. En algunos otros centros, como es el caso de la Oficina de Transferencia de la Investigación, el sectarismo no fue solo de tipo político, sino también de tipo familiar. Siempre me he preguntado cómo es posible que, a pesar de la ineficacia y del improductivo gasto que implica la OTRI, todavía exista, o que incluso haya servido como plataforma para que algunos de sus dirigentes hayan conseguido poltronas muy sustanciosas en los equipos rectorales y hasta en la oficina que la Universidad de Zaragoza tiene en Bruselas.

Es evidente que el famoso “Colectivo” hoy no tiene tanta fuerza y poder como el que tuvo en el inicio de la década de los años ochenta del pasado siglo, ya que ha tenido que pactar con algún que otro grupo de presión del profesorado para seguir controlando el equipo rectoral. Sin embargo, aunque parezca raro, todos los rectores desde entonces hasta hoy han pertenecido y continúan perteneciendo a ese grupo de presión. Yo me temo que en todas las restantes universidades públicas españolas habrá pasado algo semejante a lo ocurrido en la Universidad de Zaragoza, ya que la vetusta ley socialista de la reforma universitaria es la que propicia ese sectarismo endogámico.

Un ejemplo de que ello es así es que de no haber sido por el apoyo que dicha ley propicia a los profesores más corruptos (por supuesto, siempre que sean socialistas o comunistas), no se hubiera producido el escándalo de la beca del político Iñigo Errejón en la Universidad de Málaga. En contra de lo que dicta el sentido común y la decencia social, el rectorado de la Universidad de Málaga ni siquiera ha expedientado al catedrático, perteneciente al mismo partido político al que en aquel momento pertenecía el señor Errejón (entonces pertenecía a Podemos y hoy pertenece a Más País), por haber consentido que el becario incumpliera todas las obligaciones que le imponía su contrato.

REFERENCIAS:

DE MIGUEL, M. (1973): Diagnóstico de la Universidad. Madrid, Ed. Guadarrama.
LATORRE, A. (1964): Universidad y Sociedad. Barcelona, Ed. Ariel.
MOLINA, S. (2001): La universidad democráticamente masificada. Zaragoza, Mira Editores.
TOVAR, A. (1968): Universidad y Educación de Masas. Barcelona, Ed. Ariel.

*Santiago Molina García es catedrático de Pedagogía y Educación Especial, jubilado, de la Universidad de Zaragoza.