Trudeau, en el centro de la imagen.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, compareció este viernes ante él comité parlamentario para intentar evitar que el creciente escándalo de conflicto de intereses que afecta directamente a su familia hunda su Gobierno y provoque una moción de censura.

Trudeau pasó 90 minutos sometido a un aluvión de preguntas por parte de los diputados sobre la decisión de su Gobierno de conceder un multimillonario contrato a una organización sin ánimo de lucro, WE Charity, con vínculos al gobernante Partido Liberal y que ha contratado y pagado a la madre, hermano y esposa del primer ministro para participar en «eventos».

Trudeau, que ha reconocido que tendría que haberse recusado de la decisión para conceder a WE Charity el contrato para la gestión de un programa de 900 millones de dólares canadienses (670 millones de dólares estadounidenses), defendió una y otra vez que la organización no recibió un trato favorable por su relación con su familia.

Trudeau volvió a entonar un «mea culpa» pero no por el supuesto conflicto de intereses en el que incurrió sino por la «percepción».

«No estaba en una posición de conflicto de intereses. Me disculpé por la percepción de los lazos con mi familia. Me debería haber recusado», dijo.

Y añadió: «Sí, ahora me doy cuenta que me debería haber recusado».

Trudeau se negó a contestar cuánto dinero su familia ha recibido de WE Charity por su participación en eventos de la organización que se dedica al desarrollo de oportunidades para jóvenes. Pero medios de comunicación han señalado que la cifra en total puede rondar los 300.000 dólares canadienses, unos 224.000 dólares estadounidenses.

Aunque es inusual en el mundo político canadiense que un primer ministro comparezca ante comités parlamentarios porque no tienen la capacidad de forzar su presencia, la presencia de Trudeau en vez de apaciguar la tormenta que se inició hace cuatro semanas agitó aún más las aguas.

Los partidos de la oposición rápidamente subrayaron posibles contradicciones en el testimonio de Trudeau y de su jefa de Gabinete, Katie Telford, quien también compareció ante el comité después de la aparición del primer ministro.

Trudeau no tenía más remedio que presentarse ante los diputados del comité de Finanzas del Parlamento canadiense porque es la tercera vez que es investigado por el comisario de Ética del Parlamento por conflictos de intereses.

Pero, lo que es más importante, las encuestas señalan que el escándalo está empezando a minar su apoyo entre los electores.

Y eso es algo que Trudeau y los liberales no se pueden permitir porque en la elecciones de octubre de 2019 perdieron la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Los liberales sólo tienen 156 de los 338 escaños de los Comunes, lo que permitiría a los tres principales partidos de la oposición presentar y ganar una moción de censura.

Hasta ahora, ni el Partido Conservador (PC) ni el soberanista Bloque Quebequés (BQ) ni el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) tenían apetito para unas elecciones anticipadas porque la gestión de la crisis de la COVID-19 había impulsado a Trudeau y los liberales en las encuestas.

Pero desde el estallido del escándalo de WE Charity, los números del primer ministo y sus copartidarios han empezado a caer.

Una encuesta de la empresa Abacus Data dada a conocer hoy señala que los liberales en estos momentos sólo tienen una ventaja de 4 puntos porcentuales sobre los conservadores, cuando hace un mes la diferencia era de 11 puntos a favor del partido de Trudeau.

Según los datos de Abacus, un 34 % de los encuestados están dispuestos a votar a los liberales de Trudeau, mientras que un 30 % apoya a los conservadores y un 17 % al NPD. El apoyo al BQ se mantiene de forma estable entorno al 8 % en el computo nacional.

Y los que aprueban la gestión del Gobierno de Trudeau han pasado del 58 % el 20 de mayo al 44 % el 20 de julio.

Los analistas políticos advierten que si la hemorragia de apoyo a Trudeau y los liberales se mantiene a este ritmo como consecuencia del escándalo de WE Charity, los partidos de la oposición tendrán el incentivo que necesitan para derribar al Gobierno.