Tras ocho días de investigación e interrogatorios, la policía detuvo y encarceló el sábado al autor del atroz incendio de la catedral de Saint-Pierre-et-Saint-Paul, de Nantes, el día 18 pasado, un ruandés de 39 años, que llevaba varios años colaborando con la jerarquía religiosa local, esperando conseguir un estatuto definitivo de refugiado.

Tras su confesión, completa, la fiscalía del Tribunal de Nantes (310.000 habitantes, en la región de Pays de la Loire, departamento Loire-Atlantique) ha inculpado al ruandés por los delitos de destrucciones y degradaciones a través de un incendio voluntario. Tratándose del incendio de uno de los más grandes monumentos nacionales se trata de un delito de la más alta gravedad.

La jerarquía religiosa local comenzó por confiar y apoyar las primeras declaraciones del ruandés, que había sido recogido hace varios años, ofreciéndole trabajo, aceptándolo como colaborador durante la celebración de ceremonias religiosas, incluso confiándole las llaves de la catedral. Confianza trágica: el aspirante a refugiado fue la última persona que estuvo en la catedral, antes del incendio, aprovechando tal oportunidad para consumar su fechoría, por razones que deberá esclarecer la justicia.

Conocida la detención y encarcelamiento del ruandés de 39 años, la jerarquía religiosa hizo público este comunicado:

«La diócesis desea que se haga toda la luz y confía en la justicia. Para no interferir en la investigación judicial, no se hará ningún comentario sobre tal proceso».

El abogado del autor de la fechoría avanza un «acto de locura», comentado: «Mi cliente está corroído por la culpa y la vergüenza. Su confesión ha sido para él una liberación».

La policía judicial deberá intentar averiguar si el incendio de la catedral de Nantes fue un acto de «locura» o una «venganza criminal».

El ruandés encarcelado llevaba varios años esperando conseguir la documentación y el estatuto de refugiado. La administración «tardaba» en atender esa demanda. Algunos testigos afirman que el autor del incendio «vivía mal» esa situación, dejándose llevar de «reiterados estallidos de cólera».

El incendio de un monumento histórico, en este caso, pudiera castigarse con diez años de cárcel y 150.000 euros de multa.