Marlaska saluda a la bandera durante un acto de la Guardia Civil en una imagen de archivo

La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil detuvo ayer al coronel Juan Antonio Maroto Gil, al teniente coronel Alberto Martín Altube, ambos mandos del Servicio de Contratación de la Dirección General de la Guardia Civil, y a un subteniente por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones de contratos públicos. Junto a ellos se arrestó a otras cinco personas en el marco de la operación Grapa, que en 2017 destapó una red acusada de amañar contratos públicos tanto en la Policía como en la Dirección General de Tráfico (DGT). En octubre de ese año fueron detenidas una quincena de personas, la mitad funcionarios públicos.

La investigación, dirigida por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado y el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, se centra ahora en el amaño de concursos públicos en la Dirección General de la Guardia Civil donde se ha descubierto la connivencia entre un grupo de funcionarios públicos con empresas beneficiarias de las adjudicaciones. Las pesquisas han destapado la manipulación de un gran número de expedientes de contratación en el Instituto Armado, entre ellos de suministros de prendas y artículos de uniformidad como la ropa y las botas reglamentarias.

En esa supuesta actividad delictiva, desarrollada desde hace años, han participado tanto miembros del Cuerpo como particulares de las empresas contratistas. Entre los detenidos están dos directivos de estas empresas suministradoras, uno del Grupo Iturri y otro de El Corte Inglés fuentes de la investigación.

Los mandos de la Guardia Civil implicados, miembros de las mesas de licitación, habrían recibido importantes recompensas por esos amaños de contratos.

Durante todo el día de ayer se llevaron a cabo las siete detenciones y ocho entradas y registros, sobre todo en la Comunidad de Madrid. En el registro de la vivienda del coronel los agentes hallaron cerca de 30.000 euros en metálico.

Los investigadores imputan a los arrestados, en esta fase del procedimiento, los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a las Administraciones Públicas, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.

La operación Grapa arrancó en su origen de un caso anterior de estafa y apropiación indebida en el que fue detenido Luis Javier Soria, máximo responsable de «Spe Brokers Correduría de Seguros». Este individuo recibía las cuotas mensuales de los asegurados de la Policía con «Allianz», pero esta compañía no recibía finalmente ese dinero.

Al verse acorralado, Soria decidió tirar de la manta. Contó que determinados mandos con responsabilidad en la gestión de los contratos públicos de la Policía se habían estado enriqueciendo a cambio de favorecer a determinadas sociedades. El principal facultativo implicado, Juan Vicente Jiménez, habría recibido más de medio millón de euros en efectivo desde 2001. Estuvo preso hasta mediados de marzo. Asimismo reveló que a través de su empresa «Spe Brokers» había hecho pagos en efectivo y en especie a funcionarios de la DGT con puestos relevantes para que favorecieran a las aseguradoras que él representaba. Y aportó un «excel» con los pagos.

El denunciante, además, también implicó a dos de los subordinados de Juan Vicente Jiménez: Faustino Herráiz, jefe del Servicio de Contratación de Servicios, y a Fernando de la Peña, jefe del Servicio de Vestuario y Equipamiento. El máximo responsable elaboraba los pliegos que regulan las condiciones del contrato y solía formar parte de la mesa de contratación que resolvía los concursos.

Jiménez fue nombrado jefe de área de Apoyo Técnico a la Jefatura Central de Logística e Innovación y desde ese puesto continuó con sus actividades presuntamente irregulares, como un fraccionamiento del pago de unos módulos de aula para la Escuela de Ávila para una adjudicación directa. En la operación Grapa aparecen pagos en efectivo, obras en viviendas particulares de mandos policiales y regalos, como cajas de cigalas, restaurantes y hoteles de lujo o invitaciones a espectáculos prohibitivos.