Un juez de Barcelona ha multado con 1.200 euros a un internauta en la primera condena por amenazas al expresidente catalán Carles Puigdemont, a quien deseó en las redes sociales que ingresara en prisión para que le violaran y arremetió contra el independentismo en actitud bélica, montando a caballo.En su sentencia que recoge Efe, el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona condena al acusado, para quien la Fiscalía pidió su absolución, por un delito leve de amenazas a Puigdemont, al concluir que el expresidente catalán tiene razones para «sentirse intimidado» por sus mensajes, porque además tenía licencia de armas y apoyaba una «ilegítima confrontación» contra el independentismo.

El acusado, vecino de Badalona (Barcelona), es un empresario de la construcción que profesaba en las redes sus simpatías por Franco, la Legión y la Unidad de España, junto a un «agresivo menosprecio y rechazo violento» hacia el independentismo y sus dirigentes políticos, entre ellos Puigdemont, según la sentencia, la primera que condena un caso de amenazas al expresidente catalán.Puigdemont, representado por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, denunció al internauta por amenazas después de que se hiciera viral un vídeo que el acusado colgó en las redes sociales el 30 de marzo del 2018, en que, montado a caballo, arremetía contra los independentistas, insultaba al expresidente de la Generalitat y deseaba que ingresara en prisión para que le violaran.

«Estoy desando que la Guardia Civil lo meta en la jaula y lo transporten en una furgoneta durante 17 horas hasta el centro de Madrid. Y allí ojalá que los presos que hay le empiecen a dar por el culo y no paren, lo violen, y a ver si lo dejan embarazado, algún moro hijo de puta de esos que usted defiende. Buenos días españoles. Viva España y viva Franco», exclamaba el internauta.En el vídeo, el denunciado también deseaba a los líderes independentistas una «feliz estancia» en las cárceles españolas.«Esperemos que estéis los mismos años que estuvo nuestro Teniente Coronel, Señor Tejero, que en ningún momento abandonó a sus guardias civiles en el Parlamento. No como usted, señor Puigdemont, que es una rata, maricona, hija de puta, de cloaca, que se ha fugado, ha dejado a sus hombres aquí abandonados. Usted es un mierda», insistía.

Según la sentencia, Puigdemont «tiene razones para sentirse intimidado» por los mensajes del condenado, «dado el riesgo objetivo que suponen las expresiones publicadas e imágenes difundidas».Y todo ello, avalado según el juez por el «hecho contrastado» de que el denunciado tiene licencia de armas, asume discursos políticos «radicales» y «se esmera por transmitir imágenes y expresiones animando a la violencia como forma de apoyo a una ilegítima confrontación, que no lícita oposición política».La sentencia advierte de que existen más destinatarios de los «exabruptos» del denunciado, pero no por ello «deja de dirigir sus mensajes de hostigamiento e intimidación» a Puigdemont, «incitando a la violencia contra él».

Para el juez, en este caso concurre un delito de amenazas leves porque en su discurso «vejatorio y de humillación» contra el independentismo catalán el acusado avanza «un poco más en la genérica provocación y reto» para enviar «mensajes de intención intimidatoria y voluntad de amedrentamiento».Además, al mostrar armas y una actitud desafiante, crea el «riesgo objetivo» que supone el anuncio de males para los independentistas en general y para Puigdemont en particular, según la sentencia.A la hora de fijar la multa, el juez afirma que se desconoce la capacidad económica del denunciado, pero resalta que es un empresario administrador único en empresas del sector de la construcción, por lo que deduce que tiene ingresos económicos «medios», ante lo que le impone una multa de 1.200 euros.

En un mensaje en Twitter, en el que ha adjuntado la sentencia, Cuevillas ha destacado que se trata de la primera condena tras numerosas denuncias por amenazas a Puigdemont en las redes y denuncia el papel de Fiscalía, que solicitó la absolución del acusado.«Imaginad que las injurias y amenazas no fuesen contra Puigdemont sino contra cualquier político defensor de la unidad de España. ¿Habría pedido la absolución la Fiscalía? ¿Habría sido igual de blanda la sentencia?», se queja Cuevillas.