La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este lunes que en algunas comunidades se está presionando a los profesores para que aprueben el curso a los alumnos, por ejemplo, a través de aumentarles el papeleo que deben realizar en el caso de los suspensos.

Lo ha asegurado el presidente de Enseñanza de CSIF, Mario Gutiérrez, en una rueda de prensa telemática para presentar el “Plan de Reconstrucción para la Educación: refuerzo de plantillas e incremento de la inversión por alumno”.

Gutiérrez ha afirmado que su sindicato tiene “constancia” de las citadas presiones a través de los mensajes que les envían los docentes, algunos con 12 o 14 horas de trabajo burocrático para poder sacar adelante el papeleo que se les exige desde Inspección cuando suspenden materias a algún alumno. “Ese papeleo se acaba de un plumazo con el aprobado”, ha lamentado Gutiérrez.

Ha señalado a Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha entre las comunidades que podrían estar haciendo dicha presión sobre el profesorado al seguir la orden ministerial del pasado abril, que deja en manos de las comunidades autónomas los criterios de promoción de curso y titulación, ha recalcado.

CSIF ha respondido así al ser preguntado por la denuncia hecha a su vez este lunes por la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), que cree que el 53,4 % del alumnado ESO y el 36,5 % de Bachillerato será evaluado sin respetar la norma básica dictada por el Ministerio de Educación, sino con la autonómica correspondiente, lo que provoca desigualdad y un agravio comparativo.

Según CSIF, el tema de los aprobados de este curso afectará a la forma sobre cómo llega preparado el estudiante a la prueba de acceso a la Universidad (EBAU/EVAU), de la que ellos son partidarios desde hace años que se unifique para toda España. “Va a haber desigualdad hasta para llegar” a esas pruebas, es “algo aberrante”, ha enfatizado.

En su plan de reconstrucción educativa, CSIF exige 40.000 profesores más en los próximos cinco años y blindar un gasto mínimo por alumno de 5.800 euros al año (en la actualidad País Vasco dedica a cada estudiante más de 7.000 euros y Madrid 4.300 euros, ha detallado).

Sobre los 2.000 euros para educación anunciados ayer domingo por el Gobierno, Gutiérrez los ha definido como “un primer paso” que debería ir aumentando después en 3.000 o 3.500 euros cada año hasta llegar al 7 % del PIB. Renovar las instalaciones educativas y acabar con la brecha digital son otras peticiones de CSIF. “Creo que no estamos preparados para el próximo curso”, ha añadido Mario Gutiérrez, que cree que los planes, de momento, son “made in Spain”, es decir “ya veremos”.