Padre Custodio Ballester Bielsa*.- “El papa Francisco nos pide que atendemos a los enfermos y que no tengamos miedo de acercarnos a ellos. Es parte del ministerio de los sacerdotes estar cerca de la gente” (Cardenal Juan José Omella. Carta Pastoral. 14 de marzo de 2020)

Es evidente que estamos pésimamente gobernados. Es evidente que a nuestros políticos no les importan para nada nuestra libertad y nuestros derechos; eso en el supuesto de que no estén aprovechando la crisis del coronavirus para laminar nuestras libertades y nuestros derechos hasta donde ellos puedan y nosotros nos dejemos. Resulta que el 9 de mayo apareció una orden del Ministerio de Sanidad https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399, sí, del Ministerio de Sanidad, en cuyo artículo 9 se toman decisiones sobre el culto, vulnerando descaradamente la libertad de culto de los católicos, violando por tanto la libertad religiosa que reconoce la Constitución.

No se trata de un tema eclesiástico, sino de una cuestión de derechos fundamentales que el gobierno se permite vulnerar impunemente aprovechándose del estado de alarma. Y son muchos los católicos de a pie que han puesto el grito en el cielo: no están dispuestos a tolerar que el gobierno les diga si pueden ir a misa, cuándo y cómo, ni si pueden hacer procesiones en el exterior o si pueden cantar en el coro. Acabo de recibir una alerta pidiendo firmas para protestar de tamaño atropello. Se atreve a indicar la orden del Ministerio de Sanidad que se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones. O sea, que las misas han de ser lo más cortas posible y otras lindezas por el estilo.

El confinamiento a que ha dado lugar el estado de alarma, ha sido la espléndida ocasión para emprender el recorte de nuestras libertades (y de nuestra economía: fundamento de nuestra libertad), con una más que sospechosa incidencia en nuestra libertad religiosa.

La sociedad ha empezado ya a manifestar su hartazgo de tanta incongruencia, de tanta desproporción entre los fines y los medios. Y sobre todo, sobre todo, de la enorme desproporción entre las actuaciones que corresponden al Gobierno (proveer a la sociedad de medios de defensa y de medios de diagnóstico), y los que carga sobre la población: confinamiento total y renuncia al trabajo (por no contar con esa protección ni con esos diagnósticos); exposición criminal de los sanitarios a la enfermedad y a la muerte (por no contar con esa protección y con esos diagnósticos); dilatar el confinamiento durante meses (por haber dilapidado el dinero destinado a protección y diagnósticos). Y por si esto fuera poco, rematar la faena con una persecución feroz contra todos los que se han saltado el confinamiento tal como lo han entendido ellos, con una desproporción inenarrable entre los fines y los medios.

Así hemos visto por la televisión, publicado a bombo y platillo, presumiendo de eficacia y autoridad, cómo perseguían las fuerzas del orden a ciudadanos totalmente solos y en despoblado, con un alarde de coches, helicópteros y drones, con gran despliegue de cámaras para perpetuo recuerdo de esa desvergüenza del gobierno y vergüenza de las fuerzas de seguridad, supuestamente para proteger la salud de ese pobre diablo y del que estuviese a kilómetros de distancia de él, e imponiéndole para ejemplo y escarmiento de toda la población, unas multas exorbitadas que no se conocen en ningún otro país del mundo. Sí, claro, hemos de creernos que era por proteger la salud de ese hombrecillo. Algunos se lo creen: sobre todo, los delatores… los policías de balcón. Ese perverso virus que nos ha dejado la pandemia.

Y en el mismo orden de cosas, hemos visto cómo las fuerzas del orden entraban en los templos a interrumpir misas, o se presentaban en un terrado privado en que se celebraba una misa con una gran distancia de seguridad. En el primer caso, atentaban contra el derecho a la libertad de movimientos de todos los ciudadanos; y en ambos casos, atentaban contra la libertad religiosa.

Vemos en los medios que es cada vez mayor el número de personas que consideran que ya han aguantado bastante: que, llegados a esta situación, es irresponsable e insolidario seguir callando y obedeciendo absurdeces, seguir aceptando como inevitable la ruina de tantos compatriotas y hermanos nuestros, seguir sometiéndonos al programa totalitario del gobierno. Y por parte de los católicos, cada vez son más los que no están dispuestos a aguantar más intromisiones del Gobierno en la regulación del culto católico ni la grave violación de la libertad religiosa, limitando o prohibiendo a los católicos la asistencia a misa y los actos religiosos en el exterior. Pero no vayamos a pensarnos que esta vulneración de la libertad religiosa se produce sólo en España. También allende nuestras fronteras, está creciendo el grito de: Time to open the churches! He recibido, en efecto, una alerta con esa consigna; y otra más con esta otra: Let’s re-open the churches. Y una información de que Le Conseil d’Etat ordonne de lever l’interdiction de réunion dans les lieux de cultes. No estamos solos, desgraciadamente.

Y de igual modo que la falta de transparencia abre el camino a toda clase de sospechas respecto a la “administración” del confinamiento por parte del gobierno, ocurre que la falta de información enrarece el necesario clima de confianza entre los fieles y el clero, comprendiendo en él, claro está, a los responsables más inmediatos. Creo que nuestros obispos han actuado con total transparencia desde el primer momento. Podemos aducir cualquier cosa, pero no engaño. Han hecho una valoración de la situación y han adoptado las decisiones que les han parecido más correctas.

Es cierto que el cardenal Omella, en su carta pastoral del 14 de marzo del 2020, tomó la decisión de que mientras dure esta situación de grave crisis sanitaria actual, quedan suspendidas las celebraciones públicas de la Eucaristía.

Y añadió: “Sin embargo, sería deseable también que los templos estuvieran abiertos.” Y más adelante, en el punto 6 de esta carta pastoral, insiste: “Respetando siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias, tened abiertas las iglesias, donde sea posible, a fin de que las personas que lo deseen puedan ir a rezar”.

La carta pastoral fue completada con un “comunicado” del arzobispado, el que vemos en las puertas de las iglesias, fechado también el 14 de marzo de 2020. En el punto 2 se dice claramente que desde el día de hoy quedan suspendidas todas las celebraciones públicas de la Eucaristía con participación de fieles, también la dominical.

Obsérvese que en realidad esta carta pastoral fue anterior a la declaración del estado de alarma, que se decretó el mismo día 14 de marzo de 2020 (recordemos: 6 días después del fatídico 8 de marzo).

Obsérvese, asimismo, que el decreto del Gobierno se limitó a exigir medidas de seguridad y distanciamiento en las iglesias, sin decretar ni su cierre, ni la suspensión del culto público. De ahí que las actuaciones policiales entrando en las iglesias e impidiendo el culto, no estuviesen amparadas por este decreto, sino por el fuego amigo.

La verdad es que el estado de alarma ha pasado de los 15 días para los que se pensó, y amenaza con eternizarse. Para un cristiano consecuente, 15 días sin misa son muchos; pero quien más quien menos, estuvo dispuesto a asumirlo ante la auténtica catástrofe sanitaria multiplicada por el 8-M en Madrid y una semana antes en Perpiñán, con una trágica repercusión en toda España. Pero es que llevamos ya 2 meses en esa situación, y no se le ve el final: porque las medidas de distanciamiento (fundadas en la ignorancia, por la incuria en los test) tienen guasa… Y claro, dos meses sin eucaristía, para luego ir a misa como zombis y rapidito, tampoco es como para animar a nadie.

Tras la carta pastoral de nuestro obispo, en la que explica claramente su solicitud pastoral por los más vulnerables (la media de edad de los fieles, es muy alta), apareció el decreto del Gobierno (del mismo día 14), en que ni se cerraban iglesias, ni se prohibía el culto público. El poder legislativo estuvo exquisitamente correcto, pero el ejecutivo de extralimitó de forma ostentosa y ofensiva.

Entretanto, se informó de que la Conferencia Episcopal estaba en comunicación constante con el gobierno, con la voluntad de que la Iglesia no constituyese un obstáculo en la gestión gubernamental de la pandemia.

No sabemos si como resultado de esas gestiones de la Conferencia Episcopal o porque se endureció la actitud del gobierno, el caso es que la Iglesia ha quedado malparada en los sucesivos decretos de desconfinamiento, pues se produce en ellos una intolerable intromisión del gobierno en la normativa de culto, que pertenece exclusivamente a la Iglesia, se prohíbe el culto fuera del templo, y se insta a abreviar todo lo posible las ceremonias litúrgicas. Intolerable y humillante. Parece que, en mi humilde opinión, o los representantes de la Iglesia flaquearon en la defensa de la libertad religiosa; o más probablemente, el ejecutivo los trató con el mismo desprecio con que trata a los demás líderes de los partidos políticos.

El hecho cierto es que ahora la Iglesia, habiendo tragado todos los abusos del gobierno, y coartada en su libertad religiosa (de la que forma parte también la libertad religiosa de los fieles), al menos aparentemente, parece sometida a la arbitrariedad del poder político y a rebufo de lo que a éste le apetezca mandar.

Efectivamente, a remolque de las disposiciones del Gobierno, que “reabren” las iglesias que no se atrevieron a cerrar en el decreto del 14 de marzo, la Archidiócesis de Barcelona ha promulgado y enviado el DECRETO 09/20 “para el retorno progresivo al culto público”. Y supongo que, otro tanto habrán hecho las demás diócesis, puesto que se dicta siguiendo las disposiciones propuestas por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, en las que se recoge lo dispuesto por el Gobierno, con algunas ampliaciones.

Se entiende, por ello, la principal preocupación de don Juan José Omella por los fieles más ancianos, como acto de caridad hacia todos los hermanos, especialmente los más vulnerables; pero el caso es que, si bien son los jóvenes la inmensa mayoría de los que reclaman su derecho a asistir a misa, no faltan ancianos de esos más vulnerables entre los reivindicadores más exigentes de ese derecho. Y argumentan que, como ocurre con el Gobierno, son ellos los que tienen la potestad de administrar sus derechos como mejor lo crean; que es una tremenda falta de respeto decidir por ellos, tratándolos como si fuesen menores de edad.

Y encima con el resabio que les ha quedado de la tragedia de los ancianos muertos a miles en sus casas y en las residencias, sin ningún tipo de asistencia. ¿Reclamar el derecho a decidir por ellos para llevarlos de ese modo al matadero? No, gracias. Curiosamente los ancianos son los que con mayor vehemencia (aunque en menor número) se quejan de que se les haya privado de su derecho de asistir a misa. Y son los más sagaces en las soluciones: si tanto se temían las aglomeraciones -dicen- (¡con las iglesias vacías antes y mucho más ahora!), podían haber distribuido a los fieles por días de la semana, de modo que al menos les quedaría el consuelo de la misa semanal, si por exceso de cupo no pudieran asistir a la misa dominical.

Y es que, si los hijos de una misma familia son todos de la misma carne y sangre, de nuestra carne y sangre quiso participar Jesucristo, para destruir mediante su muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que, por miedo a la muerte, pasábamos la vida como esclavos (Hebreos 2, 14). Llama la atención con qué facilidad nos uncimos de nuevo al yugo de la esclavitud nosotros, que somos libres… y todo por miedo a una muerte de la que Cristo nos libró.

*Sacerdote