En la imagen: agentes de la policía registran el lugar del atentado de Amán en Streatham High Road, al sur de Londres, el 3 de febrero de 2020.

Por Judith Bergman*.- El 3 de febrero, Sudesh Amán, que acababa de ser excarcelado en Inglaterra tras cumplir la mitad de su condena, apuñaló a dos personas en Streatham, al sur de Londres, antes de morir abatido por disparos de la policía en el lugar de los hechos. Después, el ISIS se atribuyó la responsabilidad del atentado.

El atentado volvió a plantear la cuestión de cómo debería Europa lidiar con el terrorismo yihadista.

Tras el ataque terrorista de Amán, el Gobierno anunció que se introduciría una serie de leyes de urgencia para poner fin a la excarcelación anticipada de los presos por delitos de terrorismo. Sólo se podría considerar la excarcelación de los presos por terrorismo una vez que hayan cumplido dos tercios de su sentencia y con la aprobación de la Junta de Libertad Condicional. El secretario de Justicia, Robert Buckland, dijo que el último atentado de Amán probaba la necesidad de la “acción inmediata”.

“No puede darse la situación, como vimos trágicamente en el caso de ayer, en que el delincuente —un riesgo conocido para miembros inocentes de la población— sea excarcelado mediante un proceso legal automático sin ninguna supervisión de la Junta de Libertad Condicional”, dijo.

Queda por ver si excarcelar a un terrorista tras haber cumplido dos tercios de su condena, en vez de la mitad, servirá para algo. “Habrá personas para quienes su ideología está a prueba de balas, y es imposible que podamos entrar ahí”, dijo el exalcaide Ian Acheson. “Si hay personas absolutamente determinadas a no aceptar ninguna intervención que cambie esa mentalidad tóxica, sí, deberían estar en la cárcel y, si es necesario, de forma indefinida”.

El atentado del 3 de febrero sigue al ataque terrorista de noviembre de 2019 en el Puente de Londres, en el que Usmán Jan, terrorista condenado, que también había sido excarcelado con libertad condicional a mitad de su condena, asesinó a dos personas e hirió a varias más.

El atentado había llevado al ministro de Justicia de Reino Unido a poner en marcha una “revisión urgente” sobre las condiciones de la libertad condicional para 74 personas encarceladas por delitos de terrorismo, pero liberadas de forma anticipada. En 2012, Usmán Jan fue sentenciado a una condena especial conocida como “Encarcelamiento por Protección Pública” (IPP, por sus siglas en inglés), lo que significaba que tendría que cumplir al menos 8 años y que no sería excarcelado a menos que hubiese convencido a la Junta de Libertad Condicional de que había dejado de ser una amenaza. Pero, en 2013, el Tribunal de Apelaciones sustituyó la sentencia por otra fija de 16 años, de la que Jan debería haber cumplido la mitad en la cárcel.

Lo preocupante es que se necesitara un atentado mortal para que las autoridades de Reino Unido pusieran en marcha una revisión de los terroristas condenados en libertad condicional; no es la primera vez que terroristas condenados en libertad condicional deciden perpetrar nuevos actos terroristas. Da la casualidad de que uno de los socios del terrorista Usmán Jan, encarcelado con él y junto a otros siete hombres en 2012 por conspirar para volar por los aires la Bolsa de Londres, era Mohibur Rahmán, excarcelado con libertad condicional en 2016, después de que su abogado alegara que se estaba sometiendo a un proceso de “desrradicalización” en la cárcel. Sin embargo, Rahmán fue encarcelado otra vez en agosto de 2017 por tramar un “atentado con un gran número de muertos” contra un objetivo de la policía o el ejército, junto a otros dos hombres. Ahora está cumpliendo cadena perpetua con un mínimo de 20 años de cárcel.

Reino Unido ha tenido 15 años —desde el primer incidente a gran escala de terrorismo yihadista en su territorio en julio de 2005— para pensar a fondo sobre como lidiar con los problemas relacionados con los yihadistas, que nunca dejan de crecer. Entre ellos, el de cómo tratarlos bajo la ley, las sentencias y la radicalización que está teniendo lugar en las cárceles, así como problemas potenciales relacionados con la reincidencia tras la excarcelación.

Que un yihadista condenado en libertad condicional, y que ha sido sometido a un programa de “desrradicalización”, pueda cometer un nuevo ataque terrorista no debería, quizá, ser del todo sorprendente.

Nunca se ha evaluado a fondo si los programas de desrradicalización implementados —como el Programa de Intervención de Identidad Saludable, en fase de pruebas desde 2010 y hoy el principal plan de rehabilitación para presos condenados por delitos relacionados con el extremismo, y también el Programa de Desistimiento y Desconexión, en el que participó Usmán Jan— están produciendo los resultados deseados, según un reciente reportaje de la BBC.

Lo que el Gobierno ha evaluado es que la radicalización islamista plantea un importante problema en las cárceles de Reino Unido. En agosto de 2016, el Gobierno publicó un resumen de una desafortunada revisión, aunque clasificada, del extremismo islamista en las cárceles británicas. Según el resumen, “la revisión halló pruebas de que el EI [extremismo islámico] es un problema creciente dentro de las cárceles”. La revisión reveló:

“… la amenaza del EI se puede manifestar en la cárcel de varias formas, entre ellas: la cultura de bandas musulmanas y la violencia consiguiente, el tráfico de drogas y la delincuencia inspirada o dirigida por estas bandas (…) delincuentes que expresan su apoyo al Daesh y las amenazas contra el personal y otros presos, presos extremistas con carisma que actuan como autodenominados “emires” y ejercen una influencia controladora y radicalizadora sobre el conjunto de la población reclusa musulmana, el fomento agresivo de las conversiones al islam (…) libros y materiales didácticos que promueven la literatura extremista disponibles en las bibliotecas de las capellanías o en poder de presos concretos (…) explotación del miedo del personal a ser tachado de racista”.

Según las filtraciones de la revisión clasificada, en las estanterías de las cárceles británicas se podía acceder libremente a literatura de odio islámico, como panfletos misóginos y homófobos y tratados de odio que avalan el asesinato de los apóstatas. La literatura de odio era distribuida a los reclusos por los capellanes musulmanes, nombrados por el ministro de Justicia. La revisión filtrada también reveló que los capellanes de algunas cárceles animaron a los presos a recaudar dinero para organizaciones benéficas islámicas vinculadas al terrorismo internacional. Ian Acheson, exalcaide, que dirigió la revisión, dijo en su momento que había descubierto que el personal de la prisión carecía de la formación para ejercer la confrontación y la disuasión frente a la ideología islamista extremista, y “a menudo temían que los acusaran de racismo, si lo hacían”.

Chris Phillips, exjefe de la Oficina Nacional de Seguridad Antiterrorista de Reino Unido, advirtió recientemente: “Estamos jugando a la ruleta rusa con la vida de las personas, permitiendo que delincuentes yihadistas condenados, conocidos y radicalizados caminen por nuestras calles”. Ya en 2015, Phillips había advertido de que la escasez de personal en las cárceles estaba dificultando la lucha contra la radicalización islámica: los extremistas no eran vigilados adecuadamente, lo que les permitía reclutar a otros.

La excarcelación de Anyem Chudary —conocido como el “más notorio clérigo del odio” de Reino Unido— en octubre de 2018, a mitad de su condena de cinco años y medio, es otro ejemplo de dicha “ruleta rusa”. Chudary fue enviado a prisión en 2016 por alentar el apoyo al ISIS. Se cree que ha inspirado a “una generación de terroristas” con sus prédicas. Entre ellos, Usmán Jan, Michael Adebolajo —uno de los dos asesinos que mataron a machetazos al soldado Lee Rigby en Woolwich, al sur de Londres, en 2013— y Juram But, el líder de la banda terrorista del Puente de Londres que asesinaron a ocho personas e hirieron a otras 48 en un atentado en junio de 2017. Anyem Chudary se encuentra entre los 74 yihadistas excarcelados cuya libertad condicional está en proceso de “revisión urgente”.

Sin embargo, los problemas que plantean los casos de Sudesh Amán y Usmán Jan no son ni mucho menos exclusivamente británicos. Son un problema europeo. Según la CNN:

“En septiembre, el think tank Globsec analizó en detalle los casos de más de 300 yihadistas europeos implicados en actos terroristas en un solo año, 2015. Algunos habían muerto, pero 199 habían sido condenados por diversos delitos terroristas. Kacper Rekawek, uno de los autores del informe, declaró a la CNN que, de esa cifra, 45 debían ser excarcelados para finales de 2019, y otros 113 para finales de 2023.”

Especialmente preocupante fue la conclusión de Globsec de que “las filas yihadistas incluyen veteranos curtidos que ya han pasado por más de una condena por terrorismo y tienen la intención de repetir sus actos”.

No es sólo Reino Unido el que necesita leyes de urgencia respecto a los yihadistas presos y excarcelados. Es la mayor parte de Europa.

*Gatestone Institute