La exministra Dolores Delgado, hoy fiscal general, cede la cartera de Justicia a Juan Carlos Campo

Ruedas de prensa con preguntas censuradas, nulo control parlamentario, extralimitación de la suspensión de derechos durante el estado de alarma, paralización del Portal de Transparencia y la irrupción de una pregunta capciosa en el CIS eran ya de por sí un coctel explosivo contra el derecho a la información y la libertad de expresión. Pero los partidos que sustentan el Gobierno de la Nación han dado ahora un salto cualitativo al judicializar su campaña para silenciar a la oposición y todo lo que no sea lo que Tezanos llama «fuente oficial de información».

Y lo están haciendo con una enorme receptividad por parte de la Fiscalía General del Estado, al frente de la que está desde enero la exministra de Justicia Dolores Delgado y quien concurrió en las listas del PSOE en las pasadas elecciones. Pese a estar toda la actividad judicial suspendida, salvo los servicios esenciales, y la mayor parte de los fiscales teletrabajando en sus casas –por la crisis del coronavirus–, el Ministerio Público se está empleando a fondo en las inquietudes del Ejecutivo respecto a los bulos. PSOE y Podemos han optado por acudir a denunciarlos al Ministerio Público en vez de a los juzgados quizá al entender, según fuentes jurídicas, que es más fácil que los Tribunales atiendan su solicitud si sus pretensiones son recogidas desde el inicio por la Fiscalía y es este órgano el que las judicializa.

«Organización criminal»

Prácticamente en paralelo a que trascendiera esta misma semana que la fiscal delegada de sala de criminalidad informática, Elvira Tejada, había abierto diligencias, a instancia de Unidas Podemos, para investigar la posible existencia de una «organización criminal» para injuriar al Gobierno, el PSOE anunciaba su denuncia contra Vox por varios tuits que este partido publicó en su cuenta el 18 de enero y los días 2,6 y 7 de abril. Perfectamente orquestados, mientras Podemos arremetía contra fotografías e informaciones «manipuladas y no ajustadas a la realidad para imputar falsamente al Gobierno de la Nación actuaciones irregulares», los socialistas aludían a una reiterada incitación al odio por parte de la formación de Abascal.

Vox lesiona, argumentan en su escrito, tanto el honor del PSOE como el del Ejecutivo mediante la imputación, «con absoluto conocimiento de su falsedad», de la comisión de delitos. Y menciona también la posible comisión de la conducta que tipifica el artículo 504.1 del Código Penal: injurias, calumnias y amenazas graves al Gobierno.

Se da la circunstancia de que el propio Grupo Socialista apoyó una proposición de ley (20 de marzo de 2018) de sus hoy socios de gobierno –para la protección de la libertad de expresión– en la que abogaba por la supresión de ese tipo penal. La iniciativa señalaba lo siguiente: «Apenas se ha aplicado, pues lógicamente las instituciones en un sistema democrático tienen que estar expuestas a la crítica de la ciudadanía, aunque es preciso conjurar el riesgo de que se active su aplicación». Era lo coherente en un partido que siempre ha enarbolado la bandera de la libertad de expresión y cuyos socios de gobierno vuelven a la carga ahora, en pleno estado de alarma, con la supresión de injurias a la Corona. Una vez en el Gobierno, parece que las cosas han cambiado.

Anunciada ya la interposición de la denuncia del PSOE contra Vox ante la Fiscalía General del Estado y la apertura de diligencias en lo que respecta a la Podemos, ayer trascendía un informe de la Secretaría Técnica del Ministerio Público en el que curiosamente se abordaba el asunto del las «fake news» y bulos durante la pandemia. En este escrito, difundido solo «a modo informativo» –y no de instrucción, según reconocían fuentes de la propia Fiscalía–, el órgano asesor de Delgado advierte de que las noticias falsas pueden incurrir hasta en una decena de tipos penales. «Las «fake news» o noticias falsas inundan actualmente las páginas de Internet y las redes sociales, pudiendo llegar a generar confusión e incluso alterar la percepción de la realidad de los ciudadanos», comienza el escrito. Toda una declaración de intenciones. de intenciones.