El arzobispo de Granada, antes del desalojo

Efrén Díaz Casal.- Señores prelados: Mi condición de español y cristiano me obliga muy a mi pesar a dirigirles estas líneas una vez más desde mi respeto al prójimo no correspondido, sin omitir la verdad y con la sola intención de defender la fe y la ley.

Escribo estas líneas el Domingo de Pascua de Resurrección, día de alegría para los cristianos por la conmemoración de la resurrección de Cristo, lo han convertido ustedes en día de lamento por la interrupción policial del Oficio de Viernes Santo en la catedral de Granada y el desalojo de los fieles participantes bajo amenaza de detención, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, según informan los medios de comunicación.

Convendrán conmigo que la actuación de monseñor Francisco Javier Martínez Hernández, arzobispo de Granada, no se distancia de la del resto de la prelatura, incluido él mismo, en la tramitación de actos religiosos en la vía pública solicitando autorización al respectivo ayuntamiento con la consiguiente vulneración de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, que dispone que “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa (delegados o subdelegados del Gobierno) correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas”.

Desde hace 3 años estoy reiterando a ustedes, hasta ahora en vano, que deben tramitar los actos religiosos en la vía pública de acuerdo con lo establecido por la precitada Ley Orgánica 9/1983, recibiendo respuestas como la del arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Barrio, quien a través de su canciller secretario, don Elisardo Temperán, me comunicó que el prelado no respondía a mi requerimiento al respecto porque ya se me había respondido con el silencio del resto de la prelatura, o la del arzobispo de Oviedo quien a través de su secretario, don Manuel Alonso, me comunicó que siempre habían “solicitado autorización al ayuntamiento” y que, como no habían tenido nunca ningún problema, se disponían a continuar en la misma línea.

No menos digno de mención resulta el dudoso ejemplo de monseñor Pérez González, arzobispo de Pamplona, y el de monseñor Escribano Subías, obispo de Calahorra y la Calzada-Logroño, que hace varios meses me aseguraron su intervención a fin de que la Iglesia española acatase la Ley Orgánica 9/1983 en la tramitación de actos religiosos en la vía pública, gestión que, o han realizado sin resultado satisfactorio, o no han cumplido faltando a su palabra: en cualquier caso, la buena crianza exige dar una respuesta en un plazo prudencial que ha expirado con creces.

No es posible silenciar que no se me alcanza ninguna razón, ni ustedes la han manifestado quizás porque no existe o porque resulta inconfesable para comprender su ejecutoria: todo ciudadano honrado y civilizado cuya sensatez le impida situarse por encima de la ley, la acata, y si no está de acuerdo con ella solicita su modificación o su derogación a las instancias pertinentes.

Parece que el trato que la autoridad gubernativa ha dispensado a uno de ustedes, obligándole con el uso de la fuerza a respetar la ley, es el único idioma que demuestran entender y que invita a dispensarles el mismo tratamiento a fin de que obtener la misma respuesta que monseñor Francisco Javier Martínez Hernández, arzobispo de Granada.

Las anteriores conductas, que solo les desprestigian a ustedes, resultan tan impropias de su condición eclesiástica como alejadas de la cordura, educación y civismo, induciendo a todo menos a la fe, además de revelar una notable ignorancia o amnesia de nuestra reciente historia de la década de los 30 del pasado siglo, con la diferencia de, por merecimientos propios, sumar los adictos de hoy a los adversarios de ayer anclados en su lema “la religión es el opio del pueblo”.

Sinceramente, su lamentable y contumaz ejecutoria transgresora de la ley no tiene cabida, no ya en la Iglesia sino en una sociedad civilizada y respetuosa con la ley y el orden, por lo que sugiero a ustedes que rectifiquen a la mayor brevedad posible so pena de quedarse solos en esa extraña iglesia, que los cristianos no acertamos a identificar con la de Cristo, a la que añoramos y respetamos.

Desde la fe en Cristo,

*Coronel de Infantería (R)