Están en las calles, en primera línea. Luchando cara a cara contra esta dura enfermedad, pero para el Ejecutivo de Pedro Sánchez no son personal de alto riesgo en esta crisis. Considerados hasta hace poco como “un gasto superfluo”, en palabras del propio presidente del Gobierno, los militares, policías nacionales, autonómicos y locales, así como guardias civiles de este país exigen una rectificación.

Las organizaciones AUME, SUP, CC OO y AUGC, representativas de estos colectivos, han enviado una carta conjunta a Sánchez para exigir que”se pongan en marcha de forma inmediata medidas de protección eficaces en materia de seguridad y salud” para todos ellos, ya que ejercen un servicio público esencial, según consta en la declaración del estado de alarma. Pero su derecho a recibir esta protección no se respeta. Los equipos de protección individual necesarios para cumplir con su trabajo diario y sus funciones no llegan.

Los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están especialmente expuestos al contagio del virus por su contacto directo con la ciudadanía. De hecho, ya hay más de 9.000 agentes que se encuentran afectados o aislados. Sin contar con aquellos de las Fuerzas Armadas, del que por el momento no tienen datos.

Las organizaciones advierten de que si no se adopta una solución con carácter inmediato, la cifra de contagios y aislamientos entre los agentes aumentará y “podría ponerse en serios apuros la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas”. Por todo ello, demandan, que se les dote de equipos de protección, que se les provea de test rápidos de detección del Covid-19 y, finalmente, que se organicen sus servicios de modo que puedan preservar su salud y la de sus familias y resto de ciudadanos.

(La Razón)