La caída de la actividad obliga a las empresas a echar el cierre y despedir a sus empleados

El impacto que puede causar en el tejido empresarial español el coronavirus, que ya ha dejado más de 9.400 contagios y 336 muertos, resulta incalculable e impredecible. “Evidentemente va a ser grande”, auguraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras declarar este sábado el estado de alarma en España, una medida excepcional que no solo obliga a los 46 millones de españoles a permanecer en sus domicilios salvo causas de fuerza mayor, sino que también ha delimitado la actividad del comercio minorista exclusivamente a la venta de artículos de primera necesidad.

La medida amenaza la supervivencia del 99,8 % del tejido empresarial español -las pequeñas y medianas empresas (pymes)-, bien porque se han visto obligadas a echar el cierre o porque la naturaleza de su actividad les impide implantar el teletrabajo.

En total, 2,8 millones de empresas de 0 a 249 empleados, que dan trabajo a más de 10,5 millones de personas y hasta un total 3,28 millones de trabajadores por cuenta ajena podrían verse afectadas por los efectos de la pandemia.

“La prioridad absoluta es salvaguardar al máximo el empleo y evitar la destrucción de empresas, puesto que esto también acarrearía posteriormente una destrucción de empleo”, asegura a RTVE el secretario general de CC.OO., Unai Sordo.

De todos los sectores, la hostelería es uno de los más afectados. El cierre de los 315.000 establecimientos con los que cuenta nuestro país pone en riesgo un 6,2 % del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y 1,7 millones de empleos.

Y es que según la patronal Pimec, una de cada tres pymes ya están sufriendo los efectos de la crisis del coronavirus. La organización estima que la reducción de ingresos podría alcanzar los 10.000 millones de euros, un desplome que ni si quiera se puede compensar a través del comercio online, ya que las plantillas de las plataformas logísticas, al no ser este un servicio urgente, también se encuentran en mínimos.

Es por ello que algunas empresas ya se están planteando tomar medidas más drásticas: “Hemos ido al banco a pedir dinero y vamos a hacer un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)”, asegura a RTVE el gerente de Deportes Moya, Gerardo Moya, quien lamenta las consecuencias que esta decisión puede suponer a sus empleados: “De aquí comen 30 familias, con niños e hipotecas”, afirma.

En la misma tesitura se encuentra Susana Rodríguez, una de las socias del centro de fisioterapia Sanepilates, que también ha visto reducida su clientela en un 80 % en los últimos días: “Tengo la responsabilidad en mis manos de cuatro familias, además de la mía”, explica.

Este mismo lunes, el principal franquiciador en España de Burger King ha anunciado que cesa totalmente su actividad en el país y que presentará un ERTE para toda su plantilla, formada por cerca de 14.000 personas.

Medidas fiscales y administrativas

Ante este contexto, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME reclaman al Gobierno “mecanismos útiles y rápidos” que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas y a los autónomos, para evitar su “quiebra inmediata” y para que puedan mantener la actividad protegiendo el empleo.

Así, consideran que se precisan “medidas urgentes” en materia laboral, especialmente la simplificación y agilización de los procedimientos en los ERTEs con efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su presentación.

Asimismo, ante la falta de liquidez derivada del parón de actividad, los empresarios piden que se suspenda el pago de las cotizaciones por parte de la empresa, y que, del lado de trabajador, se contemple el acceso al paro sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo.

Las patronales también apuntan a los aplazamientos y fraccionamientos de pago de manera automática y sin intereses por un plazo suficiente para todos los pagos de impuestos que afronten las empresas que hayan sufrido de “forma significativa” una caída en sus ingresos o un incremento de los gastos a causa del impacto del virus.

En este punto señalan, además, la “especialmente difícil situación de los autónomos”, que “requiere también una suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario.