El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno en funciones de Sánchez que active la ley de Seguridad Nacional si vuelve a producirse un nuevo corte de una infraestructura en Cataluña, un nuevo acto de presión sobre una institucuión o si hay «una inacción de los Mossos, por culpa de sus mandos». Casado ha calificado de absolutamente inaceptables las declaraciones del presidente de la Generalitat, al alentar a la insurrección.

El presidente del PP ha calificado de «absolutamente inadmisible» lo que se vio ayer en las calles de Cataluña. «No puede ser que la propia Generalitat estuviese alentando a la algarada, a la insurrección y a la desobediencia. Por eso, tenemos que apoyar y alabar la actuación de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero queremos avisar a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en funciones que su obligación es garantizar el orden público y las libertades de todos ciudadanos de Cataluña».

«Ante cualquier nuevo corte de infraestructuras, ante cualquier intento de presión sobre cualquier institución pública, el Gobierno debe activar la ley de Seguridad Nacional para impedir que el Cuerpo de los Mossos pueda estar sujeto a alguna directriz política que no sea adecuada por parte de la Consejería de Interior o el presidente de la Generalitat, que ya ha dicho que respeta el comportamiento absolutamente reprobable de algunas personas que tomaron ayer las calles en Cataluña».

Casado ha advertido de que «en cuanto haya una inacción de los Mossos, por culpa de sus mandos, el Gobierno debe aplicar la ley de Seguridad Nacional».

Casado se ha desplazado hoy a Ávila, para participar en los actos de celebración de la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Incluso en la misa de Santa Teresa, según ha dicho, se ha hecho referencia a la situación en España.

El líder del PP ha comentado que con la sentencia del «procés» se demuestra que las instituciones funcionan y el Estado de Derecho se impone frente a aquellos que quieren quebrar la convivencia».

Pero dicho eso, ha subrayado que es necesario que los legisladores den a los jueces herramientas «para poder luego dictar sentencias que se adapten más a la gravedad de lo que ha sucedido y a las nuevas realidad delictivas que hay en España».

«Por eso es compatible decir que respetamos la sentencia y alabamos el trabajo que han hecho los jueces, pero vemos ciertas carencias en el ordenamiento jurídico después de que el Partido Socialista en los años 90 suprimiera alguna calificación penal que hoy hubiera sido de gran utilidad a la hora de calificar los hechos delictivos de los políticos independentistas en Cataluña».

Decepción en el PP

Casado ha reconocido así la decepción que cunde en el PP por el contenido de la sentencia. De hecho, ha sido la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien lo ha dicho con más claridad, en la Cope, al asegurar que «comparte» la posición de la Fiscalía pero admite su «decepción con algunos aspectos de la sentencia», que descarta la rebelión.

Además, Álvarez de Toledo ha puesto en duda que este fuera el mejor momento para publicar la sentencia: «Tengo dudas sobre la idoneidad de haber publicado esta sentencia en plena campaña electoral. No creo que haya sido la mejor idea. Se podía haber postergado la publicación de esta sentencia un mes sin ningún problema».

Desde Ávila, Casado ha asegurado que en cuanto el PP llegue al Gobierno va a recuperar el delito de rebelión impropia, «que hubiera permitido que los españoles se sintieran más identificados con esta sentencia y que los jueces del Supremo hubieran podido dictar una sentencia de acuerdo con el alegato de la Fiscalía y con el escrito inicial de la Abogacía del estado, antes de que lo cambiaran una vez que Pedro Sánchez estuviera en el Gobierno».

Casado ha exigido al Gobierno que vele por el cumplimiento efectivo de las penas: «Tiene que velar por el cumplimiento efectivo de las penas impuestas por el Tribunal Supremo. A pesar de que la transferencia de las administraciones penitenciarias se otorgaron a la Generalitat en 1983, es el Ministerio del Interior el que tiene que velar para que el cumplimiento sea efectivo y no haya discrecionalidad a la hora de otorgar el tercer grado».

El presidente del PP ha dejado claro que su partido va a estar «muy vigilante». «El Gobierno tiene nuestro apoyo para hacer cumplir la ley y garantizar el orden público, y si no es capaz de hacerlo tiene que aplicar la legislación en vigor», ha insistido.

A partir de ahí, ha pedido coherencia a Pedro Sánchez para afrontar el desafío de los independentistas: «Si quiere tener alguna credibilidad con España, lo que tiene que hacer es romper hoy mismo todos los acuerdos que tiene con ERC y Junts per Cat. Ya está tardando en romper los 40 acuerdos de gobiernos municipales y en la Diptuación de Barcelona con estos partidos, a los que por cierto les debe el Gobierno.
Si no lo hace no tendrá la credibilidad ni la fiabilidad para afrontar el desafío independentista».