Francisco Cuenca durante la toma de posesión del collar y el bastón del Ayuntamiento.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado continuar por el trámite del procedimiento abreviado la causa contra varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos Francisco Cuenca, exalcalde socialista de Granada, por supuestos delitos relacionados con los cursos de Formación Ocupacional de 2010 a 2012.

En un auto del 2 de octubre, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana procesa a 19 investigados, entre ellos ex delegados provinciales y exjefes de servicio de la Consejería de Economía e Innovación por usurpación de funciones públicas, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado, la Fiscalía y la acusación popular ejercida por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) tienen diez días para solicitar la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

El instructor relata que de las diligencias practicadas se deduce que desde distintos organismos dependientes de la Dirección General de Economía Social se contrataron “servicios para realizar labores de seguimiento, control e inspección” de los cursos de formación ocupacional (FPO) en Economía Social organizados por dicha entidad durante 2010, 2011 y 2012.

“Los correspondientes responsables de la Junta (…) se habrían valido de distintos contratistas, personas físicas y jurídicas, para llevar a cabo tareas” cuya ejecución está “reservada a los funcionarios públicos”, una “atribución ilegítima de funciones públicas” que se completó con “la entrega de documentación administrativa” a cada contratista.

Estos documentos “cuentan con membrete o encabezamiento oficial” de la Junta y del Fondo Social Europeo y aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica oficial “Por la Administración (El Inspector)”, con lo que ellos mismos “materializaban el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios ni ser inspectores oficiales de la Administración autonómica”, señala el instructor.

En cuanto a Francisco Cuenca, que entonces era delegado de la Consejería de Economía e Innovación en Granada , “habría efectuado la ilícita contratación de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los cursos” durante los ejercicios 2010 y 2011.

La adjudicación directa de los servicios se efectuó a través de dos instrumentos calificados como “Memoria Justificativa”, articulados como un contrato menor de servicios, en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados. “Ambos se concertaron de manera fraccionada y consecutiva”, en concreto por el importe de 12.412 euros el contrato correspondiente a 2010 y por 12.000 euros el de 2011.