Soldados del Ejercito rojo fusilan el Cristo del Cerro de los Ángeles

Alberto González Fernández de Valderrama*.- El Tribunal Supremo, por unanimidad de los seis magistrados que integran la sala sentenciadora, ha decidido dar carta blanca a la profanación de la tumba de Franco acordada por esta Convención Nacional en la que se ha convertido nuestro Congreso de los Diputados, con la abstención cómplice de dos partidos que, debiendo defender la legalidad constitucional y las buenas costumbres, esconden su cabeza para no perderla como si temieran la suerte de Danton, que la perdió en aquellos días en los que la Revolución francesa profanaba legalmente los templos para escarnecer ante el populacho la memoria de sus reyes. Pero el furor jacobino que antaño cortaba cabezas y las colgaba de una pica hoy solo trunca carreras políticas. Y los representantes de estos dos partidos aún tienen una larga vida por delante para soñar con las dulzuras del poder, siquiera sea compartiéndolo en comandita, y saben que la mejor manera de congraciarse con las masas manipuladas y adormecidas que se lo pueden otorgar es exhibirles el diploma de la corrección política que la izquierda ha conseguido hacer obligatorio para el acceso a todo cargo público.

El primer mandamiento de esta nueva doctrina ya lo conocemos: consiste en ser cobarde y no atreverse a llamar a las cosas por su nombre. Cuando se les pregunta a Pablo Casado y a Alberto Rivera su opinión sobre el desenterramiento forzoso y secuestro de un cadáver del lugar privado donde descansa motivado por el odio a su persona, no se atreven a decir que se trata de un ultraje, de una profanación innoble que mancha de oprobio perpetuo las manos de quienes la ordenan. Simplemente se limitan a exponer criterios de mera oportunidad, tales como: “yo no gastaría dinero en esa operación porque tengo problemas más importantes de los que ocuparme” o “a los españoles no nos importa nada Franco, que murió hace muchos años”. Y si llegase la oportunidad de obstaculizar esa decisión del Gobierno preferirían presentar una oposición de perfil bajo y dejarle hacer lo que quisiera antes de que la acusación de “fascistas” les hiciera perder votos al ser propagada por los medios de comunicación que la izquierda domina, que son casi todos.

Pero ya sabemos que estos dos partidos, PP y Ciudadanos, son conocidos con el apelativo de “derechita cobarde” y especialmente el primero de ellos, ya que el segundo –igual de cobarde- puede ser “derechita” o “izquierdita” según sople más o menos fuerte la tramontana, ese viento que se origina en suelo francés y que transporta consigo –como en la famosa canción de Bob Dylan- la respuesta a muchas preguntas que previamente le han sido formuladas desde Madrid. Quién las contesta no es un misterio: se llama Macron; lo difícil es saber quién se las dicta a Macron, porque las recetas empleadas en las cocinas de las logias francesas las elabora un tal Monsieur Bafomet, del que sabemos muy poco ya que no le gusta comparecer abiertamente ante las cámaras de televisión.

Si al menos la sentencia del Supremo se hubiera aprobado por mayoría simple nos podría quedar la impresión de que han considerado la cuestión como jurídicamente compleja y que ha necesitado de serios debates de alto calado intelectual hasta que los magistrados se han decantado en un sentido determinado que casualmente ha contentado al Gobierno como podría haberle desencantado. Pero esa unanimidad huele demasiado al perfume rancio de la adulación. Y no porque esa homogeneidad de criterios entre todos los jueces de un órgano colegiado sea algo muy raro en el mundo jurídico sino porque en este caso concreto cualquier jurista modesto sabe que una ley que autorice a un Gobierno a exhumar un cadáver del interior de un templo de propiedad privada de la Iglesia Católica y a confiscarlo de hecho para volverlo a enterrar donde a su presidente le plazca, sin el permiso de la Iglesia y contra la voluntad de su familia, no puede tener encaje en un Estado de Derecho como el español: constituye una degradación de la democracia en toda regla y consagra el derecho de un Gobierno a disponer de las tumbas de sus enemigos políticos en base a un título legitimador que solo puede llamarse “odio ideológico”, sentando un gravísimo precedente.

Hoy le toca el turno al General Franco pero mañana le puede tocar a cualquier otro político, militar, rey o presidente cuya vida y obra no sea del gusto del gobernante socialista o comunista de turno. Solo es cuestión de esperar para ver cómo crece esa semilla de rencor que Zapatero introdujo en la mente de muchos españoles y que Sánchez riega para que produzca frutos abundantes.

Desgraciadamente, la historia se volverá a repetir. Veremos algún día a estos resentidos que vieron frustrados sus deseos de eliminar de España todo rastro de religión católica durante la guerra dinamitar la Cruz del Valle de los Caídos para convertir ese lugar sagrado en un museo que exalte las miserias de aquella República comunista; y los veremos fusilar otra vez al Cristo del Cerro de los Ángeles, y también desenterrar a los reyes del Panteón del Monasterio de El Escorial para arrojarlos al contenedor amarillo.

Han levantado la veda y otra vez el odio entre españoles volverá a escribir las páginas de nuestra historia. Porque la izquierda no aprende nunca de su propia vergüenza y tropieza una y otra vez en la misma piedra.

*Abogado