Los diputados nacionales de Vox, Ignacio Gil Lázaro (izquierda) y Javier Ortega-Smith, en la apertura de las Cortes valencianas.

Vox quiere atar corto a sus futuros concejales en materia de urbanismo. Ningún edil del partido liderado por Abascal podrá adoptar decisión alguna sobre planeamiento, reclasificación o recalificación urbanística o suscribir ningún tipo de contrato o convenio, “de los que se desprenda que el resultado puede ser la alteración de parámetros del régimen urbanístico vigente”, sin la aprobación “del órgano central correspondiente del partido”; de la ejecutiva nacional o provincial de Vox.

Todos los candidatos de Vox a las elecciones municipales del próximo día 26 están obligados a suscribir un denominado “compromiso anticorrupción urbanística”. El documento incluye algunos apartados destinados a evitar el enriquecimiento personal o el tráfico de influencias de los futuros concejales, como la obligación de abstenerse en todas las votaciones o resoluciones “de cuyo contenido se desprenda la existencia de un interés personal”; bien porque afecte a intereses de sociedades en las que participe, a personas con las que tenga litigios pendientes, a su cónyuge, a parientes de hasta cuarto grado o a socios; a sus clientes o empleadores.

Pero el compromiso va más allá de estas causas de inhibición, en su mayor parte ya recogidas por la ley, al trasladar a los comités del partido, que no han sido elegidos por los ciudadanos, competencias que corresponden a los ayuntamientos.

En la práctica, los ediles de Vox no podrán adoptar casi ninguna decisión en materia de urbanismo “sin que, con carácter previo, se haya procedido a dictaminarse favorablemente dicha actuación por parte del órgano central correspondiente del partido”. Cuando se quiera adoptar una decisión que “incremente de algún modo la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo”, el edil deberá comunicar al partido la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos durante los cinco años anteriores, así como indicar “cualquier tipo de relación personal o comercial [que tenga] con los mismos”.

Vox ha hecho gala de una fuerte desconfianza hacia sus propios candidatos, a los que ha exigido la presentación de un certificado de antecedentes penales. El partido verde ha tenido problemas para completar sus listas y solo se presenta en 772 de los 8.116 municipios que hay en España, menos del 10%. Tras haber eliminado en su última reforma de estatutos las elecciones primarias para elegir a los candidatos, la dirección que encabeza Santiago Abascal ha controlado férreamente las listas y muchos de sus dirigentes son a la vez candidatos a distintas instituciones.

La existencia de este documento interno fue desvelada ayer por Manifiesto por España, un grupo de exdirigentes de Vox que acusan a Abascal de haber convertido el partido en un “chiringuito para su mayor gloria y sustento” y que pide “unificar el voto” del centro-derecha en el PP de Pablo Casado. Los promotores de este manifiesto, que empezó con nueve firmantes (incluido el exvicepresidente de Vox Juan Jara), aseguran contar ya con cientos de adhesiones.