Gonzalo Bareño.- La burla del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, a la orden de la Junta Electoral Central para que retirara los lazos amarillos y las banderas esteladas de cualquier edificio público dependiente del Gobierno catalán es la constatación de que Cataluña lleva años convertida en un territorio sin ley, en el que sus gobernantes pisotean las normas que obligan a los poderes públicos del resto de autonomías. Cuando es el propio Gobierno catalán el que incumple las órdenes de la Justicia, lo que resulta admirable es que los catalanes no independentistas, que son mayoría, sigan cumpliendo escrupulosamente con la ley, abonando sus impuestos o pagando sus multas de tráfico.

Ciudadanos, cuyos derechos son conculcados permanentemente desde el poder, y que sufren cada día el insulto y la manipulación sectaria desde los medios de comunicación públicos catalanes que pagan de su bolsillo, tienen que ver además como en los edificios públicos se exhiben símbolos no ya partidistas, sino que niegan que España sea una democracia y denigran el Estado de derecho afirmando que existen «presos políticos». Esos símbolos, por tanto, no tendrían que ser retirados solo durante la campaña, como exigió la Junta Electoral y recomienda ahora tramposamente el Defensor de Pueblo de Cataluña, sino que no deberían ser exhibidos en edificios que representan a todos los catalanes ni un solo día del año. Esa, y no otra, es la cuestión fundamental. Los independentistas parecen tener en Cataluña carta blanca para pasarse las leyes por el forro. Y los únicos obligados a cumplirlas son los no separatistas. Resulta encomiable, y no ha sido suficientemente reconocido, el civismo de quienes, a pesar de constatar cada jornada el desprecio absoluto a la ley por parte de los poderes públicos, siguen cumpliendo religiosamente con sus obligaciones y deberes. Mal pueden exigir el cumplimiento de la ley aquellos que la incumplen sistemáticamente y desobedecen además a la Justicia.

Algo que en el caso de Barcelona se ve a agravado por la gestión de la alcaldesa Ada Colau, que ya dejó claro su concepto de democracia: «Desobedeceremos todas las leyes que nos parezcan injustas», dijo. Que Torra se haya pitorreado de las exigencias de la Junta Electoral es una muestra más del desprecio al Estado de derecho. Que esa burla antidemocrática se haya producido sin que un juez actuara a instancias de la fiscalía para que el Gobierno catalán acatara la ley, y que se permita la farsa de que Torra diga que solo retirará los lazos amarillos por recomendación del Síndic de Gregues, que no tiene la más mínima competencia en este asunto, es la demostración de que la democracia está pervertida en Cataluña. La «neutralidad ideológica» en los edificios públicos no solo debe preservarse durante el período electoral, como dice el fullero informe del Defensor catalán para salvarle la cara y el pellejo a Torra, sino todos los días. Y eso significa que las elecciones están viciadas en esa comunidad, porque unos partidos ponen las instituciones a su servicio mientras los demás están obligados a cumplir la ley.