Los 221 diputados que dejarán de serlo a partir de las 0.00 de este martes, cuando se disuelva el Congreso, podrán cobrar una indemnización de transición en un pago único correspondiente a 52 días de su sueldo, según ha acordado este lunes la Mesa del Congreso en su última reunión.

Se trata, en concreto, de los 221 parlamentarios que no forman parte de la Diputación Permanente, el único órgano de la Cámara que seguirá existiendo a hasta la constitución del nuevo Congreso que surja de las elecciones del 28 de abril.

Este ‘finiquito’, que los potenciales beneficiarios han de solicitar expresamente es incompatible con cualquier otro ingreso, se abona en un solo pago y tributa a Hacienda, según han informado fuentes parlamentarias.

Corresponde a la retribución que cobrarían sus señorías de seguir en activo durante los 52 días que median entre la disolución y el día de reflexión, es decir, incluye la denominada retribución constitucional (2.972,94 euros), la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (917,03 euros para los de Madrid y 1.191,20 para el resto), y también los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso.

Una vez se publique este martes el decreto de disolución del Congreso sólo mantendrán la condición de diputados los 129 que integran la Diputación Permanente, ya sea como miembros titulares o como suplentes.

Después pueden cobrar el ‘paro’

Estos últimos continuarán siendo diputados hasta que se constituye el nuevo Congreso, lo que tendrá que suceder en los 25 días posteriores a la votación. Es decir, como muy tarde el 23 de mayo, aunque la fecha exacta se conocerá cuando se haga público el decreto de disolución.

Celebradas las elecciones, los diputados que no repitan escaño y que no perciban ningún otro sueldo público podrán pedir una indemnización por cese, siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años.

Ese ‘paro’ será el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 2.972,94 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.