Un alto cargo de Oriol Junqueras, el director de Patrimonio de la Generalitat, Francesc Sutrias, mantuvo un encuentro con los dueños de Unipost para abordar la destrucción de pruebas y cómo debían responder ellos y los trabajadores a la Guardia Civil, que había intervenido en las naves de la empresa la correspondencia relacionada con el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.

Así consta en uno de los últimos informes, al que ha tenido acceso Europa Press, entregados por el Instituto Armado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la creación de estructuras de Estado y la participación de segundos y terceros escalones de la Generalitat en la convocatoria del referéndum ilegal.

Entre la documentación que encontró la Guardia Civil a Francesc Sutrias, durante los registros del 20 de septiembre de 2017 con el despliegue de la “operación Anubis”, estaba un esquema que, según los investigadores respondía a una reunión mantenida por éste con los dueños de Unipost.

Cuando se encontró este documento en la casa de Sutrias, el 20 de septiembre, hacía un día que la Guardia Civil había entrado en las naves de Unipost, en la de Mare de Deu del Angels (Tarrasa), y en Manresa y había incautado cerca de 45.000 sobres preparados para ser enviados a las personas que debían formar parte de las mesas electorales del 1-O.

Según la Guardia Civil, el citado papel que se incautó al entonces director de Patrimonio de la Generalitat evidenciaba que éste había mantenido un encuentro, después de esa intervención policial, con el director general de la empresa de mensajería, Pablo Raventós, y con el ahora empresario y exdiputado de ERC Xavier Vendréll.

El objeto del encuentro, según los investigadores, sería valorar cómo actuar en caso de que se produjera un requerimiento de las autoridades. Todo ello quedó plasmado en un esquema manuscrito con dos columnas. En la segunda de ellas aparece escrito en mayúsculas “Urgente borrar cámara” últimos 10 días.

Según los investigadores, en esa reunión de Sutrias con Raventós y Vendrell valoraron la “destrucción de pruebas” como eran las grabaciones de seguridad de las cámaras.

Además, en el esquema se exponía cómo debía responder el responsable de la empresa y también los trabajadores ante un posible requerimiento o interrogatorio de la Guardia Civil. Así, en la primera columna figuraba al inicio el apellido “Raventós” y planteaba las opciones de declarar o de no hacerlo. Incluyendo la declaración de que la empresa estaba en situación concursal y alegando: “trabajo es trabajo y tengo contacto con Generalitat de Cataluña y pedidos que me hacen (cuantos más mejor).

Sobre los encargos, apuntaban dos puntos. En el a se decía: “Verán: 5 departamentos, 5 SG, 1 desobediencia, 1 prevaricación, 1 malversación en grado de tentativa”. En el apartado b se especifica que “pueden pedir correos”.

En base a esta anotación, la Guardia Civil concluye que Sutrias era “perfectamente consciente de que se descubriría que había 5 departamentos de la Generalitat involucrados con sus cinco secretarías generales y valoraba que podrían imputarse por estos hechos los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación en grado de tentativa”.

De hecho, las facturas de Unipost, que entre todas ellas suman casi 1 millón de euros, es una de las pruebas que se están valorando en el juicio del procés en el Tribunal Supremo contra 12 exresponsables de la Generalitat, encabezados por Oriol Junqueras. En otro de los informes de la Guardia Civil se expone que una de esas cinco facturas se intentó cobrar en dos ocasiones y que los propietarios de Unipost no lo lograron.

En esa primera columna del documento incautado a Sutrias también se habla de la “ejecución” del encargo, y se especulaba con la posibilidad de que preguntaran a Raventós: quién se lo llevó, dónde lo fue a buscar, si alguien vio lo que cargaba.

En la segunda columna figura al inicio el epígrafe “trabajadores” y ahí se formulan supuestas preguntas como “quién lo habló” si “algún trabajador lo fue a buscar, “si recibieron instrucciones internas y cuáles” y “si era urgente, cómo sabía que lo era”.

En esa misma columna aparece anotado también y en mayúsculas: “Urgente borrar cámara. Últimos 10 días”. Seguido: Previas 118/2017, 15 personas. Atención Guardia Civil.

Precisamente, el mismo día que la Guardia Civil encontró este documento en casa de Francesc Sutrias, también intervino entre 9 y 10 millones de papeletas para votar ‘Sí/No’ en el referéndum del 1-O en una nave de Bigues i Riells (Barcelona), propiedad del empresario Pau Furriol, así como toda la documentación relativa a la votación, como actas de constitución de mesas, de recuentos y de incidencias, entre otros.