El portal Moncloa.com ha desvelado este jueves un informa, denominado «Stage», que la oficina del excomisario José Villarejo realizó en 2004 a petición del Atlético de Madrid.

Dicho informe contiene cuantiosa información sobre los socios opositores a la cúpula del club, encabezada ya por entonces por Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo. Esos socios «molestos» para los dirigentes rojiblancos se habían agrupado en torno a la plataforma Alternativa Atlética, opuestos a la operación urbanística que debía acabar con la venta del Vicente Calderón y el traslado del equipo a un nuevo estadio.

«Lejos de encontrar colaboración por parte de todos los abonados (principales beneficiados con dichas mejoras), se ha detectado que determinadas personas, que se arrogan la representatividad de parte de los mismos, vienen organizando por tal motivo, una intensa campaña para boicotear sistemáticamente dichas negociaciones, con el fin de intentar paralizar las mismas», señala el informe en su introducción.

En las 23 páginas presentadas a José Camarero, jefe de seguridad del Atlético, se recaba información sobre los miembros de la plataforma, que se presentaron en sociedad en mayo de 2003 en una rueda de prensa celebrada en el hotel Rafael Pirámides.

El informe ofrece información, entre otros de Alfonso Camba Barbolla, presidente de Alternativa Atlética, José Luis Sánchez Ayuso, dirigente de Señales de humo, o Antonio Miguel Carmona, hoy concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid y que acudió a la presentación como asesor económico y financiero. De este último, el informe señala que busca conocer «en la medida de lo posible todos los movimientos de acoso y derribo de la familia dueña del estadio por ser enemigos furibundos del PSOE», en referencia a los Gil.

El objetivo último de la investigación era «salvaguardar» los intereses del club y detectar cuáles eran las actividades «obstruccionistas» que llevaban a cabo los socios contrarios a la mudanza del Calderón.

Villarejo propuso dos fases de actuación en el informe, centradas en «sabotear» las relaciones entre los movimientos y organizaciones contrarios a los dueños del club y «sembrar desconfianza» entre ellos con el uso de «desinformación». El operativo incluía «vigilancias, seguimientos, filmaciones y controles electrónicos si fuera necesario».

Se desconoce si el Atlético aceptó los honorarios pedidos por Villarejo para llevar a cabo ese plan: 340.500 euros. Sí se da por hecho, en cambio, que el club rojiblanco pagó los 15.500 euros que se exigieron por el informe Stage desvelado este jueves.