¿Existía en el seno del Gobierno andaluz una fuente inagotable de dinero que se pudo usar de forma fraudulentamente discrecional? Ésa es la pregunta que se esconde detrás de una causa que investiga un juzgado sevillano que pretende averiguar si un ente de la Junta, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), llamado luego agencia IDEA, recibió dinero de todas las consejerías hasta superar los 4.315 millones de euros en una década. O dicho de otro modo: ¿había un «multifondo de reptiles»? La jueza Pilar Ordóñez ha dado a la Consejería de Economía y Hacienda un «plazo máximo de 45 días» para emitir «certificación de todas las transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas acordadas y realizadas» por los distintos departamentos del Ejecutivo regional a IFA/IDEA. Y las quiere desglosadas por consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias, «con indicación del centro directivo al que corresponden, durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011, ambos inclusive, acompañado de los calendarios de pagos aprobados por la dirección general de Tesorería de cada una de ellas y los documentos acreditativos de las transferencias». Así se refleja en una providencia fechada el pasado 1 de octubre, en la que la magistrada designa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como «fuerza delegada para la investigación de los hechos».

Ordóñez ha fijado además otro plazo de un mes para que IDEA «elabore y remita» al órgano judicial «un cuadro resumen de los gastos propios o pagos por cuenta de terceros realizados con fondos provenientes» de nuevo de las mencionadas transferencias en el mismo periodo y de «todos los programas presupuestarios», a excepción «del 22E y 31L de la Consejería Empleo –éstos se analizan ya en el «macroproceso» de los ERE irregulares–».

La agencia de la Junta deberá sumar a la ola de peticiones «todos los expedientes de gastos/pagos tramitados y los acuerdos resoluciones» de sus órganos rectores –consejero rector, presidente, director general o secretario general– con los que les dieron luz verde y, si las hubiera, «las resoluciones y acuerdos de la consejería u órganos mixtos creados ‘ad hoc’ que los ordena y los acuerdos del Consejo de Gobierno que los ratifica, cuando fuese necesario, junto con los informes jurídicos y económicos emitidos al efecto».

El PP andaluz está personado en la causa y sus abogados, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, cifraron en uno de sus escritos, consultado también por este periódico, el importe de lo trasvasado entre 2001 y 2010 para financiar al IFA/IDEA en 4.315.409,093,53 euros, a partir de datos obtenidos de la Cuenta General de la comunidad ligada a cada uno de los ejercicios que tejieron esa etapa. Las cuantías superiores se desviaron en 2008 y 2009 y supusieron 649.579.479,14 y 606.427.565,66 euros, respectivamente. La menor se inyectó por contra en 2010, con 233.452.380,64 euros, lo que supone, de cualquier modo, una significativa cantidad de fondos públicos; como lo son la siguiente más pequeña, los 284.622.311,89 euros correspondientes al año 2004.

La jueza ha puesto el foco, de otro lado, en la plantilla de la caja pagadora. De hecho, ha fijado 45 días otra vez para que la agencia destinataria de sus demandas confeccione y le haga llegar un «organigrama de todo el personal adscrito a la Dirección de Finanzas», incluyendo al «de la unidad de control interno» en la docena de años diseccionados. Ha instado a que se le especifique en relación a ese apartado el puesto de trabajo que desempeñaban los miembros de la plantilla y las funciones que tenían atribuidas «de hecho o de derecho». Y no se ha quedado ahí. Ha reclamado «la relación de todo el personal de apoyo a la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA)», interno y externo, que haya estado «adscrito a la Intervención Delegada de Control Financiero Permanente», con la concreción de qué plaza ocupaba cada cual y las tareas a las que se dedicaban en ellas.

Por último, Ordóñez ha decidido que, por el momento, «no ha lugar» al auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), aunque deja la puerta abierta para recurrir a él, «una vez se reciba la documental» y a la luz de la misma se alumbren opciones.

El movimiento judicial llega a las puertas de la campaña electoral de las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre en las que la socialista Susana Díaz intentará que no la desbanquen del poder. Ya se preveía que los tribunales iban a irrumpir en la misma, dados los múltiples procesos judiciales que han mostrado la peor versión de los gobiernos andaluces implicados en ellos.