Javier Udaeta y Elena Valenciana, en una imagen de archivo

Javier Udaeta, marido de la eurodiputada socialista Elena Valenciana, está siendo investigado -antes imputado- en cuatro asuntos instruidos en dos juzgados y relacionados con el urbanismo de Alfaz del Pi, por haber avalado como arquitecto municipal decisiones del equipo de gobierno del alcalde y diputado autonómico Vicente Arques, del PSOE.

El pasado viernes, ha prestado declaración citado por la jueza en una de las tres piezas separadas a raíz de una denuncia de la portavoz del PP en este municipio alicantino, Maite Huerta, en concreto, la relacionada con unas obras presuntamente irregulares para un acceso y tienda de un museo situado en una zona de protección arqueológica. En este caso, se investigan los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio. El arquitecto ha asegurado a la jueza que todo está en orden y puede acreditarlo documentalmente.

La próxima citación para declarar en calidad de investigado para Udaeta está fijada el próximo 22 de octubre, por compensaciones urbanísticas en un proyecto inicialmente de construcción de un hotel que luego se cambió por viviendas protegidas, al estar planeado en la entrada al parque natural de la Serra Gelada y suscitar protestas. Finalmente, tras un segundo traslado desde la Urbanización Escandinavia nuevamente por la oposición vecinal, se concedieron al promotor unos aprovechamientos en edificación valorados en un millón de euros y 17.500 metros en suelo.

«Pelotazo»

El chalé construido en el parque natural de la Serra Gelada que se puso a la venta en Dubai

La Guardia Civil aprecia posibles irregularidades en las modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la denunciante habla de «auténtico pelotazo urbanístico». Se trata de dilucidar si hubo prevaricación administrativa.

De momento, el día 22 declaran el entonces arquitecto municipal (Udaeta), el secretario municipal José Rafael Frías y Francisco Germán Giner, que habían solicitado un aplazamiento por tener su abogado un juicio ese mismo, petición denegada por el juzgado.
Este es el caso con más investigados, pues aparte de los tres llamados a sede judicial dentro de tres semanas, la lupa está puesta en la junta de gobierno del Ayuntamiento alfacino al completo, con el alcalde al frente como presidente, así como Lourdes Barreiros, que también estaba convocada para el día 22.

Finalmente, de la denuncia inicial se ha derivado otro caso por presunto delito de falsedad documental en el registro de la finca del Amerador, donde se edificó en 1964 un chalé en una ubicación excepcional frente al mar, también en el parque natural de la Serra Gelada. Esta vivienda de lujo se llegó a ofertar en Dubai por 26,5 millones de euros pese a que está construida en suelo protegido.

En paralelo a estas tres investigaciones, hay otra por el denominado caso «campers», originado por unas licencias «provisionales para su instalación y la de campings en zonas no permitidas, rústicas o de interés agropecuario, lo que según la denuncia permitió «a los empresarios la explotación y construcción de costosas infraestructuras en zonas protegidas», según la concejal popular. En junio, el juez del caso desestimó la petición de sobreseímiento de una de las investigadas, Lourdes Caselles.

En su reciente declaración en sede judicial, Udaeta ha achacado este viernes esta investigación a la persecución por parte de la denunciante, la portavoz municipal popular, Maite Huerta, quien ha negado cualquier animadversión hacia el arquitecto. También ha asegurado que cuando acudió a los juzgados apuntó a posibles responsabilidades del alcalde y su equipo de gobierno, sin saber que después se iba a investigar también a este técnico municipal, junto con otros.