El presidente del PP, Pablo Casado, preside la reunión del comité de dirección de la formación.

El Partido Popular cree que Pedro Sánchez se ha comprometido con los independentistas catalanes a liberar a sus dirigentes encarcelados a cambio del apoyo de los 17 diputados que suman ERC y PDeCAT en el Congreso e intenta dejar evidencia en la propia Cámara de ese pacto. Además de las pistas que dan las declaraciones de Meritxell Batet, Josep Borrell, Carmen Calvo y Teresa Cunillera, está el hecho de que la comisión de Justicia de la Cámara Baja, que preside la socialista Isabel Rodríguez, tiene paralizada una proposición de ley sobre indultos con una enmienda incluida con el fin de vetar esa medida de gracia del Ejecutivo para los condenados por traición, rebelión o sedición. Son los delitos imputados a Oriol Junqueras y demás jefes secesionistas en prisión o huidos de la Justicia.

Las presiones de los miembros del Ejecutivo sobre los jueces para que dejen en libertad provisional a los independentistas presos antes del juicio culminaron el pasado fin de semana con las palabras de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, al enunciar el paso siguiente a la previsible condena: el indulto en cuanto lo pidan. La primera reacción de Pablo Casado fue anunciar una proposición de ley para frenar las medidas de gracia para los condenados por el intento de golpe de Estado del 1-O, pero resulta que el equipo anterior del Grupo Popular ya lo tenía previsto, presentado y a punto de ser aprobado.

Desde el 20 de febrero de este año, el PP tiene registrada en el Congreso una enmienda a una proposición de ley del PSOE [aquí en PDF] en la que se deja muy limitada la capacidad del Ejecutivo en materia de medidas de gracia. El objetivo entonces de los socialistas era acotar los indultos para casos de corrupción, pero los populares aprovecharon para repasar e incluir el resto de los delitos más graves fijados en el Código Penal, desde el terrorismo al tráfico de personas o la sedición.

Los socialistas, que tienen mayoría con la representante de ERC, Carolina Telechea, en la presidencia de la comisión de Justicia, demoran desde hace semanas en la Cámara el trámite (informe de la ponencia) para acometer una reforma legal que dejaría a Pedro Sánchez sin margen para indultar a los dirigentes independentistas si son condenados por el Tribunal Supremo. La presidenta de esa comisión, Isabel Rodríguez, fue quien estaba dispuesta a tramitar la enmienda de su partido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria dentro de las medidas del pacto de Estado sobre violencia de género, en concreto dentro de una norma para instruir a los jueces en la materia.

El Gobierno, la Fiscalía y la prisión provisional

Para dejar al menos en evidencia esas complicidades, el Grupo Popular volverá a la carga con una proposición de ley específica sobre límites a las medidas de gracia del Ejecutivo que impida los indultos en casos de rebelión y sedición. En caso de persistir el bloqueo en la comisión de Justicia, el PP se garantizaría un debate en pleno noviembre en que todos los grupos de la Cámara, además del socialista, se tendrán que mojar.

Si Sánchez quiere mantenar para el próximo año las facultades actuales de conceder indultos a los golpistas, tendrá que movilizar otra vez a todos sus aliados de la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy: Podemos, independentistas afectados, nacionalistas y Grupo Mixto, con Bildu incluido.